José González Méndez

En 1975, apenas dos décadas después de que comenzó a perfilarse el primer sistema de pensiones, México gozaba de otro bono demográfico. Entonces se pensaba que el creciente número de trabajadores cotizantes en el sistema de seguridad social financiaría el retiro de quienes llegaban a la edad de jubilación.

La fórmula funcionó bien durante años hasta que la tendencia demográfica hizo inviable ese sistema. La mayor esperanza de vida incrementó el periodo de disfrute de los jubilados, el control de la natalidad redujo el nivel de remplazo de trabajadores y el envejecimiento de la población generó presiones financieras en las instituciones de seguridad social, hoy endeudadas con un monto superior al valor de la riqueza generada por el país en un año.

En 1975 había 20 cotizantes para cada pensionado; hoy son 5.2. El periodo promedio de disfrute de una pensión ­es decir, el tiempo que transcurría entre el retiro y la muerte­ era entonces de 2.5 años; en la actualidad es de 19, mientras la edad de retiro hace tres décadas se ubicaba en 62 años y hoy es de 55.

El bono demográfico de los años 70 funcionó por un tiempo y luego se agotó; el bono actual ­un mayor número de trabajadores potenciales que alimenten los fondos de pensiones y permitan el retiro futuro­ representa una oportunidad para los sistemas de seguridad social, aunque sus bondades estadísticas no se expresan en la capacidad de generar el empleo necesario.

Deuda total de las pensiones

La deuda de los sistemas públicos de pensiones ­IMSS, ISSSTE, universidades, estados, banca de desarrollo y empresas paraestatales­ equivale a 116 por ciento del producto interno bruto (PIB). En valores actuales, la cifra representa 9.3 billones de pesos, tomando en cuenta que el PIB para 2005 se calcula en 8 billones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto Federal vigente.

En forma desagregada, la deuda del ISSSTE  equivale a 45 por ciento del PIB, IMSS 25 por ciento, los estados y municipios 25 por ciento, las entidades paraestatales como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad 7.7 por ciento, las universidades públicas 1.3 y la banca de desarrollo 0.3 por ciento.

Esas cifras ­señalan especialistas y legisladores consultados­ expresan las distintas metodologías que utilizan las entidades involucradas para medir esta deuda, por lo que el cálculo actuarial podría ser incluso mayor en 10 puntos porcentuales para llegar a 116 por ciento del PIB reportado por la Convención Nacional Hacendaria el año pasado.

Los casos ISSSTE

En 1990 el ISSSTE recibía del gobierno federal recursos equivalentes a 0.005 por ciento del PIB para encarar los compromisos de las pensiones; sin embargo, el año pasado la cifra creció a 0.03 por ciento.

Carlos Herrera, analista de finanzas públicas del Grupo Financiero BBVA-Bancomer, asegura que con estos recursos podría financiarse otro programa Oportunidades ­el proyecto estrella del gobierno foxista contra la pobreza­, que este año recibirá 33 mil millones de pesos.

Para reducir la transferencia de recursos, las autoridades federales buscan que el ISSSTE "migre" a un programa de cuentas individuales, como el IMSS en 1997 con sus afiliados del sector privado.

Con esta medida se garantizaría al trabajador un "bono de compensación" equivalente al monto de su jubilación al momento de la reforma, además de los ahorros que hiciera durante su vida laboral (60 por ciento de los trabajadores del instituto tiene una antigüedad promedio de 15 años), mientras a los empleados con pocos años de cotización se les ofrecería una "pensión mínima garantizada".

Para la Secretaría de Hacienda, ésta es la única solución al problema de las pensiones, pues incrementar cuotas a los trabajadores y reducirles beneficios "representa una solución temporal, que no restaría presión a las finanzas públicas en el largo plazo".

De acuerdo con la dependencia, para mantener el equilibrio del régimen en los próximos 75 años sería necesario incrementar la cuota del monto del salario base de cotización (SBC) de 9 a 44.5 por ciento; si se intentara una solución mediante la edad de jubilación, ésta tendría que aumentarse a 75 años, mientras una opción intermedia sería elevar la edad de retiro a 65 años y las cuotas a 27 por ciento del SBC.

Hasta ahora el sindicato del IMSS ha propuesto elevar sus cuotas de 3 a 10 por ciento, mientras que en el ISSSTE la dirigencia sindical explora la posibilidad de crear "una Afore con recursos públicos" a partir del ahorro de sus 2.5 millones de agremiados.

El caso del IMSS

Respecto al IMSS, la presión sobre las finanzas públicas no es menor. El costo de transición al régimen de Afore (pensiones en curso de pago) ha exigido recursos por 330 mil millones de pesos de 1997 a la fecha. Además, sigue pendiente el costo fiscal que tendrá la pensión mínima garantizada y se han destinado 60 mil millones de pesos en la denominada cuota social.

A esto habría que agregar la reciente promesa del presidente Vicente Fox, de incluir en el presupuesto 2006 una pensión a los ancianos. "¿Cuál sería el costo de esta medida?", se pregunta el investigador de la UNAM Antonio Minzoni. Tomando en cuenta que hay más de 8 millones de mexicanos mayores de 60 años, de los cuales 75 por ciento no goza de ninguna previsión social, el universo de beneficiarios sería de unos 6 millones.

Si a cada uno se entregaran 25 pesos diarios (poco más de dos dólares) se tendrían que invertir cada año 54 mil millones de pesos (sin contar efectos de la inflación). En cambio, si se tomara como base el salario mínimo del DF, el monto aumentaría a 102 mil millones. "¿De dónde saldrían esos recursos? La pregunta hasta el momento queda en el aire", insiste Minzoni.

El otro sistema

Para el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, la reforma a los sistemas públicos de pensiones es impostergable, pero rechaza que se aplique en el ISSSTE el sistema de cuentas individuales. El legislador perredista precisa que esta decisión debería considerar la reforma de otros regímenes de retiro con privilegios "insultantes".

Se refiere al sistema de pensiones de magistrados y ex presidentes. Con base en cifras del presupuesto actual, indica que este año cada uno de los 2.3 millones de jubilados del IMSS recibirá en promedio 22 mil pesos de pensión, mientras que los 533 mil del ISSSTE obtendrán 67 mil 600 por ese concepto.

En contraste, dice, los cuatro ex presidentes recibirán en conjunto 45 millones 811 mil pesos, mientras que 53 ministros del Poder Judicial y 28 viudas de ex integrantes de este órgano del Estado recibirán 133 millones 544 mil pesos en 2005.

Para Carlos Herrera, de BBVA Bancomer, no existe un "plazo fatal" para concretar esta reforma. Señala que los recursos del erario son suficientes para hacer frente al compromiso, sin embargo, dice, el riesgo es que el país deja de invertir en políticas sociales por atender los sistemas de pensiones §