"No afectará sustancialmente a nadie", opina el diputado perredista Pablo Franco
Promueve la STPS una reforma laboral mínima en lugar de la ley Abascal
Los cambios principales serían en materia de titularidad de contratos colectivos de trabajo
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) inició el cabildeo para cambiar la redacción a la iniciativa de ley laboral presentada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde (PVEM), conocida como ley Abascal, donde se descartan modificaciones al articulado de relaciones individuales de trabajo, y simplemente cambian los artículos referentes a las reglas para el recuento de votos para constituir una nueva organización sindical.
El documento que hizo circular la dependencia federal, que se encuentra en manos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) para su análisis, cambia radicalmente los criterios de la ley Abascal, y convierte la propuesta en una reforma laboral mínima. De aceptarse en consenso la propuesta de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, el pleno de la Cámara de Diputados "no tendría objeción en dejar transitar el dictamen, a pesar de que hay muchos cambios que quedarían pendientes", sostuvo el legislador perredista Pablo Franco, integrante de la Comisión de Trabajo del órgano camaral.
El texto establece que en el terreno de las relaciones de trabajo, contempladas en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39, no habrá modificación, y el contenido de la Ley Federal del Trabajo vigente se mantendría como hasta la fecha.
Uno de los cambios sustanciales del proyecto de la Secretaría del Trabajo se refiere a la sustitución del término patrón por empleador.
En el ámbito de la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, los artículos 893A y 893B se modificarían. En el primero se establece ahora que "la prueba idónea para decidir sobre la titularidad es el recuento de los trabajadores"; en el segundo, una vez resuelta en definitiva la titularidad, a favor del demandado, el actor no podrá solicitarla de nuevo "hasta transcurrido un año desde la fecha en que el laudo causare estado o que el actor se hubiera desistido".
La modificación sustancial en la reforma pretendida por las autoridades del trabajo se aplicaría al artículo 931, donde se propone que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje señalará lugar, día y hora en que deba efectuarse el recuento de los trabajadores para mantener el contrato colectivo de trabajo.
"El voto será secreto y únicamente tendrán derecho a ejercerlo los trabajadores de la empresa o establecimiento que concurran al recuento que se identifiquen con credencial de elector vigente o con documento idóneo. En caso de que el funcionario encargado de la diligencia tenga elementos suficientes para presumir que alguna de las identificaciones presentadas por los trabajadores sea apócrifa, no se les permitirá sufragar, asentando tal circunstancia en el acta correspondiente y dando cuenta de ello a la junta."
Al término de la votación se levantará un acta circunstanciada donde se asiente el número de votos y el resultado del recuento.
El cambio de postura de las autoridades laborales representó, para el diputado Pablo Franco, una "reforma mínima", que restará presión al gobierno de Vicente Fox, porque es cualquier cosa; "nos quieren hacer creer que sacarán ésta como una reforma estructural, pero no nos podemos oponer, porque no afectará sustancialmente a nadie, simplemente se ajustarán algunas actividades en el ámbito laboral. Por fortuna se dejará vigente la relación individual que norma la vida laboral".
Explicó que el documento comparativo entre la ley vigente, la iniciativa Abascal, y las nuevas sugerencias elaboradas desde el gobierno de Fox, "fueron entregadas por a la STPS a la UNT. Y observamos que es un mínimo avance, porque tan sólo el número de recuentos de votos realizado en 2004 apenas llegó a 15. Lo que nosotros impulsaremos próximamente será el fortalecimiento de la democracia sindical".