El gobierno de Chiapas no ha tomado medidas para garantizar su retorno: ONG
Desplazadas a Tabasco, 20 familias choles
Organismos de derechos humanos de Chiapas confirmaron que en los dos meses recientes se ha incrementado el desplazamiento forzado de indígenas choles, principalmente de la comunidad Andrés Quintana Roo, municipio de Sabanilla, por agresiones y amenazas de personas vinculadas con la organización Paz y Justicia
Denunciaron también que hasta el momento las autoridades policiacas del estado y el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía no han adoptado las medidas cautelares necesarias para garantizar la seguridad de los desplazados.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) ha documentado en este periodo el desplazamiento forzado de 117 personas de 20 familias (18 hombres, 19 mujeres y 80 menores) al estado de Tabasco, quienes no reciben la seguridad y atención humanitaria necesarias de las autoridades locales.
En un informe del CDHFBC -que preside el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas Samuel Ruiz García- y la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos se señala que el pasado 8 de junio se supo del primer desplazamiento en la comunidad Andrés Quintana Roo: una familia de 10 personas dejó su vivienda después de que fuera baleada por miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia.
El 9 de junio, siempre de acuerdo con la información de los organismos, se desplazó a otras 22 familias (unas 122 personas), quienes buscaron refugio en el monte; sin embargo, debido a las lluvias torrenciales tuvieron que regresar a la comunidad el 15 de junio.
"La intervención del comisionado para la reconciliación de comunidades en Chiapas, Juan González Esponda, no ha otorgado las garantías necesarias a la comunidad, lo que provocó que posteriormente, el 3 de julio, cinco familias fueran desplazadas nuevamente; éstas eran parte del grupo que se desplazó el 9 de junio y luego retornó", precisa el CDHFBC.
El Fray Bartolomé solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares en favor de seis familias desplazadas de la misma comunidad, por lo que el 15 de julio la Comisión Interamericana pidió información al go-bierno mexicano sobre el caso. El 17 de julio fueron desplazadas 10 familias más y el 2 de agosto otras cuatro.
El gobierno de Salazar Mendiguchía propuso a los desplazados que retornaran; sin embargo, el CDHFBC insiste en que no ha garantizado las medidas de seguridad ni la asistencia para el retorno.