Se torturó a 34 activistas en Cancún: perito de la CIDH
Existen "evidencias irrefutables" de que autoridades policiacas y de procuración de justicia de Quintana Roo "utilizan la tortura como acto común de represión", asegura el doctor Jorge de la Peña, catedrático de la UNAM y perito en sicología de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El especialista en asuntos relacionados con violaciones a las garantías individuales y asesor de diversas organizaciones no gubernamentales mexicanas, por su conocimiento del Protocolo de Estambul, expresa que la mayoría de las 34 personas golpeadas y detenidas en Cancún, el pasado 13 de junio, cuentan con pruebas para demostrar a cualquier autoridad investigadora que fueron víctimas de tortura.
Se refiere al caso de los integrantes de la Asociación Latinoamericana de Activistas Sociales que ese día realizaron una manifestación por diversas calles de Cancún para protestar contra el "acoso" de las autoridades estatales a miembros de la casa hogar La Casita; entre dichas autoridades se encuentra Leydi Campos Vera, ex directora general de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo.
En entrevista, el investigador asegura que conoce a detalle el asunto en el que el procurador estatal, Bello Melchor Ocampo, permitió tratos vejatorios y degradantes contra los activistas, entre ellos el pediatra César Mascareña, también catedrático de la UNAM.
De la Peña evaluó las afectaciones que policías estatales ocasionaron a los 34 inconformes, con el propósito de determinar el grado de lesión física o mental que sufrieron por los golpes y amenazas. "A varios les encontré rasgos de tortura, tanto física como sicológica; unos quedaron traumatizados emocionalmente y ya tienen su constancia médica para que presenten la denuncia", puntualiza.
El especialista agrega que organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro Fray Francisco de Vitoria "ya tienen conocimiento de los hechos y están analizando el caso".
Después de expresar su molestia porque en el país aún se aplique tortura en los sistemas de procuración de justicia, el catedrático manifiesta: "No hay duda de que los golpes que recibieron los activistas fueron actos vejatorios y degradantes; si se les practicara el Protocolo de Estambul (manual para determinar si hubo tortura) en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o en la Procuraduría General de la República, seguramente se reflejaría que recibieron lesiones y tratos inhumanos y degradantes".
De la Peña no descarta que el asunto llegue a instancias internacionales, como la CIDH, aunque precisa que las autoridades mexicanas -de procuración de justicia y defensa de los derechos- "deberían tomar cartas en el asunto antes e iniciar de oficio la indagatoria, porque no deben permitir que en los estados sigan aplicando métodos inhumanos para prevenir o castigar a las personas, ni seguir fabricando delitos para justificar actos represivos".
A su vez, el catedrático César Mascareña afirma que la marcha en la que participó el 13 de junio "era para detener el hostigamiento a La Casita, que se ha dedicado a proteger a los niños mayas o que han sido objeto de abuso físico y sexual, brindándoles protección y alimentación".
Alfredo Méndez Ortiz