Controversia constitucional del gobernador de Morelos

La SCJN definiría hoy sobre el caso presentado por Estrada Cajigal

JESUS ARANDA

Este jueves se prevé que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retome la discusión sobre la procedencia o no de la controversia constitucional interpuesta por el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, en contra del Congreso de esa entidad, el cual inició un juicio político en su contra.

En la sesión del pasado lunes, cinco ministros manifestaron su oposición a la petición del gobernador de extracción panista, por considerar que el juicio político en su contra concluirá hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Morelos determine si ha lugar a separar de su cargo al mandatario morelense por omisiones graves en su gestión.

Por su parte, cuatro de los integrantes del máximo tribunal se pronunciaron en favor del mandatario estatal por considerar que el juicio político se compone de dos fases, y que una vez que el Congreso decidió separarlo de su cargo y turnar su expediente al Poder Judicial local, Estrada Cajigal tenía derecho a impugnar presuntos vicios en el proceso parlamentario, porque de lo contrario quedaría en estado de indefensión.

Sin embargo, en esa sesión, el presidente de la Corte, Mariano Azuela, aún no había fijado su postura, y la ausencia de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos podría derivar en un empate en la votación.

Ante esa situación, y porque ya habían transcurrido las tres horas previstas para el debate, fue que se aplazó para este jueves, además, la ministra Luna Ramos ya estará presente en la sesión.

En caso de que Luna Ramos vote por la procedencia, el voto de Azuela sería definitorio para que Estrada Cajigal se mantenga en el cargo.

De acuerdo con funcionarios del área jurídica del estado de Morelos, en caso de que la Suprema Corte declare la improcedencia de la controversia constitucional, quedaría sin efecto la suspensión que le otorgó en su momento el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano al funcionario y sería removido de su cargo de inmediato, el caso pasaría al Supremo Tribunal de Justicia estatal para que ahí se determine si existen o no elementos para destituirlo en definitiva del cargo, amén de una inhabilitación para desempeñar puestos públicos.

La idea es que se lleve a cabo un juicio sumario que no pase de 15 días para que, en caso de perder, el aún gobernador recurra nuevamente ante el máximo tribunal, alegando violaciones procesales.

La única manera de que el pleno no revise este asunto el jueves, es que se prolongue más de la cuenta el análisis del amparo que interpuso la agrupación Ideas del Cambio, en el que ésta pretende que las agrupaciones políticas tengan el mismo trato que los partidos políticos en lo que se refiere a la posibilidad de impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad.