Debe existir responsabilidad compartida, responden la cancillería y Gobernación
Emergencia en Arizona por la ''criminalidad'' en la frontera
La decisión, por la incapacidad de Washington para resguardar la zona limítrofe: Napolitano
El ejemplo de Bill Richardson, gobernador de Nuevo México, quien la noche del pasado viernes declaró estado de emergencia en cuatro condados limítrofes con México, fue seguido por su homóloga de Arizona, Janet Napolitano, quien ayer decretó en esa misma condición a las comarcas de Yuma, Santa Cruz, Pima y Cochise, limítrofes con Sonora.
Napolitano explicó que su decisión obedece a la incapacidad del gobierno federal de Estados Unidos de resguardar la frontera, derivado de la ola de violencia que ocurre en el norte de México, y para combatir la ''devastación'' cada vez mayor causada por los crímenes asociados a la inmigración ilegal en esas cuatro regiones de Arizona.
Patricia Urías, portavoz del gobierno de Arizona, informó que la gobernadora Napolitano dispuso de 1.5 millones de dólares, procedentes del fondo de emergencia estatal, y que la medida es similar a la adoptada por el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, como consecuencia del clima de inseguridad que priva en el lado mexicano y que ha traspasado la frontera.
En entrevista telefónica desde la ciudad de Phoenix, la vocera explicó que la solicitud de recursos fue aprobada por el consejo de emergencia estatal y serán canalizados para luchar contra la actividad criminal que se produce a lo largo de la frontera con Sonora, vinculada al tráfico de personas y drogas.
Los recursos se usarán en pago de tiempo extra para los más de 3 mil oficiales fronterizos, así como a los gastos que implica la repatriación de indocumentados muertos y la construcción y reparación de la malla que divide ambos países.
''El gobierno federal de Estados Unidos no ha podido asegurar nuestra frontera, y la salud y la seguridad de todos los habitantes de Arizona se ve amenazada diariamente por las cuadrillas violentas, los coyotes -traficantes de indocumentados- y otros criminales peligrosos'', sostuvo Napolitano en un comunicado de prensa.
Los crímenes perpetrados en la frontera entre Sonora y Arizona, relacionados con la inmigración ilegal y bandas de narcotraficantes, han conducido a la gobernadora Napolitano a emitir la declaratoria de estado de emergencia, la cual permanecerá el tiempo que sea necesario, indicó Urías.
En el comunicado, la gobernadora Napolitano manifestó que cualquier persona que reside en la frontera puede atestiguar el hecho de que viven frente al grave problema social que representa la inseguridad. Por tanto, agregó, ''me prepongo tomar cada acción factible para prevenir el comportamiento criminal en Arizona''.
Por último reveló que su homólogo mexicano de Sonora, Eduardo Bours Castelo, también podría emitir en breve la declaratoria de estado de emergencia, luego de que del lado estadunidense se hizo lo propio a efecto de contrarrestar las repercusiones que ha generado la ola de violencia que se vive en la frontera norte de México.
El propio Bours Castelo reiteró que los estados de Sonora y Arizona comparten su preocupación por conseguir una mayor seguridad fronteriza, donde la búsqueda de mayores recursos ante los gobiernos federales de ambos países constituye un camino más viable en beneficio de ambas regiones.
Indicó que la víspera la gobernadora Janet Napolitano habló por teléfono con él para comentarle, de primera mano, que la declaración de alerta que daría a conocer a la opinión pública sería con la única finalidad de obtener recursos para condados de la vecina entidad.
''Esto no tiene por qué afectar, al contrario, nos va a beneficiar el hecho de que haya mayores recursos para combatir los problemas de inseguridad en la frontera, nos ayuda a ambos lados'', precisó el político priísta.
Indicó que este tipo de solicitudes que realiza Arizona ante su gobierno federal ya se han aplicado en Sonora, donde se ha logrado conseguir aproximadamente 90 millones de pesos para seguridad pública en la franja fronteriza.
Se debe recordar que el viernes pasado el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, anunció un estado de emergencia en los condados de Dona Ana, Luna, Grant e Hidalgo, limítrofes con Chihuahua, como medida para obtener recursos federales que le permitan hacer frente a la inseguridad y prevenir ''un potencial desastre'' en la región fronteriza con México.
Ese día dispuso de fondos por 750 mil dólares -y un millón adicional de las arcas estatales- para enfrentar la lucha contra el narcotráfico, la migración y reforzar la valla metálica, indicó el gobernador.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores rechazaron esa misma noche esas medidas y consideraron que las ''apreciaciones'' de Richardson resultan de ''generalizaciones que no corresponden'' con el espíritu de cooperación y entendimiento que requiere la atención de problemas de interés común en la frontera.
Urge un acuerdo migratorio: cónsul de México en Caléxico
De su lado, el cónsul de México en Caléxico, Pablo Jesús Arnaud, señaló que urge un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos para que disminuyan la violencia y los niveles de inseguridad en la frontera.
Lamentó los recientes hechos ocurridos en Arizona, donde unos migrantes mexicanos denunciaron que fueron baleados por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos cuando trataban de internarse a este territorio. ''Es otro de tantos incidentes contra migrantes, lo que demuestra la urgencia del entendimiento entre ambos países'', expresó.
El diplomático dijo que este acuerdo redundaría en la propia seguridad de Estados Unidos -que requiere de mano de obra-, porque los trabajadores podrían ser transportados desde sus lugares de origen a sus centros de trabajo y dotaría de seguridad jurídica y laboral a los migrantes.
Este acuerdo traería consigo la disminución de los índices delictivos, en particular el tráfico de menores, y se evitarían asentamientos irregulares en la frontera.
Arnaud señaló que por Valle Imperial, limítrofe con Mexicali, Baja California, ha ocurrido de enero a la fecha la muerte de 25 migrantes y la deportación de 810 menores de edad.
La medianoche del domingo, Juan Luna Velazco y Moisés Iñiguez resultaron heridos de bala durante cuando la camioneta en que viajaron de San Luis Río Colorado, Sonora, hacia Arizona, fue detectada y perseguida por agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon para evitar que el vehículo emprendiera la fuga. A pesar de las heridas, los migrantes lograron huir a la frontera mexicana y son atendidos en hospitales de San Luis Río Colorado.
Finalmente, organismos no gubernamentales de la frontera norte dieron a conocer que recurrirán incluso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para denunciar la agresión de que son objeto los connacionales.
JOSE ANTONIO ROMAN
La violencia y la criminalidad son fenómenos complejos que se generan en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, y deben atacarse bajo el principio de responsabilidad compartida. Así respondió el gobierno mexicano a la decisión de la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, de declarar ''zona de emergencia'' en cuatro condados de esa entidad, a fin de contener la inmigración indocumentada, el tráfico de personas y el flujo de drogas.
La posición del gobierno de México -suscrita por las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación- no hace ninguna mención acerca de los motivos expresados por el gobierno de Arizona para tomar dicha decisión, y se circunscribe a señalar que funcionarios de la cancillería entablaron las primeras conversaciones con la gobernadora Napolitano, tras las cuales acordaron ''promover las acciones pertinentes'' para la solución del problema, pero sin especificar cuáles son éstas.
En su escueta posición, que es casi idéntica a la expresada hace unos días como resultado de una decisión similar adoptada por el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, el gobierno mexicano se limitó a señalar su convicción de que sólo a través de la lucha frontal contra el crimen organizado se obtendrán, en el mediano y largo plazos, los resultados que exige la ciudadanía en ambos países.
Asimismo expresa que a través de los siete consulados mexicanos acreditados en esos estados, el gobierno de México se mantendrá atento a que cualquier acción emprendida por los cuerpos policiacos sea respetuosa de los derechos de nuestros connacionales y estrictamente apegada a las legislaciones interna e internacional.
Tal como lo hiciera hace algunos días el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, de declarar cuatro condados fronterizos -Dona Ana, Luna, Grant e Hidalgo- ''zona de emergencia'', ayer hizo lo propio la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, con los condados de Yuma, Cochise, Pima y Santa Cruz, con el presunto fin de contener la inmigración indocumentada y el tráfico de drogas hacia territorio estadunidense.
Cuestión de dinero
Se ha expresado también que al hacer estas declaratorias, lo que en realidad quieren los gobernadores de Estados Unidos es poder contar con mayores recursos federales que les permitan hacer frente a la inseguridad en la frontera con México y prevenir ''un potencial desastre'' en la región.
Por ejemplo, los condados de Nuevo México dispondrán ahora de fondos especiales por 750 mil dólares -y un millón adicional de las arcas estatales- para enfrentar la lucha contra el narcotráfico, la migración ilegal y para reforzar la valla metálica que divide ambos países.
En ese contexto, el gobierno de México reiteró su compromiso de ''encontrar un balance adecuado entre las preocupaciones de seguridad y el eficiente flujo de personas y bienes, y hacer de la frontera con Estados Unidos una zona de prosperidad y seguridad en beneficio de las comunidades'' que en ella habitan.