Proponen académicos consulta interna sobre la gestión de Rosalinda Contreras
La dirección del Cinvestav, a escrutinio
Trabajadores del centro analizan parar labores; salen a la luz más anomalías de la titular
En medio de la indignación pero también del amedrentamiento oficial, más de 50 profesores-investigadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), instancia del Instituto Politécnico Nacional, aprobaron ayer realizar una encuesta interna en el centro sobre la gestión de la directora Rosalinda Contreras Theurel y de su equipo, debido a las anomalías que se han suscitado en los últimos dos años en contra de la mayor parte de la planta académica.
Por su parte, los trabajadores sindicalizados acordaron realizar el congreso nacional del Sindicato Unico de Trabajadores del Cinvestav, los próximos 27, 28 y 29 de agosto, donde se someterá a aprobación de la base trabajadora el cierre de instalaciones del Cinvestav como medida de presión para que las autoridades respeten la educación prescolar que se imparte en el centro de desarrollo infantil para hijos de trabajadores y cesen los despidos injustificados.
En el caso de los profesores e investigadores, el dirigente de la Unión del Personal Académico del centro, Antonio Osorio, afirmó: ''la gente está preocupada porque las irregularidades laborales se han convertido en una situación generalizada en toda la institución".
Osorio informó que una de las acciones aprobadas por los académicos fue exigir seguridad en el trabajo, y evitar la firma de los contratos ilegales de cuatro años, que se han convertido en una palanca de presión de la dirección general.
Además, se manifestaron por la reinstalación de los profesores-investigadores del Departamento de Química Norberto Farfán y Teresa Mancilla, despedidos hace dos semanas presuntamente por no graduar a un estudiante que no cubría los requisitos, a instancias de la propia dirección general.
Farfán simplemente fue despedido, y a Teresa Mancilla se le presionó para que se fuera a la unidad Mérida o de lo contrario no se le renovaría su contrato por cuatro años. Hasta el momento no han recibido ningún documento de rescisión de contrato, y los afectados tienen hasta dos meses para interponer la demanda laboral. "Vamos a presionar para que se reconsidere esta decisión de la dirección general", dijo el dirigente de los académicos.
''Fueron despidos arbitrarios. Hay indignación por todo lo que está pasando. La política de Contreras Theurel no tiene ni pies ni cabeza", añadió. "A los profesores que se retiran no se le paga prima de antigüedad, que correspondería a 20 días por año".
Puso como ejemplo a Mayra de la Torre, reconocida investigadora en el área de biotecnología, a quien obligaron a jubilarse pero sin prima de antigüedad. "Finalmente, dieron marcha atrás, pero no así en el caso de Oscar Ramírez Toledano, a quien no se la quieren dar".
El argumento de la dirección, explicó Osorio, es que los profesores-investigadores "están considerados como personal de confianza, sujetos a contratos de cuatro años, y que por eso no tienen derecho a la jubilación ni primas de antigüedad".
La intención del grupo de académicos reunido ayer es solicitar a la dirección general la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo que la Unión de Personal Académico ya tiene listo, porque, explicó el dirigente, "nosotros pertenecemos al apartado A de la Ley Federal del Trabajo. Si las autoridades no ceden, entonces procederemos por los cauces legales. Pero invitamos a las autoridades a dialogar, aunque lo más seguro es que no nos harán caso".
Los académicos nombraron una comisión de redacción en la que participan los investigadores José Luis Reyes y Julio Muñoz para elaborar la encuesta interna, "cuyo objetivo es reflejar el verdadero sentir de los investigadores del centro sobre la gestión de Contreras Theurel". Esta comisión sostendrá una reunión en los próximos días porque, dijo Osorio, "no nos queda más que presionar y presionar".
Osorio informó que el miércoles de la semana pasada, luego de que emitió la convocatoria para la reunión de ayer, fue llamado a la oficina de Contreras Theurel, quien lo recibió con todo su equipo de administración: "Allí, objetó los términos de la convocatoria, en los que se habló de la difícil situación por la que atraviesa el centro; insistió una y otra vez en que los datos eran falsos, y me dijo que si no retiraba la convocatoria podría ser objeto de un proceso judicial por difamación''.