Greenpeace y Sierra Club notificarán de la situación en los destinos turísticos del estado

Lanzan campaña sobre violación a derechos humanos en Guerrero

No se busca boicotear, dicen durante la entrega del Premio Chico Mendes a ambientalistas

ROSA ROJAS

Sierra Club y Greenpeace anunciaron, durante la entrega del Premio Chico Mendes a ecologistas de la sierra de Petatlán, Guerrero, el inicio de una campaña internacional de información a sus socios para que "como consumidores" sepan que "en Guerrero, donde se encuentran destinos turísticos como Acapulco y Zihuatanejo, no se respetan los derechos humanos de los luchadores ambientales, se permite la destrucción de los recursos naturales, se encarcela y asesina a los ecologistas", afirmó Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.

En este caso han sido siete años de "negligencia criminal", de "impunidad de las autoridades estatales y federales", acusó. Al señalársele que técnicamente esa campaña es un boicot turístico al estado de Guerrero, Calvillo contestó: "nosotros no hablamos de boicot y Greenpeace tiene por principio no convocar a ningún boicot, lo que hablamos es que todos nuestros socios son gente que le gusta estar informada, tanto de riesgos a la salud como de a qué estás ayudando cuando consumes un servicio o un producto, entonces es darles la información para que ellos decidan.

"No estamos llamando a un boicot, sólo damos información de que hay un estado con destinos turísticos, y donde de manera consecutiva y por siete años, seguramente durante muchos más, no se ha actuado, es transmitir la información y las personas deciden si siguen pensando ir a ese destino o eligen otro... que digan yo me voy a otro lugar porque yo no quiero contribuir a esto", enfatizó el director de la sección mexicana de una de las organizaciones ecologistas más grandes del mundo, la cual cuenta con 3 millones de socios, mientras en Sierra Club la cifra alcanza los 700 mil integrantes.

Durante un acto efectuado en la Casa Universitaria del Libro, de la UNAM, el Sierra Club entregó el prestigioso galardón de manera simbólica a Felipe Arreaga Sánchez, dirigente de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán (OESP) -quien está preso desde noviembre en el penal de Zihuatanejo, y donde le será entregado este miércoles a mediodía-, así como a Celsa Valdovinos, presidenta de la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP) y esposa de Felipe.

También se entregó este reconocimiento a Albertano Peñaloza, miembro de la OESP, y fue su esposa, Reyna Mojica, quien lo recibió dado que Peñaloza se mantiene oculto desde que fue víctima de una emboscada al llegar a su hogar en Banco Nuevo, municipio de Petatlán, en la cual dos de sus hijos fueron asesinados. Además hay orden de aprehensión en su contra en la misma causa en la que están acusados del homicidio de Abel Bautista, hijo del cacique maderero Bernardino Bautista, Felipe Arreaga y otros 12 integrantes de la OESP, entre ellos Rodolfo Montiel, quien a su vez recibió el preciado galardón en 2001.

Participaron además en la ceremonia Alejandro Queral, asesor de Política Internacional del Sierra Club; Susan Lee, directora de los Programas de las Américas de Amnistía Internacional y Mario Patrón, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero.

Queral informó que el Premio Chico Mendes no se otorga anualmente, sino sólo a personas que han demostrado un compromiso excepcional en defensa del medio ambiente en forma continua y pese a los riesgos contra su vida y su libertad, como es el caso de Felipe, Celsa y Albertano.

Manifestó que pese a que los ataques sean perpetrados por particulares "las violaciones a los derechos humanos son implícitas por parte del gobierno, pues al no investigar las denuncias de tala ilegal" realizada por gente como Bernardino Bautista, los ecologistas quedan desprotegidos. "En Sierra Club creemos que es necesario un mayor liderazgo presidencial para asegurar la seguridad de los ecologistas de Guerrero y de todo el país", apuntó.

Añadió que luchar por preservar el medio ambiente para futuras generaciones no es un crimen. "Estos defensores del medio ambiente permanecen en prisión, mientras los individuos que han violado sus derechos humanos y las leyes medioambientales mexicanas para enriquecerse siguen libres. En medio de esta peligrosa atmósfera es imperativo que los legisladores mexicanos aprueben y hagan obedecer leyes estrictas para proteger las libertades cívicas de los medioambientalistas", dijo.

Susan Lee mencionó que por la mañana Celsa y Reyna se habían reunido con la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, quien les manifestó el apoyo de los casi 3 millones de socios de esta organización de defensa de los derechos humanos (una de las más importantes del mundo). Recordó que Amnistía adoptó a Felipe Arreaga como prisionero de conciencia después de un estudio minucioso de su caso; "consideramos que es inocente y que el sistema judicial fue manipulado", por lo que Arreaga debe ser liberado "incondicionalmente".

Mencionó que en el curso de la mañana la doctora Khan se reuniría con altas autoridades mexicanas pidiéndoles la seguridad de que haya justicia y protección del Estado para los defensores del medio ambiente y sus familias. "Son defensores de los derechos humanos y deben tener apoyo del Estado mexicano", aseveró Lee.

Calvillo y Mario Patrón coincidieron en que es necesario que se integre una mesa de trabajo, conformada por las autoridades de los gobiernos municipal, estatal y federal, las organizaciones sociales involucradas y las autoridades ambientales, con el fin de analizar la problemática que se vive en la sierra de Petatlán e identificar las medidas necesarias para resolverla.

Celsa Valdovinos relató que desde 1999, cuando la OESP evitó que la trasnacional Boise Cascade siguiera talando desmedidamente la sierra de Petatlán, al realizar "el paro de la madera", ella y sus hijos sufrieron las consecuencias ya que su esposo Felipe, uno de los dirigentes principales de la organización junto con Rodolfo Montiel, tuvo que esconderse, pues era perseguido por el Ejército.

Cuando Felipe regresó, en el 2000, empezaron a trabajar en el ejido La Botella para concientizar a la gente de la necesidad de evitar la tala de los bosques porque se estaban quedando sin agua en la sierra. Se organizaron las mujeres -empezaron con cuatro integrantes- y crearon la OMESP, que ahora cuenta ya con 63 socias y realiza también actividades para el cultivo de hortalizas familiares. Entre 2003 y 2004 hicieron reforestación en la zona, sembrando 176 mil arbolitos de cedro rojo. Cuentan además con una caja de ahorros.

"Me dio gusto que nos hayan dado el premio, eso me anima. Por otra parte me da tristeza que nuestro gobierno no haga caso de nuestro trabajo -dijo con la voz quebrada cuando ya no pudo contener el llanto-, especialmente el gobierno de Guerrero; eso nos ha demostrado el poco interés que ha puesto en el caso de mi esposo", añadió Valdovinos.

Reyna Mojica relató que su esposo Albertano se dedicaba a cuidar las maderas, que no se quemaran los árboles, a apagar la lumbre... "ustedes ya lo saben, mataron a dos de mis hijos, los demás (fueron) heridos, así como mi esposo; esto se debe a la lucha del medio ambiente, al cuidado que le hemos tenido al campo. Mi esposo se dedicaba a llamarle la atención a la gente para que no corte árboles por cortar, y siempre hay gente que no le gusta que les llamen la atención".

Reyna tampoco pudo contener las lágrimas al señalar que esta lucha no es sólo para una familia, sino para todos en común: "yo pienso que todo esto que nos ha pasado es por lo mismo; como don Felipe (Arreaga), mi esposo tiene orden de aprehensión, él andaba para arriba y para abajo con mis hijos y le ponen la emboscada...

"Aquí estamos navegando todavía, fuera de nuestra casa; salimos sin sacar nada, yo nada más saqué a mis hijos y me vine a Zihuatanejo porque uno de mis hijos estaba muy mal herido, pero no por eso pensamos dejar la lucha, aunque haya personas que no comprendan la lucha... ahora tenemos miedo de que nos pase lo mismo, que nos busquen y quieran rematar a mi esposo y a mis hijos."

Mario Patrón informó que la defensa de Arreaga solicitó se cerrara el juicio desde principios de julio, ante lo cual la Procuraduría de Justicia de Guerrero apeló, retrasándolo un mes más. El 2 de agosto, a causa de que la propia dependencia no presentó a los testigos de cargo, volvió a retrasarse el juicio y ahora la próxima audiencia será el 26 de agosto.

"El gobierno de Guerrero no visualiza el respeto a los derechos humanos como tema prioritario... una vez más estamos en presencia de una política de persecusión por parte del Estado" apuntó Patrón.

Respecto a la investigación sobre la emboscada contra Peñaloza, informó que hasta la semana pasada todavía estaba abierta únicamente por lesiones, no por el homicidio de los dos jóvenes, porque la procuraduría guerrerense argumentaba que aún no se daba fe de los cadáveres.