El gobierno acepta dictado del BM sobre asociación con trasnacionales: Public Citizen
Pierden comunidades el control del agua ante avance privatizador
Para 2025 dos tercios de la población mundial no tendrán suficiente líquido potable, prevé el Banco Mundial
La estrategia es recurrir al financiamiento público de proyectos privados
La política de privatización de los sistemas de abastecimiento y gestión de agua impulsados desde el gobierno federal comenzó a reducir el control de las comunidades sobre este recursos, expresó Public Citizen, una de las redes de defensa de consumidores más influyentes del mundo.
"Existe una clara vinculación entre personajes importantes del gobierno mexicano con empresas trasnacionales interesadas en el control del agua, y esta relación explica mucho de lo que está ocurriendo en México", dijo a La Jornada Sara Grusky, coordinadora de la campaña Agua para Todos de Public Citizen, organización que mantiene varias campañas mundiales de información y que ha jugado un papel relevante en las campañas contra la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
"El Banco Mundial impulsa, y el gobierno mexicano acepta, la estrategia de asociación entre empresas privadas y gobiernos locales para prestar el servicio; pero la mejor alternativa para la conservación del agua es la colaboración entre las comunidades y el gobierno local, sobre la base de que la comunidad es la que tiene el control del recurso", dijo Grusky.
México está en la mira de las trasnacionales que ante el agotamiento previsible del petróleo y de otros recursos naturales "están viendo en el control del agua una posibilidad de asegurar ganancias a futuro".
La semana pasada, México obtuvo un préstamo del Banco Mundial para llevar a la práctica las reformas de una ley de 2001 que pretende mejorar la eficiencia financiera de los sistemas de agua, el tipo de lenguaje que el organismo emplea para introducir políticas de privatización de este bien público.
Según Public Citizen, el Banco Mundial ha estimado que hacia 2025 dos tercios de la población mundial no tendrán suficiente agua potable. Con esta perspectiva no sorprende que la revista Fortune definió al agua como "el petróleo del siglo 21".
Public Citizen dice en "Las 10 razones para oponerse a la privatización del agua" que: "no es una exageración decir que la sobrevivencia de millones de personas queda pendiente de las decisiones que hoy se toman en las salas de juntas empresariales y las oficinas gubernamentales en todo el mundo".
En la entrevista con La Jornada, Sara Grusky comentó que el gobierno del presidente Fox está impulsando, desde una reforma legal de 2001, el avance de las compañías privadas en el control del agua.
"Al principio se hizo eco (el gobierno del presidente Fox) de una política iniciada por sus antecesores de pasar a las empresas privadas la gestión y propiedad de bienes públicos, bajo el argumento de que los manejan mejor y son más eficientes". Pero, añadió, en el caso específico del agua, las cosas comenzaron a tener un rumbo claro a partir de una ley promulgada en 2001.
La especialista comentó: en el caso específico del agua, hay una vinculación bastante clara entre personas del gobierno y trasnacionales que desean controlar este bien, como es el caso de la Coca Cola.
Las empresas trasnacionales del agua, varias de ellas con actividades en México, quieren dominar el control del agua y para ello buscan países donde tienen absoluta libertad para hacer su negocio y abundantes recursos naturales.
Para la especialista de Public Citizen, una alternativa a las políticas que promueven la participación privada en el control del agua es la asociación entre entidades públicas y las comunidades.
"El Banco Mundial impulsa una fórmula de participación pública y privada en el manejo del agua, pero lo que vemos es que la mejor alternativa es la colaboración entre las comunidades y los gobiernos municipales, estatales o federales, pero bajo la idea de que las decisiones sobre el uso y administración del agua las toman las comunidades", añadió.
Según Public Citizen, hay una percepción falsa de que cuando los servicios de agua se privatizan el peso financiero de mantener los sistemas cambiará del sector público al privado; que las empresas salvarán el dinero de los contribuyentes asumiendo los costos de reparar, mejorar y mantener la infraestructura.
"En realidad, los contribuyentes terminan simplemente pagando por estos proyectos a través de sus cuentas mensuales. El financiamiento público, libre de impuestos, baja el costo de los proyectos, mientras el financiamiento privado tiene como resultado tasas de interés más altas y tarifas más elevadas para los consumidores", de cuerdo con la organización.