Navarrete no cumple acuerdos sobre declaraciones, dice

Reclama la PGR al procurador mexiquense por caso Salinas

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Se reavivaron las diferencias entre las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia del Estado de México por el caso Enrique Salinas.

Fabián Medina Hernández, vocero de la dependencia federal, a nombre de su titular Daniel Francisco Cabeza de Vaca, pidió a Alfonso Navarrete Prida "que honre su palabra y cumpla en sus términos lo que acordó en reuniones privadas", en el sentido de no hacer ningún pronunciamiento público sobre este caso, luego de que se difundieran versiones de que la PGR manipuló el expediente de Enrique Salinas en torno de la pesquisa que hacían elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) sobre el hermano de Carlos Salinas.

La dependencia federal endureció su postura al pasar de declaraciones de total apoyo a las indagatorias que realizan autoridades mexiquenses a la advertencia de que no permitirá "que en aras de la espectacularidad y pronta solución de un asunto relevante se prive de la libertad a personas (dos agentes federales), a los que no se les ha acreditado a plenitud su responsabilidad en hechos delictivos", poniendo en duda con ello la investigación que realiza la PGR.

Este choque entre procuradurías se da luego de que el Ministerio Público del estado de México solicitara la comparecencia del ex secretario particular del general Rafael Macedo de la Concha, ex titular de la PGR, y del actual visitador general de la institución federal, Angel Buendía, para que aclaren si tuvieron intervención alguna en supuestos ilícitos que conllevarían la manipulación de una investigación ministerial en torno a Enrique Salinas.

En conferencia de prensa, Fabián Medina aseguró que se sustrajeron documentos oficiales que formaban parte de las investigaciones de la PGR y que fueron alterados, por lo que se inició una averiguación previa para indagar todo lo relacionado con el uso indebido de información oficial.

Según el vocero de la PGR la dependencia "cuenta con los elementos suficientes para presumir que la persona que filtró esos documentos es un servidor público que laboró en esta institución y que está sujeto a una serie de investigaciones por otro tipo de conductas presuntamente irregulares", aunque se negó a proporcionar el nombre del supuesto involucrado en estos hechos.

El mensaje que Cabeza de Vaca emitió mediante su vocero fue que mantiene firme "su compromiso y voluntad de colaborar con las instituciones competentes del estado de México para el esclarecimiento del homicidio de Enrique Salinas de Gortari".

Pero hizo el siguiente llamado "de manera cordial y muy respetuosa al procurador general de Justicia del estado de México, Alfonso Navarrete Prida, para que honre su palabra y cumpla en sus términos lo que se acordó en reuniones privadas".

Además señaló que en la PGR "no se encubrirá a nadie que se haya apartado en su conducta -como servidor público- de lo que marca la ley", pero advirtió que "tampoco se permitirá que en aras de la espectacularidad y pronta solución de un asunto relevante, se prive de la libertad a personas a las que no se les ha acreditado a plenitud su responsabilidad en hechos delictivos".

Por primera vez desde que iniciaran los desencuentros entre las autoridades federales y mexiquenses, la PGR se refirió a "los servidores públicos de la AFI que actualmente se encuentran sujetos a proceso por su presunta participación en hechos delictivos", y señaló que están en prisión "por una presunta extorsión en grado de tentativa y no por el homicidio" de Enrique Salinas.

También se negó que la PGR esté impidiendo las diligencias solicitadas por el Ministerio Público mexiquense, y que si hay quienes "no se han presentado a declarar no es una postura que la institución pueda o deba respaldar, es una cuestión a título personal de cada uno de los involucrados".

Sin embargo, por lo menos uno de los funcionarios de la AFI que han sido señalados como presuntos responsables, y que no se han presentado, ya obtuvo una suspensión contra cualquier orden de aprehensión o mandamiento ministerial, ya que el juzgado segundo de distrito con sede en la ciudad de México estimó, de entrada, que existen posibilidades de que a Nahúm García Martínez se le violen sus garantías individuales por parte de las autoridades mexiquenses e inició el juicio de amparo 1847/2005.