Usted está aquí: domingo 31 de julio de 2005 Mundo Aprueba el Senado de EU la aplicación permanente de la polémica Ley Patriota

Llama el líder de la mayoría republicana en la Cámara alta a "seguir vigilantes"

Aprueba el Senado de EU la aplicación permanente de la polémica Ley Patriota

Luz verde al espionaje de todos los ciudadanos que Washington considere "sospechosos"

AFP

Ampliar la imagen Un agente indica a una mujer herida d� la pueden atender FOTO Reuters Foto: Reuters

Washington, 30 de julio. El Senado de Estados Unidos aprobó este fin de semana la aplicación permanente de la controvertida Ley Patriota, que otorga al gobierno del presidente George W. Bush amplios poderes de vigilancia de sospechosos.

La Cámara alta estadunidense, sin embargo, dejó de lado algunas de las recomendaciones de la administración Bush y se opuso a seguir la línea marcada por la Cámara de Representantes, que la semana pasada ofreció a la Oficina Federal de Investigaciones y a otras agencias amplios poderes de espionaje sobre la ciudadanía.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, indicó que los ataques en Londres recordaron a los estadunidenses que los terroristas continúan pensando en atacar este país y a sus aliados.

"Debemos seguir vigilantes y sin cansancio en nuestro propósito, quebrando sus células, sus vías de financiamiento, y llevando a cada uno (de los terroristas) y sus colaboradores ante la justicia", señaló Frist, luego que el Senado aprobara extender la Ley Patriota.

En vigencia seis semanas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, la Ley Patriota es considerada por la Casa Blanca una herramienta legal clave en la guerra contra el terrorismo internacional, ya que otorga al gobierno federal grandes poderes de investigación y vigilancia.

Bajo sus normas, las autoridades pueden interceptar conversaciones telefónicas por sospechas de terrorismo, o controlar el correo electrónico de un sospechoso en cualquier teléfono o terminal de computación.

Además, la legislación permite al gobierno obtener datos bancarios, médicos, o información intelectual de un sospechoso.

 
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