Editorial
Cañeros: otro desastre
La movilización masiva de productores cañeros al DF, y su emplazamiento al Ejecutivo federal para que de aquí al 2 de agosto publique en el Diario Oficial la Ley de Desarrollo Sustentable, vetada por el presidente Vicente Fox a mediados de este mes, es un botón de muestra de los fracasos del presente gobierno en los asuntos agrarios. Particularmente por lo que hace a los cañeros, ha de recordarse que éstos fueron puestos en situación de extrema indefensión a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la firma paralela, y subrepticia, de unos acuerdos en materia de endulzantes que obligaban a México a eliminar los aranceles para importaciones de edulcorantes diversos y comprometían a Estados Unidos a adquirir los excedentes de azúcar del mercado mexicano. Las autoridades nacionales cumplieron su parte, pero las del país vecino nunca acataron la suya, lo que se tradujo en una situación insostenible para el sector azucarero. A principios de su sexenio, el actual mandatario llegó a expropiar los ingenios, aunque posteriormente se vería que esa maniobra tenía por objeto rescatar, con fondos públicos, los agujeros financieros dejados por el sector privado en esa industria.
Posteriormente, ante el afán foxista de eliminar cualquier regulación vigente en el mercado del azúcar, y ante su pretensión de abandonar a los productores individuales al estricto juego del mercado, en el cual tenían todas las de perder frente a los industriales, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar, a fin de establecer algunas medidas de protección a los casi 500 mil cañeros y a sus familias. Fox respondió con una negativa, equivalente a un veto, a publicar la norma en el Diario Oficial.
No hay, ciertamente, lugar para la sorpresa por este comportamiento del grupo en el poder. El propio Fox y su secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, son representantivos del sector empresarial agroindustrial, y actúan conforme a bien definidos intereses de grupo, por no hablar de los antecedentes del actual mandatario en la industria refresquera trasnacional, a la cual le conviene disponer de libre importación de edulcorantes y mantener precios mínimos para la producción azucarera nacional.
Pero los gobernantes en turno parecen haber olvidado que la gestión pública no puede limitarse a conseguir condiciones de negocio favorables para los grandes empresarios, sino que debe también garantizar la subsistencia de sectores menos favorecidos y promover la reactivación de las actividades deprimidas e inclusive arrasadas, como ocurre en buena parte del agro mexicano.
El rechazo gubernamental a la ley referida constituye, a fin de cuentas, una amenaza a los pequeños productores, al tejido social de sus comunidades y a sus posibilidades mismas de sobrevivencia, e ilustra con nitidez las actitudes de esta administración hacia los ámbitos rurales más desfavorecidos y golpeados por el libre comercio, la desregulación y la eliminación de una política social propiamente dicha.
Estos peligros generan otros, de mayor alcance, para el país en su conjunto. La historia nacional y la de otros países enseña que la paciencia y la prudencia de los campesinos tiene un límite, y cuando éste se alcanza, es difícil evitar la ingobernabilidad, el desasosiego y la confrontación. Basten, como ejemplos, las insurrecciones ecuatorianas y bolivianas recientes.
Es lamentable que el gobierno federal deba actuar bajo presión, pero fue el propio Ejecutivo federal el que se metió en esa circunstancia. Ahora tendría que adoptar una actitud prudente y reflexiva y promulgar, a la brevedad, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar. De no hacerlo, agregará un elemento adicional de inestabilidad en su trayecto final.