Ex asesor del gobierno estatal habría cobrado $3 millones destinados a los ganaderos

Documentan fraude a chiapanecos indemnizados en Los Chimalapas

Es caso juzgado y los terrenos pertenecen a campesinos de Oaxaca, advierte la SRA

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 27 de julio. Al menos una cuarta parte de la indemnización otorgada en 1994 a campesinos de Chiapas que actualmente se encuentran en plantón en esta capital, para exigir su regreso a terrenos en la región de Los Chimalapas -hoy en poder de comuneros de Oaxaca-, fue entregada de manera ilegal a Saúl Prado Guerrero, entonces coordinador agrario de la entidad, motivo por el cual se le inició una investigación ante la ahora desaparecida Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), de acuerdo con fuentes de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

El conflicto y la tensión han crecido durante el último mes entre comuneros de Oaxaca y ganaderos chiapanecos, mismos que exigen la devolución de 40 mil 945 hectáreas de la zona de Los Chimalapas llamada San Isidro La Gringa. Los gobiernos estatal y federal han señalado que este es un asunto ya juzgado y dirimido ante las autoridades agrarias, cuando se reconoció a los oaxaqueños como los propietarios legales.

La disputa por los terrenos empezó en abril de 1987, cuando el gobierno federal declaró propiedad nacional el predio San Isidro La Gringa, y con ello permitió la entrada de ganaderos provenientes de Veracruz, Guerrero y Chiapas. Sin embargo, comuneros de Oaxaca interpusieron una controversia, debido a que el paraje pertenecía a un área de manejo y conservación comunal.

El 18 de marzo de 1994, la SRA revocó la declaratoria de propiedad nacional y reconoció la legal pertenencia de la zona en favor del pueblo Santa María Chimalapa, Oaxaca.

En virtud de este acuerdo, la Federación, por conducto del gobierno de Chiapas -entonces a cargo del gobernador Javier López Moreno-, liberó más de 14 millones de pesos para indemnizar a 147 ocupantes de la zona.

Copias de los cheques consultadas por la corresponsalía de La Jornada en Tuxtla Gutiérrez indican que de los 199 pagos emitidos para el caso de La Gringa, los marcados con el número 017877, del 6 de julio de 1994; 018044, del 18 de julio de 1994, y 019333, del 12 de septiembre de 1994 -por un total de 3 millones 352 mil pesos-, fueron emitidos a nombre de Saúl Prado Guerrero, entonces coordinador agrario de Chiapas.

Fuentes de la SRA que solicitaron el anonimato confirmaron que la Secodam empezó una averiguación administrativa contra Prado Guerrero por esta situación irregular, proceso del cual no se conoció una resolución al ser sustituida la dependencia por la Secretaría de la Función Pública, en 2003.

Para las autoridades agrarias estatales y federales, con la indemnización otorgada a los ganaderos se finiquitó la disputa por el territorio de La Gringa. No obstante, en noviembre de 1994 un grupo de los indemnizados reinvadió el lugar, por lo que se empezó una demanda penal en su contra, por los delitos de despojo y los que resulten. Los invasores fueron desalojados días después.

El conflicto se revivió los días 18 y 19 de enero de este año, cuando ganaderos regresaron al lugar, encabezados por Elías Vázquez Robles -indemnizado con 400 mil pesos, según el cheque 015405- y Alvaro Vázquez Coronel.

Los ganaderos fueron desalojados nuevamente en abril anterior, esta vez por policías de Oaxaca, y a principios de julio se instalaron en plantón en la plaza principal de esta capital, donde permanecen. En las últimas semanas han sido recibidos por funcionarios de la SRA, de la Secretaría de Gobernación y del gobierno estatal, ante quienes plantearon una nueva indemnización, con el argumento de que los recursos que se les otorgaron en 1994 no llegaron a su destino, o fueron "cantidades mínimas".

En documentos oficiales que se hicieron llegar a los ganaderos, y consultados por la La Jornada, se les señaló que legalmente no existe conflicto alguno por la posesión de las 40 mil 945 hectáreas, ya que el asunto fue debidamente juzgado por las autoridades. En el oficio VII-107-"B" 142315 se les extendieron copias de sus expedientes y los montos que recibieron por las tierras en disputa.

Ante la persistencia de los ganaderos en regresar a la zona, habitantes de la comunidad oaxaqueña Santa María Chimalapa manifestaron en una carta que el verdadero motivo de la insistencia de los campesinos en regresar "es, además del saqueo y la destrucción de selva, el cultivo de enervantes". Aseguraron que en mayo de 1994, Manuel Ovilla Fernández, entonces asesor del gobierno de Chiapas, constató que en terrenos de La Gringa existía una pista aérea clandestina, a cuyo alrededor había sembradíos de amapola.

Los comuneros oaxaqueños advirtieron que "las reiteradas acciones delictivas e intentos de despojo de territorio comunal llevados a cabo por los ganaderos podrían desembocar en un enfrentamiento armado".

Por ello solicitaron nuevamente la intervención del gobierno federal y la activación de las órdenes de aprensión que pesan contra estas personas, acusadas de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra el ambiente, en los que habrían incurrido durante el tiempo que habitaron irregularmente San Isidro La Gringa.