Un balance
La gestión de un gobierno puede evaluarse y enfocarse de distintas maneras. Algunos son preferidos por los evaluados y otros por los evaluadores. En ello puede radicar su parcialidad o su objetividad. Un determinante central en el desempeño de un gobierno local radica, sin duda, en la política del gobierno federal, la cual constituye una limitante que reduce considerablemente los márgenes de acción y, en consecuencia, la capacidad para desarrollar políticas alternativas. Pero también hay limitantes conceptuales que tienen que ver con falsas concepciones que igualmente limitan la acción de un gobierno local.
La responsabilidad fundamental de cualquier gobierno es mejorar las condiciones de vida de su población. Su evaluación tiene que considerar el cumplimiento de esta responsabilidad. Mejorar las condiciones de vida de una población exige empleo para todos y que las remuneraciones permitan una vida digna. Ello demanda crecimiento económico. La política social puede atemperar el deterioro social provocado por un funcionamiento económico que produce desigualdad, pero no recupera las condiciones perdidas.
Si no hay crecimiento a escala nacional, si carece de contenido social, no se crearán empleos ni mejorarán los salarios. Al nivel de una entidad como el Distrito Federal, se acepta que no hay posibilidades de plantearse una política económica que promueva el crecimiento y que genere empleos decentes. Se afirma incluso que eso es responsabilidad del gobierno federal y que los gobiernos locales no pueden hacer política económica, sino únicamente política social. Por ello sólo es posible que detengan el deterioro del tejido social y eviten que siga creciendo la desigualdad. Consecuentemente, no son responsables de que crezca el desempleo en una ciudad como ésta, que la informalidad avance, ni que los pocos empleos formales nuevos sean francamente precarios.
En ciudades como París, Berlín y Londres, donde los gobiernos locales son conducidos por políticos de izquierda y partidos de izquierda, se han planteado objetivos específicos que implican una política que actúa en economía y que se compromete con objetivos económicos de alto impacto social. Sin duda, los gobiernos locales son ajenos a la política monetaria, principal área de política económica en la organización neoliberal existente. Tampoco definen la política de precios y tarifas de carácter federal, pero tienen posibilidad de operar estímulos fiscales que promuevan inversiones que generen esos empleos decentes que hacen falta. También pueden apoyar crediticiamente proyectos de alto impacto, si construyen las instancias financieras necesarias.
Un planteo de este tipo puede requerir endeudamiento. El gobierno de López Obrador ha informado que la deuda ha tenido "la tasa de crecimiento más baja de los últimos 20 años" y que el año pasado incluso hubo desendeudamiento. Además, la austeridad implantada permitió ahorros de 8 mil millones de pesos, lo que permitió financiar grandes obras viales. Esto es importante, pero insuficiente si se atiende al crecimiento del desempleo abierto en la propia ciudad, al lado de una informalidad que es la única opción de trabajo real. Ello no sólo es resultado de que no se crean los empleos en número suficiente, sino que los que aparecen propongan remuneraciones que no permiten cubrir los requerimientos mínimos de una familia.
Así las cosas, sin empleos y con remuneraciones en el sector formal cercanas a los mínimos legales, es imposible mejorar las condiciones de vida de la población. En la nueva propuesta de la izquierda para gobernar la ciudad parece indispensable el planteamiento de metas económicas: crecimiento, nuevos empleos y establecimiento de un salario mínimo para la ciudad sensiblemente mejor que los mínimos legales. Ello demandará los instrumentos de promoción fiscal disponibles y la formulación de nuevas herramientas que permitan promover un crecimiento económico en la ciudad con fuerte contenido social.
El planteamiento por el bien de todos, primero los pobres tiene que evolucionar para proponer un acuerdo económico y social que establezca un salario equivalente por lo menos a dos veces y media el mínimo legal. Las tiendas de autoservicio y las departamentales, que actualmente remuneran muy cerca del mínimo, operan con un margen que les permite pagar ese nuevo salario. Las empresas constructoras también pueden hacerlo. Ello permitirá que al final de una gestión socialmente responsable, incluso a nivel local, se hayan mejorado las condiciones de vida de la población. Para eso se gobierna.