Priístas rechazaron propuesta panista para relegir a 3 magistrados y ratificar a dos

Jalisco, sin Tribunal Electoral, por desacuerdos entre diputados

Coordinadores de PAN y PRI temen que busquen amparo de la justicia federal; "es práctica común"

JUAN CARLOS GARCIA CORRESPONSAL

Guadalajara, Jal., 23 de julio. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de Jalisco quedó desintegrado luego de que minutos antes de que venciera el plazo estipulado por la ley para la designación de los nuevos magistrados del organismo, diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) no lograron consenso y emitieron un acuerdo legislativo sin precedente que, por el momento, deja a la entidad sin organismo para resolver cualquier conflicto electoral.

Cerca de la medianoche de este viernes, los legislado- res jaliscienses armaron un escándalo en el salón de sesiones del Congreso local, derivado del interés de los panistas por ratificar a los cinco integrantes del tribunal, a pesar de que tres cumplieron el límite legal de ocho años en el cargo, lo que provocó una larga discusión que terminó en la desintegración del órgano electoral.

Los priístas ratificaron la imposibilidad de que los magistrados Abraham Castellanos Morfín, Eduardo Flores Partida y Benjamín Robles Suárez pudieran ser elegibles en el cargo por tercera ocasión. Javier Hidalgo y Costilla, presidente de la Comisión de Justicia, recordó que los ministros únicamente pueden ser elegidos para un periodo de cuatro años, y ratificados para otro más, pero no en una tercera ocasión.

En la sesión, que comenzó a las 17 horas y duró casi hasta la medianoche del viernes, también se aprobó el retiro del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien ahora ocupará ese cargo pero en el Tribunal Electroal del Poder Judicial de la Federación, y se rechazó el dictamen que ratificaba al quinto magistrado, José Luis Martínez Rivera.

Los coordinadores de las fracciones panista y priísta del Congreso de Jalisco, Antonio Muñoz Serrano y Ramiro Hernández, respectivamente, coincidieron en señalar que ante estas decisiones, seguramente los magistrados optarán por buscar un amparo de la justicia federal.

"Se ha vuelto práctica común que los funcionarios del Poder Judicial cuando no son ratificados acudan a los tribunales. Esto es algo hasta cierto punto preocupante, porque parece que los integrantes de ese poder en algún momento se convierten en juez y parte, debido a que son miembros del Poder Judicial y por otro lado recurren al Poder Judicial para defender su interés particular", opinó Ramiro Hernández.

Durante la larga sesión, los legisladores del blanquiazul insistieron en que los magistrados sí podían continuar ejerciendo funciones, porque según ellos, a pesar de que tres tienen ocho años en el cargo no hicieron uso de su derecho de ratificación.

Muñoz Serrano explicó que el dictamen del nombramiento emitido en julio de 2001, cuando se renovó al tribunal, "determinaba que los magistrados eran electos y no ratificados, lo que permitía que en esta ocasión, sin violentar la ley, pudieran ser ratificados".

Por lo pronto, mientras no se lance una nueva convocatoria para designar a los magistrados del tribunal, el órgano permanecerá desintegrado, lo cual no parece preocupar a los líderes de las bancadas panista y priísta.

"En este momento no es urgente, si ya hubiera comenzado el proceso electoral entonces tendríamos premura", concluyó Antonio Muñoz Serrano.

El tribunal planeaba ampliar plantilla de trabajadores

Algunos planes que el tribunal electoral tenía a corto plazo quedarán en el limbo hasta que se defina la situación de los magistrados de este órgano dependiente del Poder Judicial. El principal es la ampliación de 50 por ciento de su plantilla laboral, que actualmente asciende a 48 personas.

Apenas a principios de semana, Eduardo Flores Partida, quien todavía fungía como presidente del órgano, recordó que durante el periodo electoral de 2003 sólo laboraron 94 personas y que para el que se avecina por lo menos se necesitan 140, pues con las modificaciones que se realizaron a la Ley Electoral de Jalisco se acortó el tiempo para que el tribunal emita sus resoluciones.

Ejemplificó que si en 2003 se tenían cinco meses para resolver, ahora el tiempo se reducirá a dos, si bien la instancia federal a la que también se acude regularmente en caso de impugnaciones electorales tendrá para resolver quejas -como ha sido común-, hasta la víspera de la toma de posesión de los nuevos funcionarios.

El presupuesto que el tribunal electoral manejará durante 2005 es de 21 millones de pesos, lo que obligaría a que si se llega al número de empleados previsto por Flores Partida podría requerirse hasta el triple de recursos.