Santiago Levy también es beneficiario de este régimen, señala comisión legislativa
El IMSS "pavimenta" la privatización con críticas a las pensiones: diputados
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Reuni�e la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados FOTO Jos�arlo Gonz�z
Foto: Jos�arlo Gonz�z
La intención del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al atribuir a los pensionados y jubilados la responsabilidad de las presiones financieras del organismo es "pavimentar el camino hacia la privatización" de algunos servicios, como los de alta especialidad y guarderías, consideró la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Otros rubros, reconoció la instancia legislativa, sí constituyen una alta carga económica para el instituto, como los pasivos que generan el retraso del cobro de cuotas, multas, recargos y créditos por 14 mil 70 millones de pesos, el gasto excesivo en promoción institucional y las altas prestaciones de directivos.
"El director del IMSS, Santiago Levy, obtiene ingresos netos anuales por 2 millones 180 mil pesos, y entre sus múltiples prestaciones cuenta con la del malévolo Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), que el instituto concibe como un abuso por parte de los trabajadores y una auténtica amenaza a la seguridad social", expuso la comisión.
Luego de que el IMSS presentará hace una semanas su informe financiero, la comisión legislativa que preside el diputado Miguel Alonso Raya cuestionó que en el documento los riesgos económicos para el instituto se atribuyan únicamente al RJP.
Critica también que omita información sobre el pasivo total por juicios laborales y fiscales que enfrenta, que no reporte "el dispendio en gastos de comunicación social, el más alto de las entidades paraestatales", y omita las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en subrogación de servicios, ejecución de obra pública, control de inventarios y licitaciones.
En el documento se evalúa que si bien la situación financiera por el régimen de jubilaciones es grave, pues el pasivo asciende a 714 mil 597 millones de pesos, la obligación del gobierno federal, en coordinación con la dirección del IMSS, es encontrar una salida y no responsabilizar a los trabajadores por la debilidad financiera del organismo.
"En este punto la intencionalidad del informe es clara: arma una estructura colosal para demostrar que el RJP es una amenaza para los trabajadores y sus familias, para las empresas que aportan y para los contribuyentes de cuyos impuestos se financian las aportaciones estatales al IMSS", afirma.
Otro objetivo del informe, determinó la comisión, es "andar la ruta privatizadora de los servicios médicos, de guarderías y prestaciones sociales, con el argumento de su incapacidad de inversión".
En el caso de las guarderías, afirma que si los recursos destinados a las que opera el instituto se canalizaran a las subrogadas, podrían atenderse 38 mil niños más, y si se suprimieran los recursos directamente destinados a prestaciones sociales -deportivos, velatorios, centros vacacionales, entre otros- se atendería a 60 mil niños más.
Sin embargo, explica la instancia legislativa, dentro del informe se detectó que en 2004 el IMSS registró el saldo más alto de su historia de cartera vencida, que asciende a 14 mil 639.3 millones de pesos, que representan 13 por ciento de la recaudación por cuotas obrero patronales.
"La actual administración del IMSS no es una recaudadora eficiente. En el año 2000, al inicio del gobierno de Vicente Fox, la cartera en mora ascendió a 8 mil 558 millones de pesos, 8.4 por ciento de la recaudación. En cuatro años el IMSS cayó en ineficiencia recaudatoria, que medida nominalmente representa más de 6 mil millones de pesos y 4.5 puntos porcentuales de la recaudación", detalló la comisión.