Once millones carecen del recurso: Salomón Abedrop, presidente de la ANEAS
Organismo privado quiere que instituciones públicas paguen agua
Funcionario de Quintana Roo afirma que la sociedad puede frenar las privatizaciones
Elevar en dos puntos porcentuales la cobertura de agua potable y alcantarillado para terminar con el actual rezago en esos servicios en una década, requeriría inversiones por 22 mil millones de pesos, dos veces más de lo que hoy día se destina, expresó el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, Salomón Abedrop López.
Actualmente 11 millones de mexicanos carecen de agua entubada, 23 millones no tienen drenaje y se arrojan al ambiente 150 metros cúbicos por segundo de agua residual sin darle uso alguno; si no se atienden estos rezagos la presión para acceder a dichos servicios será mayor ya dentro de un cuarto de siglo el país tendrá 30 millones más de habitantes, abundó.
Explicó que por las modificaciones al artículo 115 constitucional, los gobiernos municipales son responsables de atender la demanda de drenaje y de agua potable, sin que la Federación antes haya atendido los "grandes rezagos en infraestructura, por lo que el peso para las finanzas para los ayuntamientos aumentó. Ahora, urge modificar las reglas de operación de los programas federalizados, tanto en su tramitología como en la mezcla de recursos, para que los sistemas de agua potable sean realmente una herramienta para abatir dichos rezagos".
Consideró prioritario el cambio de dicho artículo para "terminar con los injustos privilegios a los inmuebles de uso público que se encuentran exentos del pago de servicio de agua potable, en clara situación de desigualdad respecto al resto de la población".
También exigió que las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público devuelvan el impuesto al valor agregado a los organismos operadores de agua potable.
Abedrop López asentó que los organismos operadores deben recuperar la confianza de la ciudadanía, ya que la desconfianza en el tipo de servicio que se presta es evidente ante el continuo aumento de consumo de agua embotellada, que coloca al país en el segundo lugar mundial en consumo per cápita de ese producto.
La privatización de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado pueden frenarse si la gente en las localidades se organiza para evitar que otros lleguen a prestar ese servicio, agregó Andrés Ruiz Morcillo, director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del gobierno de Quintana Roo.
En 1993, el gobierno local otorgó la concesión de la explotación, conducción, distribución, cobranza comercial y tratamiento de agua en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres y en 1994 inició su operación. Un año después, por incumplimiento en la inversión, les fue retirada la concesión y en 1998 se les devolvió, comentó.
Por la enorme presión que lleva consigo el crecimiento de 10 por ciento anual de la población, aunado a la baja cobertura de agua y drenaje, se otorgó la concesión; ahora se requiere verificar con mayor eficacia la prestación de esos servicios, agregó. Por ello, expuso, en la 19 convención anual de ANEAS, que se celebrará en agosto en Puebla, se establecerán vínculos con asociaciones de reguladores para América, que tienen amplia experiencia en verificar que los organismos operadores cumplan con lo establecido en los títulos de concesión.
En Cancún, expuso, el costo de operación es de 7 pesos por metro cúbico y hay un ingreso promedio de 11 pesos por metro cúbico, por lo que el remanente se invierte. Ello, puntualizó, se da porque hay una tarifa de 18 pesos metros cúbico para la zona hotelera y tarifas diferenciadas para la población, por lo que quien menos paga es cinco pesos por metro cúbico. La problemática en los ocho municipios de la entidad no es la disponibilidad de agua, sino el peligro de contaminación. Agregó que en la entidad se invierten en promedio de 200 a 300 millones de pesos para el saneamiento y alcantarillado.