Buscan evitar el uso político y discrecional de los fondos
Dependencias deberán explicar sobre los recursos para ONG
A ciencia cierta, nadie sabe a cuánto ascienden los recursos que las autoridades destinan para apoyar acciones de las organizaciones civiles dirigidas a grupos vulnerables. A partir de mañana y durante dos días más, las dependencias involucradas deberán rendir cuentas sobre el apoyo a decenas de agrupaciones, que se congregarán en el Centro Médico Siglo XXI en el encuentro Hacia la corresponsabilidad, encuentro sociedad civil-gobierno federal.
La Ley de Fomento que regula las actividades de dichos grupos sólo plantea sanciones para aquellos representantes de la sociedad civil que realicen un mal ejercicio, pero no hay una normatividad similar para hacer lo propio contra instituciones de gobierno que actúen de manera arbitraria, con corrupción y corporativismo.
Cuauhtémoc López, representante de Enlace, Comunicación y Capacitación, explicó en entrevista que la actividad de hoy sólo es el comienzo para empezar a transparentar los recursos públicos de la administración federal en esta materia, muchos de los cuales tienen un uso político y discrecional. Puso de ejemplo el desvío de 30 millones de pesos en Provida.
En este contexto recordó que hay una circular del Instituto Federal de Acceso a la Información que, en congruencia con la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, exige a cada dependencia que dé a conocer los fondos para estas agrupaciones, "pero todavía falta por caminar, no se trata solamente de la creación de un programa de financiamiento de proyectos; implica cosas más amplias, espacios de consulta, de supervisión de políticas públicas y otras.
"A nosotros nos interesa, por ejemplo, abordar el tema fiscal, porque la Secretaría de Hacienda nos equipara, en términos del impuesto sobre la renta y el laboral, con cualquier empresa, siendo que no generamos un capital para pagar impuestos; sin embargo, tenemos que cubrirlos."
Al acto asistirán, además de representantes de las organizaciones, los secretarios de Gobernación, Desarrollo Social, Salud, Economía, Seguridad Pública y de la Función Pública, así como senadores y diputados.