Ningún partido aceptó subsanar las lagunas fiscales
Las actuales precampañas operan al borde de la ley
Aún faltan siete meses para el arranque de las campañas electorales y ya las tres principales fuerzas políticas se han acusado mutuamente de trampear la ley y violentar las reglas en esa ambigua fase que son las precampañas. Las lagunas que en materia de fiscalización existen en este periodo, y que ningún partido aceptó subsanar, son el origen de las descalificaciones que se han adueñado, junto con los millonarios gastos sin regulación, del escenario político.
''No existe regulación alguna para este periodo'', admite el consejero electoral Virgilio Andrade, y al no haberla, por criterio de interpretación lo que interesa es explorar el vínculo con el partido político; cada caso debe ser analizado y visto bajo esta óptica del grado de vinculación''. Lo único claro, asegura, es que a partir de que formalmente arranquen las campañas internas, como es el caso del PAN, todos los ingresos de los candidatos y sus gastos están perfectamente regulados, pero entonces, según estipula el reglamento de fiscalización.
Esa es la inconformidad que ha externado el PRD ante el Instituto Federal Electoral, en su denuncia contra la decena de candidatos priístas y panistas que comenzaron a multiplicar su presencia en forma de espots a todas horas en los medios electrónicos. Son actos anticipados de campaña que impactan directamente en la equidad de la contienda y, por tanto, el IFE debe frenar. Por ahora, el instituto sólo ha convocado a una entrega voluntaria de informes de gastos de campaña que pocos, muy pocos han respondido, dijo el partido del sol azteca.
Una queja similar interpusieron en contra del PRD sus adversarios por la difusión de las denominadas Historias de la ciudad, donde, según ellos, se exaltaba la imagen del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, con fines de proselitismo electoral. Ninguna ha sido resuelta.
Ningún asidero legal: IFE
Por ahora, admite Andrade, desde la ''perspectiva electoral no se tiene ningún asidero legal que obligue a conocer el origen de los recursos de aquellos que están aspirando a la Presidencia''. Se cuenta sólo con el reporte voluntario que se hará público, junto con el conjunto de informes -esos sí obligatorios- de los procesos internos entre marzo y mayo de 2006.
Entrevistado sobre la polémica desatada en torno a las campañas de militantes priístas y panistas, Andrade deja clara su postura ante el aprovechamiento que han realizado los aspirantes frente a las lagunas legales: ''Evidentemente ha habido pronunciamientos de carácter personal. No hemos percibido ninguna conducta de los partidos políticos. Frente a ello, surgen preguntas sobre si eso conduce a inequidad o actos anticipados de campaña''.
En este aspecto destaca que los tiempos regulados son claros. ''Mientras no estén registradas como aspirantes en una elección interna, las personas son libres de recaudar fondos y gastar su dinero. Nosotros hemos abierto la posibilidad de que se presenten informes voluntarios.'' No obstante deja abierta una posibilidad: ''El periodo previo al proceso de selección interna en principio no tiene regulación; sin embargo, podrían existir situaciones en las que el vínculo con el partido, y posiblemente la promoción del voto, dieran lugar a una situación de acto anticipado de campaña''.
Tal es la disyuntiva frente a la queja del PRD, que en su escrito aporta diversos elementos de prueba que pretenden apuntalar su hipótesis de que el PAN (hasta antes de iniciar su proceso interno formal) y el PRI están consintiendo estos actos de precampaña y la inequidad que de ahí se desprende. La presentación de publicidad de Unidad Democrática y algunos candidatos con el logo priísta, y la entrega de fotos en diversos actos de proselitismo con banderas panistas, son sus pruebas.
La regulación es clara y arranca desde el momento en que se registran los candidatos. En el caso del blanquiazul, a partir del 11 de julio pasado, cuando ''todo el dinero que reciban los candidatos es responsabilidad también del partido, y por tanto debe cumplir con las normas, pues la cuenta (bancaria) de los aspirantes debe ser manejada mancomunadamente con el partido y éste se hace corresponsable del origen lícito de los recursos''.
Es decir, no habrá dinero de empresas, del extranjero ni de asociaciones religiosas; no excederá del financiamiento público que reciba el partido; las aportaciones de simpatizantes se restringirán al tope máximo permitido, 976 mil pesos, y en global a 195 millones. Esa es la obligación a partir de que se inicie la campaña; por eso el financiamiento de la millonaria campaña de Santiago Creel Miranda sólo se conocerá si así lo quiere el candidato. Lo único claro es que aprovechó cuando las reglas no estaban vigentes, pues a partir de ahora deberá reportar todos sus gastos, incluso en el periodo en el cual, de resultar ganador -6 de noviembre, como máximo, y el registro como candidato oficial, 15 de enero-, deberá reportar los gastos que se contabilizarían como parte de la campaña.
Por eso el PRI se ha deslindado del proceso de preselección interna de Unidad Democrática, a efecto de que no se contabilice como parte del proceso y se tengan que regular los gastos conforme a las disposiciones del reglamento de fiscalización. Así, los gastos de las campañas de Enrique Jackson Ramírez, Enrique Martínez y Martínez, Tomás Yarrington, Arturo Montiel Rojas y Manuel Angel Núñez Soto sólo se conocerán por voluntad propia de los aspirantes.
En tal sentido, el tricolor envió una carta al IFE para deslindarse de tal gasto y, cuando se conoció de la queja del PRD y las razones que argumentaba para vincular a Unidad Democrática y el PRI, se eliminaron todos los logos priístas a fin de impedir que la autoridad electoral pudiera establecer esa relación aspirantes-partido, que obligaría a computar el gasto de campaña.
También en el PRD se hicieron adecuaciones para aprovechar la lagunas legales y se modificaron los tiempos de elección de su candidato, que arrancaban a fines de mes, para llevarlos a noviembre. De haber cumplido la convocatoria original, a partir del registro del candidato comenzarían a contabilizarse los gastos de campaña.
Así, las estrategias partidistas por ahora caminan en el borde de la ley, en el vacío que la propia autoridad reconoce.