Sesionará el miércoles para aprobar las modificaciones y cerrar el periodo extraordinario
Cambia el Senado iniciativa de reforma del Presidente en materia de justicia
Rechazan priístas que el sistema de justicia nacional se parezca al de Estados Unidos
El Senado de la República sesionará el próximo miércoles para clausurar el periodo extraordinario y aprobar algunas iniciativas del paquete de reforma en materia de justicia del presidente Vicente Fox, aunque con varios cambios de fondo y de forma.
Pese a que el Ejecutivo federal repitió en diversas ocasiones que no quería la aprobación de su propuesta "en abonos", las reformas "irán saliendo de acuerdo con los consensos", comentó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Antonio García Torres.
Responsable del tema de seguridad pública en la bancada del PRI, el legislador reiteró que la propuesta de Fox implica un cambio radical del sistema penal mexicano, para equipararlo con el de Estados Unidos, por lo que el análisis ha sido exhaustivo, se consultó con ministros de la Suprema Corte, magistrados, académicos y especialistas en el tema y se han ido aprobando algunas disposiciones en las que se logró el acuerdo.
En la sesión del pasado 29 de junio quedaron en primera lectura las propuestas de reforma a seis artículos de la Constitución, que forman parte del paquete foxista y que fueron incluso modificadas por los legisladores, y ya con esos cambios, lo más probable es que el próximo miércoles se voten en el pleno.
Entre los cambios se encuentra la reforma al artículo 17, a fin de dejar consignada en el texto constitucional la posibilidad de aplicar el criterio de oportunidad sólo para delitos no graves, susceptibles a otras alternativas distintas al proceso penal.
Para lograr ese acuerdo hubo una fuerte discusión, ya que en su propuesta original Fox planteaba incorporarlo al artículo 16, pero los priístas consideraron que ello no era correcto, toda vez que éste se centra en la actuación del Ministerio Público y el artículo 17, en cambio, a los principios orientadores de la justicia, a los que debe subordinarse ese criterio de oportunidad.
Los integrantes de las comisiones dictaminadoras modificaron también la propuesta de Fox para reformar el artículo 18 constitucional, ya que estuvieron de acuerdo con la reubicación de reos, pero con la condición de que se tome en cuenta la naturaleza de los delitos cometidos.
"Debe preverse que esta disposición no permita reubicar a reos que por el delito cometido o por su nivel de peligrosidad se encuentran en centros especiales, a otros de menores condiciones de seguridad."
Parte de la reforma del Ejecutivo es cambiar el sistema penal actual por otro muy parecido al que rige en Estados Unidos, y los priístas no están de acuerdo. Incluso rechazaron la modificación al artículo 21 constitucional, por la que se pretendía sustituir el término Ministerio Público por el de fiscal del ministerio.
Ello, por considerar que "existe una buena referencia a la tradición jurí- dica nacional de los últimos cien años en cuanto a la denominación de Ministerio Público".
Desecharon también cambiar el término indiciado por el de imputado, que se propone en el paquete de Fox, y el artículo 22 constitucional no se modifica.
Igualmente le enmendaron la plana a Fox y sólo aprobaron parte de los cambios al artículo 20 de la Carta Magna, que tienen que ver con reforzar las garantías procesales de los acusados.
"Los integrantes de las comisiones dictaminadoras decidimos por mayoría que debe reconocerse la necesidad de que el inculpado cuente con una asesoría profesional. Ello puede llevar a admitir la exigencia de que se trate de una persona con título profesional correspondiente a estudios de licenciatura en derecho, denominación más precisa que la de abogado."
No obstante, objetan la certificación profesional, "pues podría entrañar una limitante severa al ejercicio profesional" y el riesgo de abusos y prácticas discriminatorias o juicios subjetivos.
También avalaron los cambios a la fracción quinta de ese artículo 20, a fin de incorporar el derecho de las víctimas mayores de edad a no ser careadas con el inculpado, cuando se trate de violación o de secuestro, "a fin de salvaguardar su salud emocional, ya de por sí íntimamente afectada".