El anuncio de la juez puede demorar días o semanas
Listo, el proyecto de resolución por la matanza de junio de 1971
El proyecto de resolución sobre el caso del jueves de Corpus está listo. Sin embargo, fuentes judiciales y jurídicas cercanas al caso revelaron ayer que hasta el cierre de esta edición la magistrada Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, titular del quinto tribunal unitario del Distrito Federal, aún no se decidía a firmarlo. Incluso dijeron que la impartidora de justicia se inclina por esperar varios días más antes de emitir su fallo correspondiente.
En días pasados había trascendido que este viernes -último día de labores en los tribunales federales antes del periodo vacacional de verano- la juzgadora definiría el futuro jurídico del ex presidente Luis Echeverría Alvarez y de su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, acusados de genocidio del 10 de junio de 1971 por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Sin embargo, todo parece indicar que las partes involucradas en el litigio tendrán que esperar más tiempo para conocer el sentido de la resolución.
Las fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) consultadas indicaron que la magistrada Velasco Villavicencio postergó el inicio de sus vacaciones hasta el próximo 20 de julio, e informaron que "tiene pensado irse aún sin definir si concede o niega las órdenes de aprehensión" contra los dos ex funcionarios priístas.
Hoy se cumple un mes de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que para los casos de Echeverría Alvarez y Moya Palencia no ha prescrito el delito de genocidio, y devolvió al quinto unitario el expediente para que la magistrada defina si proceden las órdenes de captura solicitadas por la fiscalía para casos del pasado, que encabeza Ignacio Carrillo Prieto.
Como no existe un plazo de ley que la obligue a resolver el asunto en un tiempo determinado, la juzgadora podrá tomarse los días o semanas que considere necesarios para ello.
Los informantes precisaron que la magistrada Velasco Villavicencio aún no está totalmente convencida con el proyecto de dictamen que elaboró en las tres semanas recientes junto con sus secretarios proyectistas y con la asesoría de diversos funcionarios del PJF, por lo que prevé "reflexionar más el caso, sin presiones de tiempo".
Lo que debe definir la juzgadora es si la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971 fue un acto de genocidio, y si el ex presidente y su secretario de Gobernación incurrieron en ese delito, considerado grave por las leyes mexicanas y que no alcanza derecho a la libertad provisional bajo fianza.