El "rescate bancario"
Funcionarios del sector Hacienda anunciaron que quedó cerrado el caso del llamado rescate bancario, a cargo primero del Fobaproa y luego de su sucesor, el IPAB. Supuestamente, con esto ya no podría haber nuevas revisiones sino hasta 2008, dijeron, cuando concluyera el análisis de la cuenta pública de 2005.
Esto viene a cuento porque parte importante de los créditos "rescatados", pagando un dineral a los bancos por concepto de una deuda contraída con ellos por el gobierno federal, fueron calificados como "no reportables". Este término fue usado por el auditor canadiense que originalmente revisó la documentación para denotar que había en ellos irregularidades de diferentes tipos.
Siendo ellos mismos corresponsables del daño causado a la nación en beneficio de los banqueros "rescatados", quieren cerrar ya el asunto, y suplir con su discurso una realidad fatal: están por salir del gobierno, a fines del año próximo, y, por tanto, su impunidad quedará en riesgo.
Aunque el Congreso no es la única entidad que puede revisar documentos oficiales, si hablamos del mismo hay que ver los tiempos reales de la cuenta pública de 2005, donde deberán exhibirse los resultados de todo este multimillonario movimiento. En junio de 2006, Hacienda deberá entregar al Congreso la cuenta pública de 2005. El nuevo Congreso, la nueva legislatura, se inicia el primero de septiembre de ese mismo año, y la Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico y fiscalizador de la Cámara de Diputados, unos días después entregará a dicho organismo el informe previo sobre esa cuenta.
A partir de ese momento, se pueden iniciar las auditorías que ese órgano legislativo decida. No hasta 2008. Y los diputados, electos el 2 de julio de 2006, junto, entre otros, con el nuevo presidente de la República, serán los que decidan tiempos y rumbos de las auditorías.
Es más, el proceso formal de revisión de la cuenta pública de 2005 tampoco concluye en 2008, sino en 2007, con el informe de resultados. Claro, los seguimientos de los casos auditados, incluyendo nuevas auditorías, pueden seguir después.
Esa especie de conjuro, en el que quienes lo practican suponen que basta con que repitan suficientes veces que ya está cerrado el caso para que esto sea un hecho, no sólo ignora lo que las leyes establecen y lo que formalmente va a suceder. Más aún, desconocen la realidad política del país. ¿Acaso quienes tramaron el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal para impedir su candidatura a la Presidencia, no creían haber ganado todas las batallas al lograr la aprobación de esa medida por la mayoría de la Cámara de Diputados? Pero la realidad política, cuya mayor expresión fue la gigantesca Marcha del Silencio que llenó el Zócalo y varias calles y avenidas a su alrededor, pudo más que todos esos planes, supuestamente apoyados en la ley.
Esa realidad política puede resumirse en pocas palabras: la gente ya no se deja. La ciudadanía ya no acepta pasivamente que funcionarios hagan lo que les dé la gana. Y la polémica no se va a resolver ahora, sino más adelante.
Lo que sí logran los tecnócratas con su discurso en favor de la impunidad, en lo que se ha calificado como el mayor saqueo de nuestra historia, es recordarle a la gente que se entere de sus declaraciones, que no debe votar por los partidos que tramaron y que luego apoyaron este supuesto rescate. Precisamente, los partidos de los cuales la mayoría de diputados votaron por el famoso desafuero: el PRI y el PAN.
Por lo pronto, lo menos que puede esperarse que ocurra es, como se ha dicho, una especie de "juicio de la verdad", del estilo de los que se llevaron a cabo en países latinoamericanos cuyas leyes habían sido alteradas por las juntas militares, antes de devolver el poder a los civiles, para garantizar su propia impunidad. En estos juicios se aclararon, y se hicieron públicos, los crímenes cometidos y los culpables. Ese juicio, aquí, abriría la puerta a un proceso en el que se buscaría reducir la pesada carga del servicio de la deuda en nuestro país, la deuda ya completa incluyendo la que los tecnócratas no reconocen como tal: la del Fobaproa, precisamente, y también la de los Pidiregas en el sector energético y las de otros "rescates" como el de las carreteras. Este proceso, a su vez, contribuirá a la recuperación de la economía nacional, estancada desde hace más de 20 años.