Adolfo Tecla Parra se convirtió a sus escasos 15 años en víctima de la guerra sucia
Ni edad, género o presunta inocencia salvaban a detenidos de ser torturados
Recuperada la memoria, resta encontrar a los desaparecidos y castigar a los responsables
A sus escasos 15 años, Adolfo Tecla Parra se convirtió en víctima de la guerra sucia. Fue detenido, junto con su hermana Violeta, el 3 de junio de 1975 por agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), ambos acusados de pertenecer a la Brigada Roja de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Desde ese día no se sabe nada de él.
Su ficha aparece en el expediente de la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPT), donde fue sometido a torturas e interrogatorios. En la vieja foto se observa su mirada de frente a la cámara, denotan temor sus ojos hinchados, como después de un prolongado llanto. Se le ve ojeroso y en su rostro se aprecian marcas de golpes.
En un informe del director de la DFS, Luis de la Barreda, se advierte que "se encuentra detenido por dedicarse al 'brigadeo'" y, más adelante, consigna su declaración: "[...] Indicó que se prepara para la lucha revolucionaria y que hasta la fecha de su detención sólo había leído algunas obras de Lenin y del Che Guevara, que se encontraban en las casas donde habitó, y que sólo por periódicos se ha enterado de la realización de robos a instituciones bancarias y otras empresas, así como de la muerte de policías en acciones efectuadas por miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre [...], [dijo] que tampoco ha intervenido en el reparto de propaganda ni en ninguna actividad de la mencionada organización y que solamente se considera simpatizante de ella".
Su juventud y presunta inocencia no lo salvaron de los tormentos ordenados por Miguel Nazar Haro ni de su posterior desaparición forzada.
Su caso, como el de los más de 700 desaparecidos por motivos políticos en los años 70 y 80 -según informes oficiales y testimonios- han sido responsabilidad de la DFS, la DIPD y el Ejército Mexicano. Su rastro se perdió mientras estaban detenidos en esas instituciones.
Son 10 militantes de la liga que desaparecieron entre junio y agosto de 1975, cuyas fichas forman parte del expediente de la DGPT presentado. El documento prueba que estuvieron detenidos en el Cuartel de Granaderos de Tlaltelolco y en las instalaciones de la policía capitalina.
Llama la atención el caso de la familia Tecla Parra, de la que están desaparecidos Adolfo, Violeta, Artemisa y su madre, Ana María Parra. Situación semejante es la de los hermanos Gallangos Cruz, Francisco y Roberto, así como de la esposa de éste, Carmen Vargas, de los que no se sabe nada. Otro más, es el de David Jiménez Fragoso, padre de David Jiménez Sarmiento, dirigente de la liga, cuyo hijo Carlos también está desaparecido.
Los Tecla Parra
Alfredo Tecla Parra fue detenido el 2 de junio de 1975. Torturado por la DFS, confiesa una cita con sus hermanos Violeta y Adolfo, quienes fueron detenidos al día siguiente en las inmediaciones de la Preparatoria Popular de Tacuba.
Los tres estuvieron detenidos en el Cuartel de Granaderos de Tlaltelolco. Violeta fue casi la última persona que vio vivo a su hermano Adolfo.
Violeta, integrante de la Brigada Roja de la liga, fue encarcelada como Alfredo poco después. Liberada en marzo de 1977, se reincorporó a la organización y la DFS la recapturó el 4 de abril de 1978 en Monterrey, Nuevo Léon. Trasladada "por órdenes de Miguel Nazar Haro" al Campo Militar número Uno, ya no se supo de ella.
Pero la cruel zaga de la familia no terminó ahí. Artemisa Tecla Parra, militante de la liga, fue detenida el 16 de mayo de 1978 en Delicias, Chihuahua. Un informe de la DFS reseña su traslado al Campo Militar número Uno. La información de ella es un reporte de la DFS, del 19 de mayo, donde confirma que estaba "sometida a interrogatorios".
Su madre, Ana María Tecla, integrante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), fue detenida en marzo de 1971. Salió de prisión en agosto de 1977. Dos años después, incorporada a la liga, fue detenida el 17 abril de 1979 en Chihuahua. Testimonios señalan que la vieron por última vez ese año en el Campo Militar número Uno.
Detenciones en cascada
Carmen Vargas Pérez, de 26 años, fue detenida el 26 de julio de 1975, frente al cine Cuitláhuac. Estudiante del CCH Vallejo, era esposa de Roberto Gallangos Cruz, ambos miembros de la Brigada Roja y padres de Aleida y Lucio Antonio Gallangos, a quienes por décadas se les consideró desaparecidos.
Roberto Gallangos fue detenido el 19 de junio de 1975, en un tiroteo con la DFS donde resultó herido su hijo Lucio, que la policía entregó a un hospital infantil y luego fue adoptado. Recientemente fue localizado por su hermana en la ciudad de Washington.
Bajo tortura, Carmen aportó datos que condujeron a la captura de Mario Domínguez, Leonardo Jiménez y Araceli Ramos. El último indicio sobre ella es una declaración que le tomó la DFS el 2 de agosto de ese año.
Mario Domínguez Avila fue detenido por la DFS ese 26 de julio. Estudiante de la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN), pertenecía a la Brigada Roja de la liga.
Domínguez participó en acciones de propaganda de la organización y en varios asaltos a empresas y bancos (como el de Villa Coapa en abril de ese año, donde murieron ocho policías y tres civiles). También intervino en la emboscada a un tren en Xalostoc, el 14 de febrero de 1974, en el que murieron cuatro soldados. Tenía 26 años cuando desapareció en la DGPT.
Leonardo Jiménez Alvarado fue detenido junto con Araceli Ramos Watanabe el 27 de julio. Ambos tenían apenas unos meses en la organización armada, Leonardo tenía 22 años y era estudiante de Economía del IPN, además de distribuir el periódico Madera, la pareja participó en el asalto al supermercado La Hormiga, el 31 de mayo de ese año, donde murió un policía.
Araceli Ramos Watanabe tenía 18 años cuando fue detenida. Era estudiante de preparatoria. El 2 de agosto de 1975 se pierde la pista de ambos en la DGPT.
Paseada por la ciudad
Existe el testimonio de Jesús Ochoa Ortiz, Maritza Ochoa y Francisco Maya, detenidos por la DFS el 1º de agosto, en el que afirman que antes de ser liberados vieron con vida a Leonardo Jiménez, a Araceli Ramos y a Mario Domínguez. Maritza Ochoa fue paseada por la ciudad con Leonardo para identificar guerrilleros. Cuenta que lo vio hinchado por efecto del anestésico Pentotal, muy golpeado y con las costillas rotas. La familia de Juan Reyes Peláez, militante de la liga, también detenida, en septiembre y octubre de 1975 fue testigo de cómo agentes aporreaban a Leonardo en el Cuartel de Granaderos de Tlaltelolco y en la DGPT.
Identificado por su hermano Roberto, Francisco Avelino Gallangos Cruz fue detenido por la policía el 22 de agosto de 1975, cerca de La Merced. Tenía 19 años y apenas había ingresado a la organización en enero de ese año. En los "interrogatorios" Francisco dio el domicilio de Delia Morales López, quien también fue detenida, según informe de Luis de la Barreda, fechado el 23 de agosto. Después nada se sabe de él, de su hermano. Sólo eso se concoce de ellos.
La ficha de Delia Morales en el expediente de la DGPT sólo registra: "No ha sido declarada, se continúa la investigación de la detenida". Existe una declaración de ella fechada el 29 de agosto y firmada por Manuel Rodríguez Brito, jefe de la Oficina Jurídica de la DGPT. Es la última noticia que se tiene de Delia, quien tenía 24 años cuando desapareció. En octubre de 1975, su familia fue detenida y torturada.
El último caso es el de Joaquín Porras Baños. Sólo se sabe que fue detenido en agosto de 1975 en Viaducto y avenida Las Torres y que fue herido en un enfrentamiento con agentes de la DFS. El expediente de la DGPT registra que "fue pasado al Hospital Central Militar y su estado es delicado". Aclara: "No existe fotografía de este elemento, ya que hasta el momento era desconocido, se le conoce únicamente por su apodo y no se ha interrogado debido a su salud". No llegó a la cárcel, tampoco figura en la lista oficial de desaparecidos políticos y nadie sabe su paradero".
El expediente de la DGPT, presentado por La Jornada, es un testimonio documental de este capítulo de la historia que no concluye. Falta, por supuesto, encontrar a los desaparecidos, que el Estado asuma su responsabilidad y se castigue a los responsables. A la sociedad corresponde recuperar la memoria histórica de este episodio.