La responsabilidad de ser garante de la seguridad social no debe dejarse a Afores: diputado

Reformar pensiones del ISSSTE, prioridad del foxismo en próximo periodo legislativo

ROBERTO GARDUÑO

La reforma al sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) será uno de los principales objetivos del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada durante el próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. La administración federal, a instancias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pretende que todos los trabajadores en activo del instituto ingresen al sistema de cuentas individuales de ahorro para el retiro, dominado por el capital privado por medio de las Afores.

El intento del foxismo por evadir la responsabilidad del Estado con los trabajadores que le sirven a éste dará comienzo en agosto, cuando el presidente de la República envíe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma al sistema de pensiones del ISSSTE, elaborada por la SHCP. De esa instancia, la iniciativa se turnará a la Cámara de Diputados, donde habrá de dictaminarse para, posteriormente, presentarse ante el pleno camaral con objeto de ser o no aprobada.

Miguel Alonso Raya, presidente de la Comisión de Seguridad Social en San Lázaro, confirmó que el Ejecutivo federal tratará de resolver con esa medida el pasivo de pensiones con el que carga el instituto y cuyo monto supera el billón 300 mil millones de pesos.

El acuerdo político en torno a la reforma a las pensiones del ISSSTE ya se ha concretado entre el gobierno federal y los grupos parlamentarios del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados. Así lo manifestó el miércoles pasado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador de los priístas, quien en un programa de televisión sostuvo la urgencia de sacar a adelante la reforma respectiva.

En aquella ocasión el legislador del Revolucionario Institucional adujo que la carga al erario por concepto del pago a los ex trabajadores se ha convertido en una pesada carga a las finanzas públicas.

En respuesta, Miguel Alonso Raya replicó a Chuayffet, al sostener que la reforma trata de "monetizar las aportaciones de los trabajadores, al entregarles -si se concretara la propuesta- un bono en papel que habrán de canjear en las Administradoras de fondos para el retiro (Afores) existentes por el monto que han ahorrado durante su vida laboral. Simplemente, tratan de quitar la responsabilidad al Estado".

A la fecha, establecen reportes de la Comisión de Seguridad Social, la Secretaría de Hacienda ha elaborado escenarios catastróficos con objeto de convencer a la mayoría de la sociedad de la urgente necesidad de establecer las cuentas individuales en el sistema del ISSSTE. Tal visión exenta de toda responsabilidad al Estado en su tarea de atender a la sociedad.

"Debemos romper con ese discurso y tenemos que acordar, como sucedió con el Pacto de Toledo, en España, donde se resolvieron graves problemas político-económicos relacionados con la seguridad social. Hay que hacer ajustes para distribuir las cargas entre el Estado, patrones y los trabajadores, para que las pensiones se universalicen. La negociación debe ser amplia para hacer del Estado el garante de la seguridad social; no podemos dejar esta responsabilidad en manos de agentes primarios como son las Afores", indicó.

Migrar a sistema de cuentas individuales

La instrumentación de las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores en México se ha venido convirtiendo con el tiempo en un severo atolladero para las finanzas públicas, porque la capacidad de ahorro de los trabajadores en su etapa de vida productiva es raquítica, al grado que las pensiones proyectadas a la hora del retiro de los empleados son inferiores a las que otorga la administración federal.

En el caso de las tazas de remplazo, una estimación elaborada en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y recabada en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, establece que con un tiempo de cotización de 30 años, un trabajador que obtenga un salario mínimo acumulará un monto de 75 mil 943 pesos, para obtener una pensión de 247 pesos al mes. Para aquellos que ganen dos salarios mínimos el acumulado será de 93 mil 789 pesos y la pensión mensual se incrementará a 391 pesos. Y para los que perciban tres salarios mínimos, con 123 mil 407 pesos de ahorro, cada mes recibirán 514 pesos.

A tal hecho también se suma el resultado de la auditoría a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro Para el Retiro (Consar), elaborado por la Auditoría Superior de la Federación en 2002, donde se reconoce que para superar la pensión mínima garantizada, es decir, un salario mínimo de la actualidad cuya cifra asciende a mil 400 pesos al mes, los trabajadores deberán cotizar durante 25 años y percibir un ingreso de al menos cinco salarios mínimos.

"Los trabajadores que perciben uno, dos y tres salarios mínimos (56.2 por ciento del total de los trabajadores afiliados al sistema) deben cotizar un mínimo de 25 años y obtener rendimientos de 10.2, 8.1 y 6.6 por ciento respectivamente, para obtener una pensión mínima garantizada; en caso contrario, la diferencia deberá ser financiada con recursos federales".

En tal escenario la propuesta de la SHCP para el ISSSTE insiste en lo siguiente: migrar a un sistema de cuentas individuales que sustituya al actual, con base en separar a la población en tres generaciones, jubilados, trabajadores actuales y nuevos trabajadores; emitir un bono de reconocimiento para finiquitar la responsabilidad del Estado, como patrón, con sus trabajadores (que tendría un costo de un billón 200 mil millones de pesos); ahí, las pensiones se pagarían con el bono, los ahorros futuros y los rendimientos que se obtengan.

Dicha propuesta, refiere una crítica elaborada en la Comisión de Seguridad Social, no considera la situación que enfrentan los servicios de salud ni propone la atención de sus rezagos, ni mucho menos su rescate. Reduce la crisis del ISSSTE (y de la seguridad social en gran medida) a un problema de ingresos y egresos, de flujo de caja y de pasivos contingentes.

"Opta por una reforma 'espejo' a la del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin haber hecho un balance de aquella, y emplea un instrumento que en su momento se consideró riesgoso (bono de reconocimiento) e impactó negativamente al sistema chileno. Generaría una posible saturación del mercado financiero y una baja en los rendimientos: con la reforma planteada habría cerca de un billón 300 mil millones de pesos en el sistema de fondos para el retiro, de los cuales cerca de un billón estarían en papel de gobierno". Este último hecho implicaría una carga de un billón de pesos a la deuda pública.