La legislación sitúa al país a la vanguardia en materia de respeto a las minorías

Polariza ánimos en España la ley que permite el matrimonio homosexual

Los detractores consideran que amenaza la moralidad establecida por el Vaticano

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 28 de junio. El colectivo homosexual en España -calculado en más de 2 millones de personas- se ha convertido en el centro del debate político, social y mediático, en el que se confrontan cada día con más virulencia dos visiones antagónicas, quizá irreconciliables. La inminente aprobación de una nueva ley que regulará los derechos civiles de los gays y las lesbianas, incluido el del matrimonio, representa para unos un paso histórico que sitúa a este país a la vanguardia en materia de derechos básicos y respeto a las minorías, mientras para sus detractores representa un ataque sin precedente a la figura -o "sacramento"- del matrimonio y una amenaza a la moralidad establecida por la jerarquía de la Iglesia católica, es decir, del Vaticano.

El presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió -durante la campaña electoral que lo llevó al poder en los comicios del 14 de marzo del año pasado- a impulsar una reforma jurídica que reconociera los derechos y las obligaciones de los homosexuales, colectivo históricamente olvidado, perseguido u objeto de represalias, con particular dureza durante la dictadura fascista de Francisco Franco (1939-1976).

Desde la reinstauración de la democracia, los homosexuales se han convertido poco a poco en un colectivo organizado y unido en torno a sus reivindicaciones específicas: durante la década de los 80 combatieron la xenofobia heredada del régimen franquista, además de sensibilizar a la sociedad para que asumiera con normalidad su preferencia sexual. A partir de los años 90, ya con avances notables en su lucha contra la discriminación, el colectivo homosexual reclamó un reconocimiento jurídico y social idéntico al del resto de los ciudadanos españoles. Es decir, que se modificara la legislación civil para que se incluyeran o crearan nuevas figuras jurídicas -como la de "parejas de hecho" o el "matrimonio de gays y lesbianas"-, para dotar de los mismos derechos y obligaciones a este colectivo, que representa más de 5 por ciento de la población.

El mandatario español cumplió su promesa electoral y, en menos de un año de legislatura, envió al Congreso de los Diputados el borrador de la ley en esta materia, en la que están las principales reivindicaciones de los homosexuales, incluidas la del matrimonio y -la más polémica- la del derecho a la adopción en igualdad de condiciones. El proyecto de ley fue aprobado por amplia mayoría, con los votos en favor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, en el poder), Izquierda Unida (IU), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y las formaciones integradas en el Grupo Mixto (aragoneses, vascos, gallegos y canarios). El derechista Partido Popular (PP), principal grupo opositor, y un sector de los catalanes de Convergencia i Unio (CiU) votaron en contra.

Tras la aprobación parlamentaria, el proyecto de ley fue remitido al Senado, donde fue vetado gracias a la mayoría del PP y de CiU, lo que no significa su paralización, ya que este órgano legislativo carece de competencias para anular o modificar las iniciativas que debate. La ley será finalmente aprobada el próximo jueves en el Congreso de los Diputados, por lo que estará vigente cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a propuesta del Ejecutivo.

Manifestaciones promovidas

Pero el cariz y la envergadura de la reforma ha encolerizado a los sectores más conservadores de la sociedad española, en particular de la jerarquía de la Iglesia católica -con el beneplácito del Vaticano- y de los actuales dirigentes del PP. En una decisión inédita en la historia reciente de este país, la Conferencia Episcopal Española (CEE) decidió asistir y promover todas las manifestaciones contra el matrimonio homosexual y el derecho de adopción de este colectivo. La primera protesta convocada por el denominado Foro Social de la Familia concentró unas 200 mil personas en Madrid, en la que se exigió la anulación total de la ley y se escucharon consignas ofensivas contra los homosexuales.

En medio del intenso y crispado debate en torno a esta ley, la ponencia ante el Senado de un supuesto experto en esta materia invitado por el PP, el sicopatólogo Aquilino Polaino, puso de manifiesto la intransigencia en las posturas de los detractores a la reforma. En su discurso, Polaino catalogó a la homosexualidad como "una enfermedad" que se puede curar a través de una "terapia reparativa", además de afirmar que estas personas suelen ser "hijos de padres hostiles, alcohólicos y distantes" y de "madres sobreprotectoras y muy exigentes".

Estas afirmaciones provocaron la indignación de las asociaciones de gays y lesbianas y de prácticamente todos los partidos políticos, hasta el punto de que los dirigentes del PP se tuvieron que desmarcar de Polaino, quien además es uno de los principales ideólogos del Foro Social de la Familia y de los grupos contrarios al reconocimiento de los derechos de los homosexuales.

La subida de tono del debate ha despertado la solidaridad de una parte de la sociedad española con el colectivo, que se hará patente el próximo sábado en la manifestación del llamado "día del orgullo gay", en la que se vaticina una afluencia masiva que alcanzará cifras históricas.

Entre tanto, diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos se han expresado en favor de la nueva normativa, entre ellas Amnistía Internacional (AI), la cual declaró en un comunicado su "satisfacción" por los avances en materia jurídica para proteger a este colectivo. Sin embargo, también expresa su preocupación ante "las declaraciones homófobas" de algunos cargos públicos y autoridades eclesiásticas que atentan contra los derechos humanos de las minorías.