Investigan en Querétaro a ocho ex colaboradores de Loyola

Querétaro, Qro., 28 de junio. La Secretaría de la Contraloría estatal abrió un proceso administrativo contra ocho funcionarios que trabajaron en el gobierno del panista Ignacio Loyola Vera, hoy procurador federal de Protección al Ambiente, por ser presuntos responsables de irregularidades en la planeación y comprobación de 150 millones de pesos, destinados a la construcción del Aeropuerto Internacional de la entidad (AIQ).

Aunque el contralor Ricardo del Río Trejo no quiso revelar los nombres de los acusados, por ser un proceso "de carácter reservado", indicó que los elaboraron en las secretarías de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) y de Planeación y Finanzas.

Sin embargo, exoneró al ex gobernador y ahora titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de toda responsabilidad en las anomalías detectadas respecto al AIQ, y señaló que no tiene competencia para proceder contra él, facultad que corresponde en todo caso a la Legislatura local.

Es la segunda ocasión que la Contraloría realiza un proceso administrativo contra ex integrantes del gabinete de Loyola Vera y la segunda en que éste queda exculpado. El primero fue por la inadecuada planeación y construcción del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ), que fue demolido por fallas en su estructura.

En esa ocasión se encontró culpables al ex titular de la SDUOP Alfonso Ramos Rocha; al ex director de Obras Públicas Carlos Manuel Padilla Siurob; al ex coordinador de Vialidades José Luis Pérez Fuentes; al ex jefe de área del Departamento de Proyectos Mario Aguirre Córdoba, y al ex supervisor de Obra Gonzalo Gómez Vega.

Para resarcir el daño patrimonial de más de 50 millones de pesos se les condenó a pagar una multa general de 8 millones, dictamen que rechazaron e interpusieron un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyo recurso legal está en trámite.

En el dictamen actual, que se refiere a las obras del aeropuerto internacional, se destacan 22 observaciones, como deficiente planeación de proyectos de construcción, así como falta de estudios, documentación técnica y proyecto ejecutivo, irregularidades que ascienden a 150 millones de pesos, por lo que la Contraloría determinó abrir el proceso administrativo contra ocho funcionarios.

El contralor explicó que en caso de encontrar culpables a los ex funcionarios, que se sospecha son los mismos del caso CRIQ, serán sancionados con la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Entre ellos estaría el ex titular de Obra Pública Alfonso Ramos Rocha.

Mariana Chávez, corresponsal