Duro cuestionamiento de legisladores panistas y perredistas al funcionario del IPAB

Ningún funcionario público está en la cárcel por el Fobaproa: Beauregard

Complacencia con banqueros e indolencia para bajar el costo fiscal del rescate, destacan

ANDREA BECERRIL

''Si no es capaz de aplicar la ley, si ya nos dijo que es incapaz de hacerlo, ¿qué hace entonces en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)?'', preguntó el senador de Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Rico Samaniego, al titular de ese organismo, Mario Beauregard, quien fue duramente cuestionado por legisladores panistas y perredistas después de que insistió en sepultar la posibilidad de llegar al fondo del rescate bancario y reconoció que no hay ningún funcionario público en la cárcel por el caso Fobaproa.

''Tema cerrado es tema cerrado'', recalcó Beauregard al comparecer ante la Comisión Especial para el Seguimiento del IPAB, para tratar así de salir al paso a los muchos cuestionamientos que le formularon los senadores por no ir a fondo en las auditorías de los bancos rescatados. Dijo incluso que el costo del Fobaproa es sólo de 17 por ciento del producto interno bruto (PIB), muy por debajo de lo que costó un proceso similar en Chile.

Uno de los más incisivos fue el panista Luis Rico Samaniego, quien una y otra vez exigió al titular del IPAB explicaciones sobre por qué no se ha cumplido con el artículo quinto transitorio de la ley de ese instituto, donde se establece la obligación de auditar a los bancos para descontar las operaciones irregulares. Cuestionó incluso las cifras que el funcionario expuso.

El perredista Jesús Ortega criticó también que desde el IPAB se proteja a funcionarios y banqueros que incurrieron en actitudes ilegales, con auditorías tipo ''pizza'', es decir a la medida de los clientes. Hizo notar que el costo fiscal del rescate bancario es una cifra muy similar al presupuesto federal de todo un año, y nada se le descontará a los bancos.

Antes, en una larguísima explicación técnica, el titular del IPAB expuso que luego del resultado de las observaciones que formuló el entonces contralor interno de ese instituto, Fortunato Alvarez, y las auditorías GEL, se descontará a Banamex, Bancomer, Bital (ahora HSBC) y Banorte cerca de 11 mil millones de pesos. ''Ello, frente al brutal y escandaloso costo fiscal que ha significado el Fobaproa'', insistió el senador Ortega.

Dijo también a Beauregard que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró beneficios irregulares en Banamex por 21 mil 177 millones de pesos, y en el caso de Bancomer, por 35 mil 517 millones de pesos. ''Pero usted nos viene a decir que ya está resuelto el asunto, que les descontaron mil 200 millones de pesos a los bancos por las auditorías GEL''.

Ortega le preguntó luego cuánto se le descontó a Banamex en total. Beauregard respondió que 600 millones de pesos y eso dio pie para que el perredista le señalara que ese banco se vendió, luego de ser rescatado con 130 mil millones de pesos, pese a que en el informe Mackey se señala que no debió entrar en el Fobaproa.

Rico Samaniego insistió a su vez al titular del IPAB que explicara por qué no se han atendido las recomendaciones de Mackey, el señalamiento de irregularidades por 40 mil millones de pesos. ¿No hay nada de Fortunato Alvarez? ¿No hay nada del auditor superior de la Federación? ¿Estamos en el limbo de los justos?

El presidente de la comisión, el panista Fauzi Hamdan, abandonó la reunión al poco tiempo de que comenzó, luego de darse cuenta de que las críticas y cuestionamientos no tenían fin. Otro panista, Wadi Amad Shab Shab, le dijo a Beauregard que ''se está haciendo más pobres a los pobres y más ricos a los ricos''.

También el blanquiazul Alfredo Reyes Velázquez exigió explicaciones al funcionario sobre la complacencia con los banqueros y la indolencia para no cumplir con la ley y disminuir el costo fiscal del rescate bancario.

Nervioso, sobre todo cuando Rico Samaniego le refutó las cifras, el secretario ejecutivo del IPAB trató de evadir las respuestas concretas, insistió en que no se encontraron ilegalidades y que las autoridades debieron actuar de forma discrecional en el momento de crear el Fobaproa, porque no había otra opción.

El rescate bancario se incrementó por los intereses, dijo. De 223 mil millones se elevó a 239 mil millones, pero, justificó, es apenas 17 por ciento del PIB, mientras que el rescate en otros países, como Chile, ha sido mucho mayor y se sigue pagando. No había otra alternativa, insistió, o se habría llegado a una crisis como la de Argentina. Siguió con su discurso de que no se encontraron irregularidades.

El perredista Ortega insistió y le pidió precisar a qué funcionarios públicos se ha consignado por el Fobaproa, uno de los mayores casos de corrupción en el país. ''Que yo sepa, a ninguno'', respondió. El legislador le reprochó también que en la auditoría reciente a los cuatro bancos, el auditor de Bancomer fue José Paullada Figueroa, procurador fiscal con Zedillo, en 1999, quien intervino en el Fobaproa.

''¿No hay conflicto de intereses?'' No, sostuvo Beauregard, ''porque el criterio es que dos años antes no hayan tenido relación con el caso a auditar''.

Al final, Rico Samaniego resumió el sentir de los legisladores: ''No nos satisfacen sus respuestas''. Le advirtió que para el Senado el Fobaproa sigue abierto y la comisión en la materia irá a fondo para exigir que se cumpla la ley