Les imputan peculado y uso indebido de atribuciones
Ordenan detener a cuatro ex colaboradores de Labastida
Luego de una investigación de más de dos años, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo cuatro órdenes de aprehensión en contra de ex colaboradores del priísta Francisco Labastida Ochoa como presuntos responsables de los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades por un monto superior a cien millones de pesos. Los actos ilícitos se habrían cometido entre 1998 y 1999.
La juez Olga Sánchez Contreras, titular del juzgado quinto de distrito en materia penal con sede en el Reclusorio Oriente del Distrito Federal, libró las órdenes de captura desde el pasado 18 de mayo en contra de Rafael de Antuñano Sandoval, Vicente Garduño Hernández, Jorge René Domínguez Astudillo y Sergio Orozco Aceves, este último ex director de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), quien también se desempeñó como titu-lar de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Sinaloa, durante el mandato de Labastida Ochoa en aquella entidad, entre 1986 y 1992.
Según fuentes judiciales, los dos delitos que se les imputan les permiten el derecho a la libertad provisional bajo fianza e incluso con una suspensión provisional de amparo los inculpados evita-rían la cárcel.
Orozco Aceves y De Antuñano Sandoval tramitaron ya sendas demandas de amparo en el juzgado segundo A de distrito (en los juicios número 1439 y 1495, respectivamente).
El primero obtuvo una suspensión provisional, según las fuentes consultadas, por lo que podría acudir en las próximas horas al juzgado quinto de distrito a rendir su declaración preparatoria.
Como publicó La Jornada el pasado 5 de junio, la PGR investigó no sólo el desvío de recursos de la Dirección de Juegos y Sorteos para obras de remodelación de esa área, sino también indicios de presuntos pagos de una nómina secreta, que no pudieron ser corroborados de manera plena por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales.
La PGR ejercitó acción penal y solicitó la captura de los cuatro ex servidores públicos el pasado 20 de abril, por lo que la juez quinta de distrito inició la causa penal 33/2005 y 28 días después emitió las órdenes de aprehensión solicitadas.
Este fue uno de los casos de corrupción con tintes políticos que se consignaron ante un juez federal por la administración del ex procurador Rafael Macedo de la Concha, quien dejó la PGR el pasado 27 de abril.
La investigación, que consta en la averiguación previa 194/FESPLE/2003 -misma que estuvo a cargo del agente del Ministerio Público Federal Rubén Martín Olvera y Aguilar- se inició a partir de una denuncia presentada por la hoy Secretaría de la Función Pública en 2003. En ella el Ministerio Público Federal hizo comparecer al menos a diez ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación para determinar los grados de responsabilidad y tratar de acreditar el pago de una nómina secreta a ex funcionarios y políticos priístas mediante recursos obtenidos por la Dirección de Juegos y Sorteos.
Sin embargo, según fuentes oficiales consultadas, no fue posible acreditar pagos irregulares o entregas de dinero a empleados o políticos, por lo que la PGR procedió únicamente por el delito de peculado en contra de Antuñano Sandoval, Orozco Aceves, Domínguez Astudillo y Garduño Aceves.
De Antuñano Sandoval fue acusado junto con Juan Burgos Pinto, ex director de Gobierno de la SG, del delito de uso indebido de atribuciones y facultades. A finales de 2003 la PGR solicitó su captura tras considerar que ambos aceptaron en 1997 que Jorge Hank Rhon dejara de pagar 89 millones 165 mil 645 pesos y se le condonaran recargos por más de 39 millones de un adeudo que tenía con la SG, además de que le permitieron que sus centros de juego continuaran operando de manera normal.
No obstante, el 31 de mayo de 2004 Burgos y De Antuñano fueron absueltos de dicho cargo penal por el tercer tribunal colegiado, mismo que utilizó un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de Nación, mediante un amparo en el que se declaró inconstitucional el delito que les había imputado la PGR.
Sergio Orozco Aceves se desempeñó como director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación en 1998; Rafael de Antuñano Sandoval llegó a esa dependencia como director de Juegos y Sorteos y luego fue director general de Gobierno; Vicente Garduño Hernández fungió como coordinador administrativo de la Dirección de Juegos y Sorteos y Jorge René Estudillo fue director de Enlace Administrativo.
La conducta delictiva que hasta el momento se imputa a los cuatro ex funcionarios consiste en que habiendo recibido recursos oficiales los destinaron ilegalmente a remodelaciones de la Dirección General de Juegos y Sorteos, por lo que en caso de que sean detenidos podrán enfrentar su proceso en libertad pagando una fianza.
Este caso fue conocido por el hoy titular de la PGR, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, antes de ser nombrado titular del Ministerio Público Federal, ya que fungió de 2000 a 2002 como encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación; de 2003 a 2004 como subsecretario de Asuntos Jurídicos en esa misma dependencia y de noviembre de 2004 hasta el 28 de mayo de este año como consejero jurídico del Ejecutivo federal. Según fuentes oficiales, Cabeza de Vaca tuvo conocimiento del expediente en diversas reuniones con el general Macedo de la Concha.