Usted está aquí: miércoles 29 de junio de 2005 Política Instalan comisiones para investigar a Creel y a los hijos de Marta Sahagún

Citan en San Lázaro a titulares de Infonavit y SAT

Instalan comisiones para investigar a Creel y a los hijos de Marta Sahagún

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La Cámara de Diputados instaló formalmente las comisiones especiales que investigarán los negocios de los hijos de Marta Sahagún y los permisos otorgados por Santiago Creel a Televisa y otras empresas para operar casinos, casas de apuestas remotas y salas de sorteos de números.

Ambas comisiones, presididas por Malú Micher, del PRD, y Héctor Gutiérrez de la Garza, del PRI, iniciarán sus trabajos para recabar información documental que acredite o diluya las sospechas en torno a los hijos de Marta Sahagún y sobre las operaciones del ex secretario de Gobernación.

Micher informó que el primer acuerdo de la comisión que ella preside fue citar a comparecer al director general del Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), Víctor Manuel Borrás, y al jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría, para que expliquen los contratos y relaciones de negocios con la empresa Construcciones Prácticas, presumiblemente propiedad de los hijos de la esposa de Vicente Fox.

También el pleno camaral aprobó una reforma constitucional que permitirá a las entidades federativas investigar, perseguir y sancionar el narcomenudeo. El dictamen muestra cifras preocupantes de las adicciones en México: 3.1 millones de personas han consumido alguna droga ilícita; 43 por ciento se ubica entre los 12 y 25 años.

Los legisladores incorporaron a la Constitución un sistema nacional de justicia penal para adolescentes, con el propósito de proteger sus intereses en un juicio formal y en la ejecución de las sanciones aplicables mediante resoluciones judiciales.

Se prevé que la Federación, los estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus competencias, un sistema integral de justicia aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años.

De tal forma que los menores de 12 años que hayan cometido un delito serán sometidos a rehabilitación y asistencia social. Asimismo, se podrán aplicar medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso.

 
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