Pocas expectativas de que se reduzca significativamente el rescate, adelanta Di Costanzo

Listas, las auditorías ordenadas por el IPAB; hoy, difusión de resultados

La inspección, escudo de autoridades y banqueros para defenderse de futuros cuestionamientos

El anuncio, coincidente con el fallo de la Corte

ROBERTO GONZALEZ AMADOR E ISRAEL RODRIGUEZ

Un paso más en la estrategia del gobierno federal y los banqueros para concluir la discusión sobre el rescate bancario de mediados de los 90 -que causó a los contribuyentes una deuda equivalente a un billón 10 mil millones de pesos- será dado este domingo, cuando el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dé a conocer el resultado de las auditorías a los apoyos gubernamentales que recibieron Banamex, Bancomer, Banorte y Bital (hoy HSBC). Poco se puede esperar, sin embargo, en términos de reducción del costo por mantener a flote los bancos, que ahora son de mayoría extranjera.

Desde la creación del IPAB, en 1999, hasta 2004, los contribuyentes han pagado 210 mil millones de pesos para cubrir, exclusivamente, el componente real -es decir, la diferencia respecto de la inflación- de los intereses generados por el rescate bancario, cuyo costo actual todavía es de 748 mil millones de pesos.

La transferencia de presupuesto a los bancos, a partir de 1999, año en que fue creado el IPAB, junto con el elevado cobro de comisiones, permitió a las instituciones de crédito obtener entre diciembre de 2000 y el primer trimestres de este año una utilidad de 102 mil 503 millones de pesos, unos 9 mil 300 millones de dólares al tipo de cambio actual. Para efectos comparativos, esa ganancia equivale a tres cuartas partes de los 13 mil millones de dólares que obtuvo el gobierno federal entre 1991 y 1992 por la privatización de 18 bancos que entonces eran propiedad del Estado.

Analistas y directivos bancarios consultados por La Jornada estimaron que el resultado de las revisiones a esos cuatro bancos, los cuales recibieron beneficios al amparo de un programa llamado de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) durante la crisis de 1995, arrojará pocas sorpresas en términos de reducción del costo general del rescate bancario. Sin embargo, servirá a autoridades y banqueros para construir un argumento en contra de futuras revisiones.

El anuncio del IPAB ocurrirá tres días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se colocó del lado del gobierno y los banqueros, al resolver en favor del Ejecutivo una controversia que presentó el presidente Vicente Fox en contra de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados.

El jueves pasado la SCJN echó para atrás una decisión adoptada por la ASF en 2003, en la que el órgano de fiscalización ordenó a la Secretaría de Hacienda descontar 23 mil 800 millones de pesos de los pagarés que, con cargo al gobierno, tenían los cuatro bancos.

El argumento de la SCJN fue que la ASF no puede dictar órdenes al Poder Ejecutivo. Sin embargo, el punto relevante -el monto que debería ser descontado en los pagarés que tienen a su favor los cuatro bancos involucrados- no fue decidido. La ASF pidió en 2003 que esa cantidad no fuera cargada a los contribuyentes porque encontró irregularidades en los apoyos que recibieron las instituciones financieras.

En declaraciones a La Jornada esta semana, un directivo de Banamex, uno de los cuatro bancos involucrados en el PCCC, declaró que las auditorías realizadas por el IPAB a ese programa ''no arrojaron'' grandes sorpresas. ''Los montos a descontar, si es que los hay, van a ser muy pequeños'', dijo.

Desde el punto de vista de los banqueros y el gobierno federal, las auditorías al PCCC representan la posibilidad de tener un argumento más para dar por terminado el rescate bancario. Estas auditorías fueron acordadas el 15 de julio de 2004. En el convenio que firmaron los cuatro bancos con el IPAB, éstos se desistieron del juicio de amparo que habían interpuesto para evitar las revisiones.

Estas revisiones están relacionadas con el artículo quinto transitorio de la ley del IPAB. Dispone que las obligaciones asumidas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en el PCCC sólo pueden ser trasladadas al IPAB después de que sean auditadas.

Cuando este domingo sean dados a conocer los resultados de esas auditorías, los pagarés del PCCC emitidos por el Fobaproa pasarán a ser responsabilidad del IPAB, que deberá hacerse cargo de pagar el servicio y el principal.

Hasta julio del año pasado, los pagarés del PCCC tenían un valor actualizado -con principal e intereses- de unos 223 mil millones de pesos. Al aceptar la realización de las auditorías, cuyos alcances son considerados superficiales por legisladores de la oposición, los bancos aceptaron pagar los créditos relacionados y compartir pérdidas con el IPAB. De este modo, el monto de los pagarés del PCCC fue reducido a 107 mil 206 millones de pesos, menos la cantidad que se descuente con el anuncio de este domingo.

* Las anomalías por el Fobaproa, en el aire

DAVID ZUÑIGA

Los despachos privados contratados para las revisiones que ordenó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) al Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), cuyos resultados se darán a conocer este domingo, no encontraron elementos para reducir de manera significativa la deuda generada por los apoyos otorgados a Banamex, Bancomer, Bital (ahora HSBC) y Banorte -entre 100 mil y 110 mil millones de pesos-, la cual se cargará a los contribuyentes mexicanos.

En entrevista, Mario di Costanzo, consultor privado y asesor del comité del Senado que investiga el rescate bancario, señala que, independientemente de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, tiene la obligación de fincar responsabilidades administrativas y penales al Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). De no hacerlo, "se convertirá en un cómplice del desfalco a la nación" y demostrará que ''sólo tendió una cortina de humo'' al girar oficios a sabiendas de que la SCJN los iba a rechazar.

Tras la crisis de la banca, recordó el consultor, el gobierno federal absorbió créditos irrecuperables por medio del Fobaproa; sin embargo, la legalidad de esta operación fue cuestionada porque el Ejecutivo sólo puede adquirir deuda con aprobación del Congreso.

Para regularizar esta operación se creó el IPAB, que asumió los pasivos derivados del rescate bancario, con excepción de aquellos generados por el PCCC, hasta que se revisaran las operaciones y se sancionaran las irregularidades.

La auditoría del canadiense Michael Mackey incluye reportes bancarios, documentos de trabajo y un disco con las transacciones reportables. Esta información, señala Di Costanzo, está en manos del IPAB, pero éste no ha actuado. Por ejemplo, se encontró que Banamex y Bancomer tenían índices de capitalización mayores a ocho por ciento, es decir, no necesitaban que se les comprara cartera. Solamente los pagarés del PCCC de estos dos bancos, detalló, suman aproximadamente 160 mil millones de pesos.

El IPAB, añadió, ha pretendido "darle la vuelta" al artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB mediante las auditorías GEL (gestión, existencia y legalidad), cuyos resultados "probablemente se publicarán la próxima semana sin que se haya encontrado nada malo".

Di Costanzo advirtió que el reciente fallo de la SCJN puede tener repercusiones graves. La Constitución faculta a la Cámara de Diputados y a la ASF para fiscalizar los recursos públicos, es decir, "para revisar y corregir; de otra forma sería un vigilante con las manos amarradas. Esto sienta jurisprudencia para que el gobierno haga lo que quiera con los recursos públicos porque nadie podrá decirle nada y las recomendaciones de la ASF serán como las llamadas a misa".

El verdadero fondo del asunto, insistió, no es si el auditor superior de la Federación puede dar instrucciones al Ejecutivo, sino el incumplimiento de la Ley Superior de Fiscalización y del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.

Este, adelantó, deberá ser uno de los temas clave el próximo martes, cuando el secretario ejecutivo del IPAB, Mario Alberto Beauregard, comparezca ante la comisión investigadora del Senado.