La secretaría considera "resuelta" la pugna de la etnia con 83 particulares
Provocación, que la SRA finiquite el conflicto de tierras yaquis: Bours
Anuncian movilizaciones de protesta gobernadores indígenas de cinco pueblos de Sonora
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El Ejecutivo de Sonora, Eduardo Bours Castelo FOTO Cambio de Sonora y Cristina Rodr�ez
Foto: Cambio de Sonora y Cristina Rodr�ez
Hermosillo, Son., 23 de junio. El gobernador Eduardo Bours Castelo consideró una "provocación" la carta que el gobierno federal envió a las autoridades de la tribu yaqui -por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)- en la que declara que el conflicto de tierras que la etnia mantiene con un grupo de particulares es un caso "jurídicamente resuelto".
La carta de la autoridad federal fue enviada pese a que continúa la inconformidad de los indígenas, quienes reclaman 45 mil hectáreas que habrían sido entregadas a diversas personas, mientras la SRA sostiene que los predios disputados suman sólo 2 mil 665 hectáreas.
En entrevista, el mandatario estatal afirmó que el escrito del subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA, Gilberto Hershberger Reyes, "representa una clara provocación que podría derivar en estallido social".
El documento es el oficio 101456 -La Jornada obtuvo copia-, en el cual se indica que los límites de los predios La Cuchilla e Isleta I, que constituyen la zona en conflicto, se establecen en el decreto expropiatorio del 10 de enero de 1997, que para el gobierno federal es una resolución "firme e inamovible jurídicamente".
La misiva, enviada a los gobernadores indígenas de Vícam, Potam, Tórim, Rahum y Huirivis, cinco de los ochos pueblos yaquis, señala también que la etnia perdió el juicio frente al decreto expropiatorio debido a que no recurrió al recurso de revisión contra el sobreseimiento dictado por la autoridad judicial.
Hershberger Reyes apunta que conforme a la jurisprudencia visible en el apéndice 1975, tesis 179, página 305, los efectos del decreto expropiatorio y su ejecución tienen plena validez, caso que para la Federación es "firme e inamovible jurídicamente". Esto quiere decir que para el gobierno federal la cesión de tierras es definitiva y los yaquis ya no tienen derecho sobre ellas.
El pasado 24 de mayo, Hershberger Reyes aseguró que el decreto de 1997 únicamente expropió 2 mil 665 hectáreas para regularizar a 83 propietarios particulares que ocupaban parte de ese predio, así como seis ejidos, y no 45 mil hectáreas, como sostienen las autoridades tradicionales yaquis.
Si bien el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural negó que la SRA eventualmente retome el asunto, refirió que se depositaron 40 millones de pesos en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal para indemnizar a los yaquis. Ese dinero suma 113 millones de pesos por los intereses generados en ocho años.
Desde 1997, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo emitió el decreto expropiatorio para regularizar seis ejidos y predios reclamados por 83 particulares -entre ellos empresarios y políticos sonorenses-, las autoridades tradicionales yaquis han luchado en tribunales para recuperar casi 45 mil hectáreas que les fueron despojadas.
Bours Castelo manifestó su preocupación por las repercusiones de la postura de la SRA. "De nada sirve la serie de reuniones que hemos sostenido con los yaquis para encontrar una salida pacífica al problema", consideró.
Al respecto, el gobernador del pueblo de Tórim, Octaviano Jécari Espinosa, responsabilizó al gobierno federal de las consecuencias de las protestas que realizará la etnia en rechazo al escrito de la SRA.
Puntualizó que la actitud que ha adoptado el titular de la dependencia, Florencio Salazar Adame, representa una afrenta para la tribu yaqui, por lo que el gobierno federal debe asumir el costo de las expresiones políticas que los indígenas emprenderán para recuperar parte del territorio que les fue despojado mediante decreto presidencial.