Editorial
Guerra y simulaciones
El comunicado emitido ayer por la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) federal, dependencia que oficialmente coordina las acciones del Ejército, la Marina, la Agencia Federal de Investigación (AFI), las secretarías de Gobernación y Hacienda, y las policías estatales preventivas y judiciales, así como las municipales, en la vasta movilización que tiene lugar en Tamaulipas, Baja California y Sinaloa, tiene un tono de parte de guerra. Difícilmente puede llamarse de otro modo a lo que ocurre en el norte de la República, donde día con día se suceden enfrentamientos con armas de asalto y ocurren más muertes.
Después de varios meses en los que el gobierno federal insistió en su versión idílica de que la delincuencia organizada particularmente la que se dedica al tráfico de drogas estaba "bajo control" y no había rebasado a las autoridades, hace una semana hubo de rendirse a la evidencia de lo contrario y emprendió la movilización referida, bautizada oficialmente como México Seguro; pero desde entonces la violencia no ha amainado. Las ejecuciones continúan a ritmo de espanto, se expanden a Guerrero y Michoacán, y recientemente fue asesinado, en esta capital, un subinspector de la Policía Federal Preventiva.
Las 486 detenciones efectuadas por fuerzas militares, policiales y de seguridad en el operativo no parecen haber hecho mella en la capacidad de la delincuencia para proseguir sus confrontaciones y su operación, y los nueve kilogramos de cocaína confiscados en estos días son una gota de agua en el océano del narcotráfico que anualmente introduce a Estados Unidos, vía México, decenas de miles de toneladas del alcaloide. Por lo demás, el comunicado de la SSP es incompleto, en la medida en que no indica cuántos muertos ha habido en el curso de la movilización policiaco-militar, por más que los medios informen diariamente de los decesos que llegan a conocerse.
Mientras el lado mexicano de la frontera sucumbe a una violencia sin precedentes, ante la cual están resultando inútiles los dispositivos para enfrentarla, en Estados Unidos las redes de distribución de drogas operan con normalidad y siguen generando decenas de miles de millones de dólares. Por su parte, la industria armamentista del país vecino sigue enriqueciéndose con exportaciones incontroladas dirigidas a bandas de narcotraficantes.
Ante tal contraste, cabe preguntarse cuánto pueden incidir en la circunstancia presente la reunión bilateral de la que informaron ayer la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual acordaron "fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información" en el mejoramiento de técnicas para identificar, detectar e interceptar armas; mecanismos que sólo operan a posteriori, es decir, una vez que las autoridades mexicanas decomisan el armamento que los narcos obtienen del otro lado de la frontera.
Es claro que en tanto las autoridades estadunidenses no impongan restricciones severas a la descontrolada compraventa de armas de fuego en su territorio, la delincuencia organizada de México seguirá teniendo garantizado el abastecimiento de su poder de fuego. Mientras las policías federales y estatales del país vecino no emprendan una persecución seria y decidida contra el narcotráfico en su propio territorio, el nuestro se seguirá llenando de muertos. Si no hay voluntad política para fiscalizar los circuitos financieros estadunidenses, que es donde se lava la mayor parte de las ganancias del contrabando de drogas, éste seguirá siendo un negocio próspero e indetenible, y los operativos como México Seguro parecerán, a ojos de la opinión pública nacional, actos de simulación en medio de una guerra real, pero difusa y oscura, en la que nadie sabe con certeza cuáles son los bandos y de quién son los muertos.