Cuatro estados seguirán siendo "de alto riesgo agrario", dice el procurador Isaías Rivera

Compensaciones y justicia a secas, aún insuficientes ante focos rojos en el agro

La SRA ha propiciado paz social en 158 mil 893 hectáreas: el subsecretario Hershberger

MATILDE PEREZ U.

Ni la justicia a "secas" ni las indemnizaciones, por jugosas que parezcan, solucionan la agenda de pendientes que el gobierno tiene con los campesinos e indígenas; tampoco por el gasto de casi 970 millones de pesos, en menos de dos años, hecho por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en la solución de los conflictos agrarios más añejos y críticos, clasificados como focos rojos y amarillos, para que la bandera de "la paz en el campo" no baje del asta.

Así lo muestran los recientes enfrentamientos producidos en la sierra sur de Oaxaca; las disputas entre indígenas tepehuanos de Durango y ejidatarios de Valparaíso, Zacatecas, y Huejuquilla el Alto, Jalisco; la violencia latente en la región totonaca; las denuncias por la "apatía" del delegado de la SRA en Nayarit para atender conflictos en los municipios de Compostela, Ruiz, Ahuacatlán y Tecuala, y hasta por la complejidad de lograr un diálogo y entendimiento entre los campesinos en conflicto, como en la sierra purépecha.

La autoridad agraria lo que está haciendo es atender los asuntos en su ámbito: la definición de la tenencia de la tierra, pero adicionalmente deben unificarse los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipales para terminar con el círculo de homicidio-venganza, destaca el procurador agrario Isaías Rivera Rodríguez.

Asegura que no hay excesivo optimismo al afirmar que se solucionarán los focos rojos y amarillos; pero no descarta que vuelvan a surgir diferendos en otros núcleos agrarios y subraya que "esa posibilidad será mínima una vez que se termine el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), aunque se estima que 9 por ciento de la propiedad social del país quedará fuera de éste, porque las comunidades lo rechazan, no lo quieren o porque siguen existiendo conflictos que no se han resuelto".

Advierte que aunque ese porcentaje se localiza en todo el país, habrá que estar muy atentos a los sucesos en Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que seguirán considerándose como "estados con alto riesgo en materia agraria, y que tienen presencia indígena. En ellos seguiremos desactivando los conflictos e invitando a que se incorporen al Procede, aunque se respetará a quienes se sigan negando, quedarán documentados los casos en los que las partes en conflicto no quieran llegar a una solución".

Para la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) la conciliación, compensaciones sustitutas y vía jurisdiccional es la mejor estrategia para solucionar dichos focos. Con estas acciones se ha logrado llevar paz social en una superficie de 158 mil 893 hectáreas, con una erogación de 968 millones 359 mil 117 pesos, explica el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Gilberto Hershberger Reyes.

De los 241 focos amarillos que involucran una superficie de 389 mil 872 hectáreas en 22 estados, el informe más reciente de la SRA establece que en 2004 se solucionaron 102, que abarcan 71 mil 35 hectáreas. En este año, la institución espera concluir 99 asuntos que comprenden 261 mil 119 hectáreas, localizados en Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas.

Para 2006, de acuerdo con el programa previsto, se atenderán siete casos en Jalisco; cuatro en Michoacán, 21 en Oaxaca y ocho en Veracruz, con una superficie total de 57 mil 717 hectáreas.

De los 14 focos rojos ubicados en 26 microrregiones de las de mayor pobreza y marginación, que incluyen 2.7 millones de hectáreas en los que están involucrados ejidos y comunidades indígenas de 18 etnias, se han solucionado 10 que engloban 87 mil 858 hectáreas.

El balance establece que en 2003 se solucionaron los casos de ejidatarios de Venustiano Carranza y de Nicolás Ruiz contra pequeños propietarios en Chiapas; indígenas tepehuanos de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, Durango, contra ejidatarios de Bernalejo de la Sierra, Zacatecas; Santo Domingo Teojomulco y Santiago Xochiltepec, y El Milagro, Oaxaca; San Juan Lalana, Oaxaca, y presuntos propietarios de Veracruz; Santa Clara y anexos, Veracruz; indígenas zoques de Santa María Chimalapa contra la Colonia Cuauhtémoc, Oaxaca; Acatepec contra Zapotitlán Tablas, Guerrero. Se arregló parcialmente la disputa entre los indígenas huicholes de San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco, contra posesionarios de Puente Camotlán, Nayarit, y la situación de los habitantes del distrito de riego Pujal Coy, San Luis Potosí.

En 2004 se atendieron los asuntos de San Pedro Chenalhó y San Pablo Calchihuitán, Chiapas; San Andrés Coahamiata, Jalisco, contra El Refugio, Zacatecas. Para este año se espera culminar la solución de San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán; Santo Domingo Teojomulco contra San Lorenzo Texmelucan; San Sebastián Nopalera contra San Pedro Yosotato; San Sebastián Nopalera contra Santa Lucía Monteverde, y San Juan Lachao contra Santa María Temaxcaltepec, Oaxaca, y el reclamo de restitución de 2 mil 665 hectáreas por la tribu yaqui, Sonora.

Para el próximo año, la SRA espera finiquitar los 183 conflictos en la zona lacandona y los 58 de la meseta purépecha que involucran a 56 comunidades. Este último caso, abunda el procurador agrario, "tiene dificultades muy altas porque se trata de conflictos intercomunitarios entre indígenas, y eso complica más la solución por la percepción que tienen en torno a la tierra, costumbres y religión".

Explica que la tarea de la autoridad agraria es allegar elementos adicionales para satisfacer las demandas de los involucrados y que en la solución de los conflictos no haya un perdedor-perdedor sino compensaciones y equilibrios en los que nadie se sienta despojado, sobre todo en el aspecto de tenencia de la tierra, que para el indígena tiene un significado muy especial.

Respecto a la zona lacandona afirma que hay avances entre los núcleos agrarios, los cuales han aceptado el Procede. En ese hay una buena perspectiva. Y en el caso de los yaquis también hay muchas expectativas de que se pueda resolver. "Para 2006 seguramente daremos muy buenos resultados, posiblemente queden algunos asuntos no resueltos en su totalidad porque no se haya el finiquito porque alguna de las partes lo hayan rechazado".

Una visión diferente tiene el presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA), Ricardo García Villalobos, quien en foros y entrevistas ha mencionado que en el país hay 400 asuntos agrarios pendientes de resolverse y cada uno representa un peligro de violencia. "Son muy difíciles, de alta peligrosidad", ha insistido. Los criterios bajo los cuales el TSA analiza los conflictos agrarios, ha dicho, son muy diferentes a los que aplica la SRA, los cuales son, desde su perspectiva, limitados. Insiste en que el espectro de análisis debe ser más amplio.

La mayoría de los conflictos en el campo surgieron porque, en varios casos el reparto de la tierra no se hizo con la pulcritud técnica y jurídica que merecía, acota el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA, Gilberto Hershberger Reyes, para quien la "regla de oro" para la solución definitiva de los conflictos agrarios es la conciliación para mantener la armonía y la paz social en el campo y así tener un clima de seguridad jurídica para atraer a los inversionistas. "La falta de recursos económicos no es ni será factor o pretexto para eludir la solución a los conflictos".