El espejo de Cochabamba, Bolivia

Una de las primeras experiencias de privatización de agua en América Latina se dio en Cochabamba, Bolivia. En un valle donde alrededor de un millón de personas enfrenta una ''aguda escasez desde hace medio siglo'', hace cinco años el gobierno ''decidió dar una solución a la problemática'' y otorgar una concesión de 40 años, al tiempo que el Parlamento emitió una ley de agua potable ''monopólica y confiscadora'', señala Oscar Olivera, dirigente y activista social.

''No estamos exentos de esa política violenta, agresiva, cínica, descarada, de saqueo de los recursos naturales que están impulsando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; actúan como puntas de lanza de las trasnacionales que ven todo como mercancía, en particular el agua'', agrega en entrevista.

Recuerda que se dio un duro golpe ''no sólo a la economía familiar, sino también a las formas tradicionales de gestión del agua, sin tomar en cuenta usos y costumbres. Querían desaparecer esas formas autogestionarias de las comunidades indígenas y campesinas y apropiarse de fuentes de agua que tradicionalmente habían utilizado los pueblos".

Así, el gobierno cedió al consorcio Aguas del Tunari -formado por Bechtel y Abengoa- el control del servicio con el consecuente incremento de tarifas en 200 por ciento, con lo que cada familia debía destinar la cuarta parte de sus ingresos a pagar el líquido, y las empresas tenían garantizada una rentabilidad de 16 por ciento.

En protesta contra la medida, se estableció la Federación de Regantes, con sindicatos obreros, estudiantes, ambientalistas y sociedad en general. Demandaron la revisión de la ley y la discusión y aprobación de una legislación que garantizara el agua como un derecho colectivo. Las trasnacionales se fueron del país, aunque después apelaron legalmente ante el Banco Mundial.

Angélica Enciso