El intenso cabildeo del secretario Gil Díaz ante los ministros, elemento adicional

Reabre la Corte debate sobre créditos irregulares de la banca

Si se declaran constitucionales los oficios de la ASF, se abre la posibilidad de evitar daños multimillonarios a la hacienda pública, que no deberá pagar créditos que se convirtieron en deuda

JESUS ARANDA

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomará este lunes la discusión sobre la constitucionalidad de cinco oficios girados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Secretaría de Hacienda y al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en los que se recomienda la revisión de créditos que irregularmente se habrían convertido en deuda pública.

De prosperar la postura asumida hasta el momento por cuatro de los 11 ministros sobre la validez de los oficios girados, se abriría la puerta para revisar los créditos irregulares, con la posibilidad de disminuir el costo de la deuda por concepto de rescate bancario que, según la auditoría realizada al IPAB en 2003, asciende a 220 mil 427 millones de pesos.

El 26 de abril pasado se revisó por primera vez la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo federal en contra de la ASF y de la Cámara de Diputados, en la que el demandante solicita la anulación de los oficios AED/DGAE/232/2003, AED/DGAE/ 258/2003, AED/ DGAE/316/2003 y AED/DGAE/ 322/2003 por considerar que la Auditoría no tiene facultades para ''demandar'' la revisión de pagarés presuntamente ilícitos.

Este lunes se reiniciará la discusión sobre el tema, con un punto adicional: el intenso cabildeo desarrollado por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz entre los ministros, a quienes incluso les entregó un documento "catastrofista'' en el que se señala que de proceder la revisión de los pagarés y el no pago de una parte de ellos, la economía mexicana se vería seriamente afectada.

En el documento elaborado por la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Crédito Público, que forma parte del expediente de esta controversia constitucional, se dice que en caso de que México ''incumpla'' con las obligaciones asumidas por el IPAB, es decir, si reduce el monto de los créditos irregulares como lo pide la ASF, esta acción ''provocaría una degradación automática en la calificación de la deuda soberana nacional y extranjera'' de todo el sector público y privado, además de que provocaría una devaluación de la moneda ante el dólar en al menos un peso a corto plazo. Esto representaría un costo anual para México de 21 mil 600 millones de pesos.

Después del 26 de abril, día en que el ministro Juan Díaz Romero ''reventó'' la sesión con el pretexto de que se tenía que analizar con más detenimiento el asunto -que ya tiene más de año y medio en la Corte-, Gil Díaz aprovechó para entrevistarse con los ministros y entregarles el documento referido, como parte de sus alegatos.

Fuentes oficiales reconocieron que la visión catastrofista de la Secretaría de Hacienda causó impacto en algunos ministros, quienes ordenaron a sus asesores que analizaran aspectos fundamentales de la controversia como son la ''anualidad'' de las revisiones de la cuenta pública -los oficios corresponden a la cuenta pública de 2001-, y el hecho de que la ASF haya ''ordenado'' en lugar de ''recomendarle'' al IPAB y a Hacienda en los oficios referidos, la revisión de los créditos irregulares.

El proyecto presentado por la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos va en sentido de apoyar la postura del Ejecutivo y declarar inconstitucionales los oficios impugnados. En aquella ocasión, el ministro Juan Díaz Romero ''reventó'' la sesión pública en la que al menos cuatro ministros (Genaro Góngora Pimentel, Juan N.Silva Meza, Sergio Valls y José Ramón Cossío) concedían en términos generales la razón a la ASF para que gire recomendaciones a las autoridades hacendarias para que revisen créditos irregulares.

El resultado de esta controversia será fundamental, porque si gana la postura de que los oficios son constitucionales, se abre la posibilidad para que se eviten daños multimillonarios a la hacienda pública, porque liberaría al Estado mexicano del pago de créditos que ilegalmente se convirtieron en deuda pública.

En caso contrario, las posibilidades para que la ASF revise los créditos que amparan pagarés ilegales serán prácticamente cerradas por el máximo tribunal de justicia del país.