Presuntamente cometió conductas delictuosas, advierten
Diputados del PRI demandan investigar penalmente al ex titular de Gobernación
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El casino Hard Rock, en Las Vegas. Imagen de archivo FOTO Ap
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El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados consideró que al firmar los permisos para que Televisa opere apuestas a través de la televisión, así como salas de juegos, el ex secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda violó el reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, que él expidió unilateralmente, y presuntamente cometió ''conductas delictuosas tales como coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y cohecho''.
Por estas razones, señaló la diputación priísta en un comunicado, Santiago Creel Miranda debe ser investigado penalmente y sometido a un proceso judicial, ''que eventualmente podría ocasionar su encarcelamiento''.
Asimismo, la información que entregó el subsecretario de Gobernación Felipe González a la Cámara de Diputados revela que sólo 16 empresas concentran el negocio de juegos, apuestas y sorteos en el país, a las cuales -además de Televisa- la dependencia concedió y ratificó permisos avalados por el ahora aspirante a la candidatura panista a la Presidencia de la República.
De estas empresas una sola persona, que en las listas de la dependencia aparece como Eduardo Hernández Triana, encabeza ocho de esos consorcios como director general y presidente del consejo de administración. El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Arturo Nahle, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó en entrevista que se presume que ese personaje es prestanombres del alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rohn, en la operación de hipódromos, galgódromos y salas de sorteo de números.
Junto con Hernández Triana aparecen encabezando las empresas presuntamente de Hank Rohn las siguientes personas: José Angel García Menéndez, Hugo Carlos Valverde Rubizewsky, Gerardo Rafael Trueba Couret y Víctor Federico de la Fuente Zuno.
Los cinco aparecen en los registros de Gobernación como propietarios y directivos de las empresas Hipódromo de Agua Caliente, Libros Foráneos, Operadora de Apuestas de Caliente, Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, Operadora de Espectáculos Deportivos, Grupo Océano Haman, Operadora Cantabria e Impulsora Géminis, todas sociedades anónimas de capital variable.
En las listas también aparece el consorcio Atracciones y Emociones Vallarta, que preside Raúl García de Alba Baca, quien tiene vínculos con el ex regente capitalino Ramón Aguirre Velázquez; Promociones e Inversiones de Guerrero, encabezado por Carlos Riva Palacio Magaña; la Administradora Mexicana de Hipódromo, que preside Alejandro Soberón Kuri, así como Comercial de Juegos de la Frontera, a cargo de Miguel Fernando del Río Liquidano, y Divertimex -que opera en Hermosillo-, cuya cabeza visible es Faustino Islas Ponce.
Bienes no reclamados
La documentación que entregó a la Cámara de Diputados el subsecretario de Gobernación forma parte del archivo con el que el Partido de la Revolución Democrática ha exigido la anulación de los permisos expedidos por Santiago Creel a Televisa; se concentra una amplia lista de asociaciones de asistencia privada, a las que Gobernación entrega la mayoría de los automóviles, joyería, artículos de diversa índole y recursos en efectivo que son premios no entregados o no reclamados durante los sorteos por televisión que se realizan bajo la vigilancia de la secretaría.
Los bienes no reclamados ingresan a Gobernación a través de la Dirección General de Recursos Materiales y son asignados a las instituciones y organizaciones de asistencia, previa presentación de un estudio de sus necesidades, en el cual deben señalar los beneficios que, en su caso, se otorgarán con los bienes asignados y el número de personas que reciben atención de ellas.
A diciembre de 2004, el valor de los premios no cobrados que se entregaron a Gobernación fue de 66 millones 197 mil 365.13 pesos.
Mientras, en un comunicado, la diputación federal del PRI señaló que la discrecionalidad de Creel para otorgar permisos de centros de apuesta atenta contra la seguridad nacional, manifiesta excesos y desestima la defensa de los intereses de la sociedad. ''Las aspiraciones para la candidatura presidencial de Creel Miranda le provocaron tomar decisiones de último momento para ordenar la expedición de los permisos, lo cual violenta el estado de derecho, ignora las impugnaciones de legisladores de todos los partidos políticos e incide en el agravamiento del clima de seguridad (sic)'', afirmaron.