Víctor M. Godínez

América Latina (AL) es una región muy heterogénea desde el punto de vista del desarrollo. Los niveles de progreso económico y bienestar social que en ella prevalecen son notablemente diferentes no sólo entre naciones, sino entre las regiones de cada país. Al contrario de las tendencias hacia la convergencia que distinguen de manera general el proceso de desarrollo de otros conjuntos geoconómicos, la experiencia latinoamericana del último cuarto de siglo tiene como distintivo la diferenciación y la desigualdad persistentes entre grupos sociales, espacios y actividades productivas.

La expresión más visible de este rasgo estructural común de las economías latinoamericanas concierne a la distribución del ingreso y la riqueza. En toda la región los beneficios del crecimiento económico se reparten de manera muy desigual, dando lugar a que prevalezcan grados de concentración que se clasifican entre los más elevados del mundo. La polarización social y económica que produce este hecho se acentúa en un contexto de crecimiento económico bajo y volátil, como el observado en la zona desde hace unos cinco lustros.

La discusión acerca de la pobreza y del deterioro de los niveles de bienestar que padecen amplios grupos de la población latinoamericana tiene como telón de fondo aquellas tendencias. En algunos diagnósticos del problema, y sobre todo, en el diseño de políticas sociales y de combate a la miseria, se parte con frecuencia de un supuesto que no es del todo cierto y según el cual AL es una región pobre. No sólo se trata de un error de apreciación, sino de un procedimiento que permite escamotear el tema de fondo: la injusticia distributiva.

Más que una región pobre AL es injusta. En ella se observan los indicadores de desigualdad más elevados del mundo después de los del Africa subsahariana. Una décima parte de la población latinoamericana se apropia de casi la mitad (48 por ciento) del ingreso total; y si a este segmento se añade el siguiente 10 por ciento de la población con mayor ingreso, se tiene que una quinta parte de los habitantes acaparan 58 por ciento del ingreso disponible de la región. En contraste, el 10 por ciento más pobre recibe 1.6 por ciento del ingreso regional. Acumulando el estrato superior siguiente, se observa que 20 por ciento de la población sólo participa con 3.35 por ciento de ese ingreso.

AL es considerada por los organismos multilaterales como una región con niveles de ingreso intermedio. En términos absolutos, algunos de los países se encuentran incluso entre las 15 economías más ricas del mundo, como Brasil y México. No obstante, de acuerdo con los criterios internacionales de medición, casi 45 por ciento de su población y cerca de 40 por ciento de los hogares son pobres. Los latinoamericanos en situación de pobreza sumaban 224 millones en 2004.

Dada la estructura básica de injusticia distributiva, la magnitud relativa de la indigencia evoluciona al compás de la volatilidad del crecimiento económico. Los niveles de pobreza crecieron en toda la región durante la crisis de los años 80 y descendieron ligeramente en la primera mitad de los años 90, cuando las economías volvieron a registrar crecimiento positivo. Desde entonces, es decir, en el transcurso del último decenio, permanecen inalterados y, en algunos países, tienden incluso a crecer. Característica de los últimos 10 años es que esta desigualdad se agravó en naciones que históricamente tenían las estructuras de distribución más igualitarias de la región, como Argentina, Uruguay o Venezuela.

Miseria y desigualdad están interrelacionadas. Pero en AL la segunda variable predomina sobre la primera. En algunos estudios se considera que al menos la mitad de la pobreza que hoy prevalece en la región se explica por "exceso" de desigualdad. Esto es, por el carácter multidimensional de ésta. A pesar de las muchas diferencias que mantienen entre sí, los países latinoamericanos hoy comparten, como señas de identidad socioeconómica, varios rasgos. La desigualdad laboral es una de esas señas. De cada 100 empleos que se crean en la región, 69 se ubican en el sector informal. Hay una tendencia generalizada en la región de estancamiento de la productividad y los salarios reales, cuyos niveles se mantienen constantes y hasta por debajo de los alcanzados al inicio de los años 80.

Durante el último cuarto de siglo se amplió en los países la brecha salarial en favor de los segmentos de la fuerza de trabajo que cuentan con más escolaridad y formación profesional. Lo anterior está muy relacionado con la caída del gasto público y el deterioro de su eficiencia social. La fragilidad fiscal de las economías latinoamericanas, aunada al proyecto de reducir el alcance y la profundidad de las acciones económicas y sociales del Estado, restringieron notablemente en todos los países la función redistributiva de la política fiscal. Esto ocurrió al tiempo que, debido al menor crecimiento económico, se multiplicaban las demandas de la población, que los gobiernos han atendido con recursos tan escasos como limitados, casi siempre sacrificando la calidad de los servicios ofrecidos en áreas tan sensibles como educación y salud.

Los conflictos derivados de la alta concentración del ingreso han tenido como respuesta diversas estrategias de política social. En general y con muy escasas excepciones, tales políticas tienen en común el estar diseñadas en el marco de una concepción eminentemente compensatoria de la indigencia y sus secuelas de marginación. Además de imprimirles un inevitable sesgo de corto plazo, esta concepción desvincula la política social de las decisiones relacionadas con el crecimiento sostenido de la economía, condición necesaria para empezar a revertir la falta de recursos que padecen los sectores más desfavorecidos.

Que la economía crezca con tasas elevadas y de manera sostenida es necesario para mejorar el bienestar promedio de la población. Pero en las condiciones actuales esto será insuficiente si al mismo tiempo los gobiernos no emprenden acciones fundamentales en redistribución del ingreso. En esta dirección sólo será posible avanzar en el contexto de un Estado que disponga de recursos para reorientar el desarrollo, para lo que es indispensable instrumentar reformas fiscales que en lugar de gravar el consumo de la población aumenten las contribuciones de las rentas de capital. Y éste, como el de la desigualdad en el reparto del ingreso, no es sólo un problema económico, sino político, pues significa modificar las estructuras del poder. Sin redistribución del poder político será muy difícil lograr la justicia distributiva  §