Pese a fallos laborales en favor de jubilados, la entidad aduce falta de recursos

Enfrenta más de 14 mil litigios el organismo liquidador de Ferronales

Los denunciantes aseguran que además sigue cometiendo fraudes

PATRICIA MUÑOZ RIOS /II

A la par de la malversación millonaria de fondos de la cual acusan al líder del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), Víctor Flores Morales, los jubilados de esta paraestatal denuncian "graves actos de corrupción" del organismo liquidador de Ferronales, el cual enfrenta a la fecha más de 14 mil litigios laborales, diversas demandas de tipo penal y juicios mercantiles por la venta fraudulenta de inmuebles; además tiene deudas por casi 9 mil millones de pesos.

Sin embargo, este organismo liquidador de Ferrocarriles Nacionales, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y preservará su personalidad jurídica sólo hasta la conclusión de este proceso, no cuenta con los recursos para enfrentar sus pasivos y se estima que el gobierno federal tendría que erogar al menos 6 mil millones de pesos en este sexenio para que pudiera cumplir con sus compromisos legales, según informes presentados a La Jornada por la Organización de Jubilados Ferrocarrileros de la República Mexicana AC.

Esta agrupación -que tiene ramificaciones en diversos estados- aglutina a los cerca de 48 mil jubilados y se ha encargado de difundir la malversación que se ha hecho de los fondos de los ex trabajadores; es la que mantiene vivas las demandas contra su dirigente sindical y también contra el organismo liquidador, en el cual fue designado recientemente el funcionario Mario Alberto Martínez Castillo.

El representante legal de los jubilados, Euzebio Cazares Herrera, explicó que hay más de 14 mil litigios laborales en contra del organismo liquidador de Ferronales, en los cuales están implicados casi 70 mil trabajadores -la mayoría en juicios colectivos-, por anomalías en el pago de sus liquidaciones y diversas violaciones a sus derechos y prestaciones; sin embargo, los estados financieros de esta instancia revelan que no hay recursos para enfrentar estos pasivos. El dinero se acabó, así como los bienes.

La mayor parte de estos juicios de carácter laboral se refieren a reclamos por el derecho a pensionarse, el pago equivocado de la liquidación, errores en la aplicación de incrementos salariales, omisiones en el reparto de aguinaldos y otras prestaciones, según explicó, y dijo que muchas querellas las están ganando los ex trabajadores. No obstante, los administradores aducen que no hay dinero. Es decir, los que ya han logrado obtener fallos en su favor simplemente se les dice que no les pueden pagar por la falta de recursos.

En cambio, apuntó, sí hay dinero para liquidar y pensionar a personas que no trabajaron en Ferronales y que simplemente eran "allegadas a Víctor Flores, secretario general del sindicato". Hay por este concepto una denuncia levantada, la número 45/2003, oficio OIC/09/195/AQ-39/2004 de fecha 14 de enero de 2004, en la que se señala la ilegal inclusión de 731 personas en el fideicomiso e incluso se les dan liquidaciones, cuando no tenían derecho alguno porque no eran empleados de Ferronales.

Aparte de los juicios laborales, esta organización ha presentado diversas demandas de tipo penal, como la QD/09/195/116/2001 del 24 de septiembre de 2001, en la que se señalan "irregularidades administrativas que son presumiblemente atribuidas a servidores públicos adscritos a Ferronales en proceso de desincorporación".

También se levantó la querella OIC/09/195/AQ-004/2003 del 15 de diciembre de 2003, por actos ilegales cometidos en el proceso de liquidación de trabajadores; y la 09/195/AQ-08/2004 del 15 de enero de 2004, en la que se pide la clarificación de todo el proceso de liquidación y concesión de esta empresa.

Pero las irregularidades son muchas, ya que los "negocios se hicieron por todos lados", explica Francisco Noé Aldana Ayala, presidente de los Jubilados Ferrocarrileros de Jalapa AC, quien señala a Ferrocarriles fue el propietari ade casi 10 por ciento del territorio nacional, por la cantidad de derechos de vía, terrenos y bienes inmuebles que tenía en todo el país, mismos que fueron vendidos a particulares en un proceso poco claro, que la ha llevado a enfrentar ahora centenas de litigios civiles-mercantiles. Lo grave es que "no se sabe dónde quedaron estos recursos".

El presidente de los jubilados ferrocarrileros, Alfonso Martínez Orozco, indicó que en la venta de inmuebles "participaron los líderes seccionales del sindicato", según ordenó Víctor Flores Morales. Presentó incluso documentos en los que se comprueba que uno de los ex dirigentes regionales del sindicato, José Félix González Alarcón, defraudó a un grupo de personas con la venta de terrenos ubicados en el área boscosa de la estación del tren de Jalapa, Veracruz, y por este delito fue aprendido el 29 de febrero de 2004, bajo el cargo de "fraccionamiento indebido".

Sin embargo, fueron muchos más los dirigentes que hicieron negocio "para su bolsillo" con las propiedades de Ferronales y quedaron sin castigo alguno, señaló, ya que la empresa en liquidación "fue víctima de una brutal y desatada corrupción tolerada por las autoridades, el Ejecutivo federal, el Legislativo y hasta el Poder Judicial".

Según los documentos entregados a este medio, la corrupción en el organismo liquidador no ha parado, ya que recientemente más de 80 empleados de mando medios y superiores de Ferronales se otorgaron una doble indemnización y reclamaron el pago de más de 105 millones de pesos. Entre estos trabajadores se encuentran el ex subdirector administrativo, José Antonio Limón, y el propio gerente de Asuntos Jurídicos Laborales, Juan Palma.

Hay además, juicios por la invasión de predios propiedad del organismo.

Fue un "bandidaje absoluto" lo ocurrido a partir de que comenzó la liquidación en esta empresa, sostuvo el dirigente de los jubilados de Jalapa, Francisco Noé Aldana Ayala, y además aseguró que al parecer las componendas del dirigente de la CT lo mantienen inmune a los juicios, las denuncias, las quejas y la movilización de los ex trabajadores que buscan recuperar los fondos por los que trabajaron durante varias décadas.

Añadió que son tantas las irregularidades de todo el proceso, que incluso el diputado priísta y líder del sindicato ferrocarrilero también está implicado en un fraude por 141 millones de pesos contra el Infonavit, ya que también timó con la construcción de 740 viviendas en la Unidad Habitacional Democracia Sindical en la delegación Azcapotzalco, donde hubo diversas irregularidades, pero la principal es que los beneficiados de estos departamentos no fueron trabajadores de esa paraestatal, sino que se hizo negocio con particulares y amigos del dirigente sindical.

En tanto, Euzebio Cazares Herrera sostuvo que el problema fundamental del fideicomiso liquidador es que ya no tiene dinero porque sus administradores anteriores han permitido anomalías, malversación, corrupción y pillaje.

Pese a las múltiples denuncias penales que aluden al robo de los fondos de los jubilados, el 14 de octubre del año pasado 23 diputados del grupo parlamentario del PRI presentaron un punto de acuerdo para que "en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se consideren los recursos necesarios para incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronales-Jub 5012-6 de Nacional Financiera, a cargo del diputado Flores Morales".

En este punto de acuerdo que suscribe el propio Víctor Flores -según copia entregada a este diario-, el dirigente pide que se incremente la partida destinada a este fideicomiso "para aumentar el número de días de aguinaldo y las pensiones que reciben los jubilados. Es decir, mejorar sus ingresos".