Acciones contra los derechos humanos pueden llevar a explosiones sociales, dicen

"En Oaxaca vivimos un estado de excepción de facto", acusan ONG

La "imposición" del priísta Jaime Mario Pérez en la CEDH contradice la vocación del cargo

ROSA ROJAS

Integrantes del Colectivo por la Democracia de Oaxaca (CEDO), que agrupa a 50 organizaciones civiles de derechos humanos, del magisterio, indígenas y feministas, afirmaron que en esa entidad se vive un "estado de excepción de facto", en el que el gobierno de Ulises Ruiz "viola sistemáticamente los derechos humanos, no existe división de poderes y el aparato de procuración e impartición de justicia se utiliza para reprimir los movimientos sociales". Advirtieron que "esta situación puede llevar a explosiones sociales".

En menos de 200 días de la actual administración -detallaron- han habido 15 asesinatos por motivos políticos y 152 presos políticos, si bien la mayoría están ya libres; el año pasado hubo 46 feminicidios y en lo que va de éste se han cometido 15; ha habido represión a medios de comunicación independientes y "una sórdida confrontación entre grupos políticos".

Además, el gobernador impuso al que fue su jefe de campaña cuando fue candidato priísta a la gubernatura, Jaime Mario Pérez Jiménez, como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), lo cual "viola la normatividad" al respecto, por lo que, dijeron, buscarán llevar el caso a instancias internacionales de la ONU y la OEA.

En conferencia de prensa realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Alma Rosa Fernández y Gilberto Canseco, de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA); Rolando González, de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos; Yesica Sánchez, de la Liga Mexicana de Derechos Humanos-Oaxaca; Gabriela Pérez Gómez, del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón; Miguel Angel de la Rosa, de Educa -todos integrantes del CEDO-, aseveraron que el nombramiento de Pérez Jiménez, "contamina el ejercicio de su función como defensor oficial de los derechos humanos" por su militancia partidista.

Con esta designación, además, el gobierno estatal hizo caso omiso de las propuestas de candidaturas que hicieron las organizaciones sociales, así como las de reformas a la legislación en materia de derechos humanos para lograr una real autonomía de la CEDH.

Antecedentes de acciones antidemocráticas

Mencionaron entre los antecedentes de Pérez Jiménez que él fue quien comenzó un proceso penal en contra de consejeros ciudadanos de la Junta Local del Instituto Federal Electoral por denunciar casos de compra y coacción del voto contra el PRI en las elecciones federales de 2003, lo cual "contradice la vocación democrática que debía tener un defensor de derechos humanos". También él abrió "el procedimiento jurídico para expulsar del PRI a Diódoro Carrasco Altamirano y a Elba Esther Gordillo, prestándose con esto a los juegos sucios del poder en las altas esferas de su partido", aseveraron.

Por todo ello fue que decidieron "desconocer" a Pérez Jiménez como titular de la CEDH, ya que consideran que su presencia ahí, además de confirmar "la política autoritaria y de puertas cerradas a la participación e inclusión de la sociedad civil en Oaxaca", impide que los casos de violaciones de derechos humanos en la entidad lleguen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Solicitaron la intervención del Congreso de la Unión, la presidencia de la República y la CNDH para que intervengan "de acuerdo a sus atribuciones constitucionales en la grave situación" que se vive en Oaxaca.

Ya durante el gobierno de José Murat habían acudido a la Secretaría de Gobernación (Segob), y con el subsecretario Felipe González se había acordado constituir una mesa para el caso de Oaxaca; esto se paró con el cambio de gobernador y ahora van a insistir en la intervención de la Segob, porque "Ulises Ruiz ha continuado la política autoritaria y represiva de Murat", aseveraron.

Informaron que el próximo 17 de junio realizarán el foro Por un pueblo con derechos, y continuarán trabajando por la ciudadanización de la CEDH, ya que esta institución "solapa las violaciones, e inclusive visitadores se prestan a realizar acusaciones contra la gente" mientras se hace caso omiso de las recomendaciones que organismos de la ONU y la OEA, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han hecho para que se acabe con dichas violaciones a los derechos humanos en Oaxaca.