Se interroga y somete a examen antidopaje a todos los miembros de la corporación

El Ejército asume el control de Nuevo Laredo; arraiga a 720 policías municipales

Ante el vacío de poder por la ola de violencia, soldados y PFP patrullan la ciudad

Drástica caída del número de visitantes estadunidenses; bares y discotecas, desiertos

ALBERTO NAJAR ENVIADO

Nuevo Laredo, Tamps., 13 de junio. Ante el vacío de poder creado por la ola de violencia en la frontera, el Ejército tomó el control de la ciudad y desde la madrugada de este lunes mantiene arraigados a los 720 elementos de la corporación, a quienes, se informó oficialmente, se interroga y somete a exámenes antidopaje.

Unidades del Ejército y de la Policía Federal Preventiva patrullan la ciudad. En diversos puntos han establecido retenes para la revisión de vehículos sospechosos. El arraigo de los 720 uniformados se mantendrá al menos durante 72 horas y no se descarta que algunos de ellos sean trasladados a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la ciudad de México.

El secretario general de Gobierno, Antonio Martínez Torres, informó que el arraigo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal es parte del operativo Por un México Seguro.

El mismo programa se llevará a cabo en Reynosa y Matamoros. Según el funcionario, el gobierno estatal pretende aplicar el mismo plan en los 15 municipios de la entidad con mayor población. La Federación y el estado, añadió, relevaron a las autorides locales de la facultad constitucional de asumir las responsabilidades en la materia.

El arraigo de los 720 policías municipales se realizó mediante un impresionante operativo que incluyó el uso de vehículos artillados. Grupos de soldados y agentes de la PFP acudieron a los domicilios de quienes no se presentaron al turno vespertino para trasladarlos al cuartel central de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Los militares aseguraron oficinas, armas, patrullas y hasta teléfonos celulares de los policías municipales, a quienes mantienen incomunicados y sujetos a interrogatorio constante. Extraoficialmente trascendió que, además de la revisión de antecedentes, los agentes federales pretenden descubrir quiénes tienen nexos con las bandas que en la disputa por la plaza ha dejado, en lo que va del año, un saldo de más de 50 personas ejecutadas.

El caso más reciente fue el de Alejandro Domínguez Coello, quien horas después que el cabildo aprobó su nombramiento como jefe de la Policía Municipal, fue asesinado al llegar a su casa. Ni tiempo tuvo de rendir protesta.

El incidente provocó una queja del embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, quien incluso adelantó que había solicitado al Departamento de Estado que emitiera una alerta a los ciudadanos estadunidenses para que eviten viajar a Nuevo Laredo, ante el riesgo de quedar atrapados en algún enfrentamiento entre grupos armados.

El temor del diplomático pareció confirmarse este fin de semana, cuando policías municipales se enfrentaron a balazos con agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), incidente que provocó el operativo de este lunes.

Es tal el miedo desatado por estos hechos, que el pasado fin de semana se registró una drástica caída en el número de visitantes de Laredo, Texas, que suelen abarrotar los restaurantes, bares y discotecas de esta población. La Zona Rosa y los principales centros de diversión estuvieron semivacíos, al igual que el cruce peatonal en los puentes internacionales.

Una tendencia que no es nueva: de acuerdo con el presidente del Consejo de Instituciones Empresariales, Fernando Torres Villarreal, Nuevo Laredo está en vías de convertirse "en un pueblo fantasma", ante los problemas de inseguridad que provocan el cierre de negocios y alejan las inversiones.

"A la sociedad civil lo que le interesa es que haya paz, porque es sinónimo de progreso", declaró. "Nosotros no somos policías ni podemos decir a las autoridades lo que deben hacer. Nada más esperamos resultados" añadió.

Torres Villarreal ha sido uno de los empresarios más críticos de la situación que se vive en la frontera. Hace algunas semanas envió, en nombre del consejo, una carta al presidente Vicente Fox Quesada en la que pedía que se estableciera "el toque de queda" en Nuevo Laredo. Hoy, con el asesinato del efímero director de la policía -quien al momento de su muerte era presidente de la Cámara de Comercio local-, el empresario matiza su discurso: no descarta el toque de queda, pero su aplicación debería ser el último recurso para combatir la inseguridad.

Familiares de detenidos, al DF

Mientras la ciudad se quedó sin policías, el presidente municipal, Daniel Peña Treviño, aplaudió la presencia de las fuerzas federales -que en conjunto suman casi mil elementos-, porque Nuevo Laredo es, reconoció, la segunda ciudad con más conflictos por el crimen organizado en el país.

Los soldados, agentes de la AFI y de la PFP se encuentran en la ciudad por indicaciones del gobierno federal, dijo, para tratar de recuperar la tranquilidad perdida desde hace varios años. "Aquí están, lo queramos o no, porque la sociedad lo estaba pidiendo", insistió.

Este lunes el alcalde planteó que la vida en Nuevo Laredo transcurre con normalidad. En entrevista con los medios de comunicación Peña Treviño mencionó que fue él quien solicitó a los policías que se acuartelaran, versión que fue desmentida por familiares de los uniformados, quienes denunciaron que al momento del arraigo varios agentes fueron golpeados por los federales.

De hecho, a la llegada de los soldados algunos comandantes trataron de huir, pero fueron detenidos y encerrados en las oficinas con el resto de sus compañeros.

La realidad, pues, ha rebasado los esfuerzos del edil, quien tuvo que reunirse con un grupo de familiares de los 41 policías detenidos tras el enfrentamiento del pasado fin de semana, y que están arraigados en las instalaciones de la SIEDO.

El funcionario se comprometió a vigilar el respeto de las garantías de los policías. El ayuntamiento proporcionó dos camiones para transportar a 80 de los familiares al Distrito Federal. Los autobuses partieron la tarde de este lunes, con la recomendación de Peña Treviño para que "no se desperdiguen" y procuren cuidarse, porque la capital "es una ciudad muy insegura".

Los policías arraigados ya se comunicaron con sus familiares. De acuerdo con su versión, la mayor parte se encuentra bien, aunque algunos refieren haber sido objeto de maltrato. "Mi hermano dice que le apuremos en la protesta, porque la cosa está dura", comentó una mujer que no quiso identificarse.

Algo común en Nuevo Laredo es el silencio que se guarda ante la batalla por la plaza, ya que es garantía de sobreviviencia. Una muestra de ello es que a pesar del operativo de este lunes, del arraigo de policías en la capital y del hecho de que algunos contaban incluso con un amparo para evitar su traslado, hasta el momento no se ha presentado ni una sola queja ante los organismos de derechos humanos.

Y es que el horno no está para bollos. "Hay un clima de mucha tensión por estos problemas, no se puede negar", reconoce el visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, Javier Saldaña Badillo. "Hay rumores de que puede haber ligas de los policías con los delincuentes, pero nadie se atreve a hablar de eso".

Con información de Carlos Figueroa y Martín Sánchez, corresponsales