Reconciliación en Chiapas: tarea de todos
En abril de 1997, los integrantes de la vieja Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) decidimos visitar la zona norte de Chiapas, donde la violencia había destrozado el tejido social. Con la oposición del gobierno federal, la mayoría de la comisión legislativa acudimos a esa región de Chiapas. Pablo Salazar, don Luis Alvarez, Juan Guerra, Oscar López Velarde, César Chávez, Juan Roque y Fernando Pérez Noriega nos trasladamos a la zona en conflicto. Nuestro gran Heberto no pudo asistir, días antes había fallecido.
La gira de trabajo nos permitió constatar las consecuencias y el grado que la brutalidad había alcanzado. Hicimos contacto con una gran cantidad de grupos y sectores de la región. En el Limar nos reunimos con el grupo Paz y Justicia, cuyos integrantes llegaron en camiones del Ejército Mexicano. El traslado de la Cocopa a la zona zapatista se vio interrumpido, al encontrarnos con un bloqueo de troncos de árboles cortados y puestos sobre el camino de terracería con el claro propósito de impedir nuestra reunión con las bases de apoyo zapatistas. La gira fue estrujante, aunque más lo era la realidad que vivía la zona chol de Chiapas.
Después de aquella gira, la Cocopa acordó proponer la instalación de una mesa regional para la reconciliación de esa región de Chiapas. La respuesta del gobierno de Zedillo fue tajante, rechazando nuestra propuesta, e incluso nos acusaron de que "queríamos violar la soberanía de Chiapas". En tanto esto pasaba, los grupos paramilitares y antizapatistas se fortalecían, para lo cual contaban con el apoyo del general Renán Castillo, comandante de la séptima Región Militar, y dependencias de los gobiernos federal y estatal.
No obstante es necesario precisar que el grupo Paz y Justicia no es o fue un simple "grupo paramilitar", sino una organización social de filiación priísta que entre los años 1995 y 1999 fue utilizada como instrumento de violencia contra los simpatizantes del EZLN y la diócesis de San Cristóbal. Territorialmente se localizaba en los municipios de Palenque, Salto de Agua, Sabanilla, Tila, Tumbalá y Yajalón, los primeros cinco, poblados por indígenas de habla chol, y el último por tzeltales.
Fue así que al inicio del gobierno de Pablo Salazar los saldos estaban a la vista: varias iglesias católicas cerradas, desplazados internos tanto de Abuxu como de Paz y Justicia, una centena de personas asesinadas pertenecientes a ambas agrupaciones, conflictos agrarios entre indígenas y campesinos, duplicidad de autoridades, temor, miedo, cansancio de la violencia; en fin, un estado de vida que confrontó a amigos, paisanos, parientes, padres y hermanos.
En este contexto, el gobernador del estado creó la figura del comisionado para la Reconciliación de las Comunidades en Conflicto, que en este caso recae la responsabilidad en el compañero Juan González Esponda, cuya acción se ha centrado en la atención y solución de los males provocados por la violencia del pasado y evitar cualquier situación o hechos similares a los anteriores, que significaban impunidad y violación a los derechos humanos.
Por ello es necesario reconocer que la aprehensión de Marcos Albino Torres López, uno de los dirigentes del grupo Paz y Justicia, es un paso más contra la impunidad, con lo cual Pablo Salazar concreta un antiguo compromiso que los viejos miembros de la Cocopa asumimos con el pueblo chiapaneco. Cierto es que dicha acción no es la primera (otros dirigentes de Paz y Justicia están encarcelados) ni la definitiva, pero es una señal alentadora para continuar con las tareas de combatir la impunidad, fomentar la reconciliación social de la región y sentar las bases para un desarrollo más estable y democrático de la zona. Las posibilidades de hechos violentos en la zona no han desaparecido, pero las condiciones de impunidad que solapaban y estimulaban la violencia contrainsurgente no cuentan con el apoyo de Pablo Salazar, viejo compañero de la Cocopa y actual gobernador del estado, quien por el contrario mantiene en prisión a varios de los líderes paramilitares e impulsa las tareas de reconciliación mediante una estrategia conciliadora que hasta hoy ha impedido la continuación de los asesinatos políticos en la zona. Varios líderes paramilitares que están libres deben ser detenidos, para que se ejercite la acción de la ley y dejen de constituir una amenaza pública.
Justo es reconocer que el hecho de que no se hayan cometido asesinatos ligados con diferencias políticas en esa zona desde el año 2000, se haya combatido la impunidad y se tenga una actitud vigilante por parte de la opinión pública, en gran medida se debe a los diferentes organismos de la sociedad civil, en particular al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en donde la autoridad moral de don Samuel Ruiz ha logrado la atención internacional para impulsar la reconciliación social de la zona y combatir la impunidad.
Quienes hemos participado en las complicadas tareas de pacificación en Chiapas sabemos que cuando actuamos en forma unificada, o cada quien desde su trinchera pero en el mismo sentido, hemos podido avanzar en nuestros objetivos. No podemos ni debemos olvidar que en los tiempos de los diálogos de paz, éstos avanzaban en la medida que la Cocopa y la Conai mantenían sincronía en sus acciones, pero cuando nos alejamos, le abrimos la puerta a los enemigos de la paz. Ojalá que eso nunca llegue a suceder, porque lo que está en juego no son posturas personales, ni siquiera posiciones ideológicas, sino vidas humanas, sobre todo de los sectores más pobres del país. Alentar la paz y la reconciliación en Chiapas es tarea de todos.