La PGR no pudo probar la autoría intelectual en el asesinato de Ruiz Massieu
Amparo tras amparo, Raúl Salinas se halla con un pie fuera de Almoloyita
Su libertad, en manos del segundo tribunal colegiado de distrito con sede en Toluca
La opinión pública difícilmente eliminará la idea de que Raúl Salinas de Gortari fue el autor intelectual del asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu, aunque en los hechos todo apunta a que la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo probar la participación del hermano mayor del ex presidente Carlos Salinas en el homicidio.
Aun cuando pocos días después de ocurrido el homicidio, el 28 de septiembre de 1994, las autoridades investigadoras se aventuraron a lanzar la idea de un complot en contra del ahora occiso -en el que habrían participado el diputado federal Manuel Muñoz Rocha y Raúl Salinas de Gortari-, los cargos contra el llamado hermano incómodo se sustentan básicamente en un testigo ''pagado y de oídas'', en una carta ''anónima'' en la que se narraba el supuesto asesinato del primero a manos del segundo, y en un registro de llamadas telefónicas entre los presuntos implicados en el homicidio de Ruiz Massieu.
Todos esos elementos, presuntamente ''irregulares'', eran analizados anoche por el segundo tribunal colegiado con sede en Toluca, estado de México, a fin de determinar si procede el amparo en favor de Raúl Salinas.
Las investigaciones
En octubre de 2004, unos días después de la ejecución del político priísta, la PGR reveló que Muñoz Rocha fue quien proporcionó la información del lugar y la hora donde se encontraría el entonces secretario general del PRI el día en que fue asesinado; el legislador del tricolor por el estado de Tamaulipas, asimismo, fue el que aportó los 50 mil pesos que su asistente, Fernando Rodríguez González, entregó a cada uno de los autores materiales del crimen, entre ellos Daniel Aguilar Treviño, quien disparó el arma de fuego.
La autoridad investigadora llegó a mencionar que el legislador -que continúa desaparecido- contaba con ''una lista de personas importantes en México que tienen que morir'', y a unos días de ocurrido el crimen se aventuró a referir que con el atentado contra el dirigente partidista, además, se pretendió ''bloquear'' al entonces subprocurador general de la PGR, Mario Ruiz Massieu (hermano del político guerrerense asesinado) y ''debilitarlo políticamente''.
Además, la dependencia reveló entonces que algunos diputados priístas fueron investigados, aunque ninguno resultó con responsabilidad penal pese a que sus nombres aparecieron en el expediente. Ello ''porque Fernando Rodríguez, secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, tramitó boletos de avión a nombre de algunos legisladores para que fueran utilizados por los autores materiales del asesinato: Jorge Rodríguez, Carlos Cantú y Daniel Aguilar Treviño".
En cuanto a los móviles que llevaron a la ejecución de Ruiz Massieu, la PGR refirió -con base en las declaraciones de Jorge Rodríguez González- que fueron políticos, ya que el entonces dirigente del partido tricolor pretendía impulsar ''una serie de reformas políticas y administrativas con las que el diputado Muñoz Rocha no estaba de acuerdo'', además de que ''era necesario evitar que José Francisco Ruiz Massieu llegara al liderazgo en la Cámara de Diputados''.
Hermano contra hermano
La imputación de la procuraduría contra Raúl Salinas, respecto a que era uno de los autores intelectuales del homicidio del ex gobernador de Guerrero, comenzó a tomar fuerza luego de la detención de Fernando Rodríguez, el 11 de octubre de 1994. Sin embargo, mientras el subprocurador Mario Ruiz Massieu estuvo a cargo de la indagatoria sobre la muerte de su hermano, Raúl Salinas no fue consignado ante un juez de distrito.
El mismo funcionario de la PGR reveló, a mediados de octubre de ese año, que se reunió con el entonces presidente Carlos Salinas, al que informó del estado de las investigaciones y sobre la existencia de ''pruebas'' de la participación de su hermano Raúl en el atentado contra José Francisco. En ese contexto pidió autorización para llamarlo a declarar.
Molesto, el jefe del Ejecutivo federal, tras una segunda petición, accedió. Raúl debía visitar al subprocurador y así ocurrió el 20 de octubre. Ese día el ingeniero Salinas de Gortari arribó a las instalaciones de la PGR.
-¡Tú asesinaste a José Francisco! -espetó Mario Ruiz Massieu a Raúl Salinas. Las miradas de rencor se habían cruzado en la oficina del entonces subprocurador general de la República.
Sin embargo, aun cuando tenía bajo su control a la Policía Judicial, a los ministerios públicos y con la responsabilidad a cuestas de esclarecer el asesinato de su hermano José Francisco, el subprocurador nada hizo para detener al mayor de la familia Salinas de Gortari.
La era Chapa Bezanilla
Fue casi cuatro meses más tarde, ya designado Pablo Chapa Bezanilla al frente de la investigación del homicidio del priísta, cuando se tomó como oficial la declaración de Fernando Rodríguez González en la que manifestó que había oído decir a su ex jefe (Muñoz Rocha) que junto con Raúl Salinas urdieron la ejecución de José Francisco Ruiz Massieu.
No obstante, esa declaración la dio Rodríguez González luego de cobrar 500 mil dólares a la PGR, de recibir a cambio que le asignaran un defensor particular y que lo cambiaran del penal de máxima seguridad de La Palma, ubicado en el estado de México, al Reclusorio Preventivo Sur, en el Distrito Federal.
El amparo
Durante tres años, el abogado Alonso Aguilar Zinser, uno de los defensores contratados por Raúl Salinas, trabajó en la elaboración de una demanda de garantías para combatir la sentencia de 27 años y medio de cárcel dictada contra su cliente el 16 de julio de 1999 por el magistrado federal Tomás Hernández Franco, quien ya falleció. La demanda argumenta que tanto el proceso como la pena violaron nueve artículos de la Constitución, así como la aplicación indebida de cinco preceptos en materia penal.
Raúl Salinas de Gortari ha librado hasta la fecha dos de las acusaciones de la procuraduría en su contra. La primera por lavado de dinero y la segunda por peculado. En ambos casos obtuvo las victorias jurídicas mediante sendos juicios de amparo.
Básicamente se cuestiona en la demanda el testimonio de Fernando Rodríguez González, quien el 15 de febrero de 1995 señaló al inculpado como autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu, por haberlo hecho luego de cobrar 500 mil dólares a la PGR. La demanda de garantías plantea que si el tribunal ordena dictar nueva sentencia sin tomar en cuenta aquel testimonio, se tendría que absolver a Salinas: ''Rodríguez González constituye un ejemplo del testigo falto de probidad, parcial y de oídas.''
Otro punto que será revisado por los magistrados es el ''descubrimiento'' de una osamenta en la finca El Encanto, que se afirmaba pertenecía a Manuel Muñoz Rocha, quien habría sido asesinado en el lugar por el propio Raúl Salinas.
Para llegar a esta conclusión, el fiscal Chapa Bezanilla contrató a Francisca Zetina, La Paca, ''vidente y clarividente profesional'', quien ''narró'' la forma en que ocurrió el asesinato del diputado Muñoz Rocha.
A mediados de 1997 quedó en evidencia que los testimonios relacionados con la osamenta de El Encanto eran falsos y que, además, los testigos habían recibido dinero. Ante la falta de evidencias concretas, la sentencia contra Raúl Salinas se basó en que tenía problemas con Ruiz Massieu por el divorcio de éste con Adriana Salinas.
La Procuraduría General de la República expuso en su acusación que Ruiz Massieu fue eliminado por ser ''un estorbo'' para el proyecto político salinista, y que fue la ''estrecha amistad'' de Raúl Salinas y Muñoz Rocha la que permitió al primero instigar al segundo. Los jueces rechazaron en primera instancia lo relativo al ''proyecto político'', y sólo consideraron probada una buena relación entre los dos personajes, mas no ''estrecha''.
En la sentencia de segunda instancia, dictada el 16 de julio de 1999 por el magistrado Tomás Hernández Franco, se modificó la acusación de la Procuraduría General de la República y se le dio fuerza a la idea de que Muñoz Rocha -quien hasta la fecha sigue desaparecido- se puso de acuerdo con Salinas de Gortari para eliminar a Ruiz Massieu con el fin de impulsar la carrera política del entonces diputado.