Está claramente establecida la responsabilidad del ex dictador en el caso, afirma
La izquierda chilena exige reabrir el juicio contra Pinochet por la Operación Condor
Uruguay extraditará a Chile a tres militares involucrados en el homicidio de Eugenio Berríos
Santiago, 8 de junio. Líderes de izquierda en Chile pidieron hoy que la Corte de Apelaciones de Santiago reabra el juicio contra Augusto Pinochet por los crímenes cometidos durante la Operación Cóndor, que ese tribunal cerró el martes, al denunciar que está "claramente establecida" su responsabilidad en aquellos sucesos de los años 70.
Luego de conocer que la cuarta sala de ese tribunal cerró el proceso y liberó a Pinochet, de 89 años, sobre la base del deterioro de su salud, dirigentes partidistas enviaron una misiva al presidente de la Corte de Apelaciones, Juan Escobar, en la que señalan que "en nombre de las víctimas, de sus familiares y del interés superior de Chile, pedimos su intervención y que se mantenga el proceso contra Pinochet".
La nota fue suscrita por el candidato presidencial del bloque que reúne a los partidos Comunista y Humanista, Tomás Hirsch, junto con los líderes de esas colectividades, Guillermo Teillier y Efrén Osorio. Dijeron que presentarán un recurso de casación si el máximo tribunal no rectifica la medida, al considerar que se está ante un hecho "sumamente grave. Está claramente establecida" la responsabilidad de Pinochet "en la organización, planificación y ejecución de estos crímenes" que se efectuaron tanto dentro de Chile como en varios de los países vecinos, indicó Hirsch en alusión al plan represivo contra la oposición política que aplicaron las dictaduras militares de los años 70 en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Los dirigentes señalaron que la misma Corte Suprema desestimó el criterio aplicado hace tres años, cuando liberó a Pinochet por una supuesta demencia, y acogió su desafuero el pasado 26 de agosto para que fuera enjuiciado por la Operación Cóndor.
Hirsch observó la contradicción que ahora se dio al ser aprobado su desafuero por la misma Corte de Apelaciones en el caso de las cuentas secretas, lo cual consideró una demostración de que el ex dictador "cumple con las condiciones y los requisitos necesarios establecidos en la ley para ser juzgado".
Por otra parte, la justicia chilena dio un importante paso para aclarar entre otros el asesinato en 1982 del ex presidente Eduardo Frei Montalva, después de que un tribunal uruguayo confirmó en segunda instancia la extradición de tres militares de ese país, dos de ellos en servicio activo, que están involucrados en el secuestro y posterior asesinato del bioquímico y ex agente pinochetista Eugenio Berríos.
Los militares requeridos por Chile son Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli.