El dueño de Tv Azteca se niega a que se regule participación de accionistas mayoritarios

Rechazan intento de Ricardo Salinas de echar abajo la Ley del Mercado de Valores

"Debe haber democracia, pero no minoricracia", señala representante de Elektra

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Las empresas emisoras más poderosas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) rechazaron el intento del Grupo Salinas, que aglutina los intereses de Ricardo Salinas Pliego, de echar abajo la nueva Ley del Mercado de Valores, que regula el manejo de las inversiones para evitar el manejo discrecional y la impunidad de los accionistas mayoritarios, como en los casos de Tv Azteca, Elektra e Iusacell.

En una reunión celebrada entre los representantes de las emisoras más representativas en el mercado de valores y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se produjo el diferendo sobre la naturaleza de la regulación empresarial, al grado de que el representante de Telmex, Rafael Robles, replicó a los enviados de Ricardo Salinas Pliego que éste nunca invitaría a formar parte del Comité de Auditoría del Grupo Salinas "a su enemigo", Emilio Azcárraga.

Y es que Pedro Padilla, representante de Elektra, con un discurso contradictorio, porque su patrón -Salinas Pliego- está acusado en los tribunales de Estados Unidos de afectar los intereses de los accionistas minoritarios de su empresa, adujo que ahora sí las minorías deberán ser respetadas. "Pensamos que debe existir un concepto de equidad. Pensamos que la autoridad debe estar sujeta a las normas en caso de que infrinja la ley, y que haya sanciones graves para ello".

Padilla no tardó en contradecirse al referir que la realidad mexicana está impregnada del control mayoritario de un accionista en las empresas. Y la minuta del Senado hace nugatorios los derechos de los títulos, "al otorgarle la facultad de veto a las minorías. Debe haber democracia, pero no minoricracia. No debe haber 'tribunales soviéticos', donde los consejeros mayoritarios no tengan posibilidad de manejo. Que no unos cuantos accionistas afecten la vida de la sociedad".

En seguida su compañero José Abraham García, representante de Grupo Salinas, arremetió contra "la demasiada discrecionalidad de las autoridades, porque en la nueva ley se incluyen figuras del sistema estadunidense, inexistentes en la legislación mexicana".

Con ese tono, Javier Medina, director de enlace legislativo de Tv Azteca, la emprendió contra la minuta, porque otorga a las autoridades hacendarias la posibilidad de hacer público un proceso y llamar a declarar en plena investigación.

"Estas facultades discrecionales pueden tener un efecto muy relevante sobre los accionistas en el mercado de valores, dado el impacto de una investigación haciéndola pública, sobre el valor directo de los títulos de cualquier emisora, esto sin comprobar que se haya cometido un delito. Creemos que es importante proteger los derechos de los inversionistas reales, que ya tienen títulos y que se verían afectados por la presunción de un delito".

La réplica a esas posiciones correspondió al representante de Telmex, Rafael Robles, quien refirió que la minuta pretende mejorar la seguridad jurídica de las compañías, "y nosotros en la práctica recibimos con mucho agrado que las autoridades estén interesadas en este tema, cuando no se tiene un beneficio particular para nadie, sino que da certeza jurídica al mercado".

Entonces, José Abraham García pretendió minimizar el efecto de las emisoras, postura que le acarreó una fuerte respuesta de Jorge García Fernández, ex presidente del comité de emisoras, quien recordó la fortaleza de ese organismo donde confluyen 33 emisoras con el control de 95 por ciento de la emisión del mercado de valores.

Y fue Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, quien aclaró a los representantes de Salinas Pliego que el país ocupa el décimo lugar en las economías del mundo, "pero no tenemos el mercado número 10 del mundo; es muy importante el tema de la seguridad jurídica, no hemos tenido escándalos por su estructura; son los mayoristas los que controlan las empresas, y no hay un incentivo perverso a que se inflen las utilidades, más que para pagar impuestos en todo caso".