Insistieron en privilegiar los canales institucionales para impedir enfrentamientos

Analizan rectores un paro nacional para destrabar el presupuesto

Piden evitar que los recursos sean liberados cuando ya no los puedan ejercer y los deban regresar a la SHCP

Más de 4 mil millones de pesos, congelados a 36 universidades

JOSE GALAN ENVIADO

Guadalajara, Jal., 3 de junio. Es necesario realizar un paro nacional para destrabar la controversia constitucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y permitir que recursos por más de 4 mil millones de pesos lleguen a 36 universidades públicas estatales, inmersas en una crisis financiera y de endeudamiento de gran magnitud.

Rectores de esas instituciones, que en conjunto atienden a cerca de un millón de alumnos, afirmaron que han privilegiado el diálogo, pero que la situación requiere analizar ya medidas extremas.

Antes, insistieron, es necesario agotar las vías institucionales, preservar los canales de negociación y evitar enfrentamientos, en favor de la imagen de la universidad pública del país. Lo que no puede suceder, añadieron, es que el tiempo pase, entremos al segundo semestre del año, continúen las deliberaciones y esos 4 mil millones de pesos sean liberados justo cuando ya no los van a poder ejercer, por lo que tendrían que regresarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Nelson Valle, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, se mostró desesperado por la situación financiera de su institución. "No vamos a tardar en llamar a un paro nacional por los efectos negativos de la controversia constitucional", dijo en el contexto de la 16 asamblea extraordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en la que fue electo el ex rector de la Autónoma del Estado de México, Rafael López Castañares, como nuevo secretario general ejecutivo para los próximos cuatro años.

"Hay una fuerte crisis económica en muchas instituciones; los fondos están parados por una controversia constitucional que no se soluciona; el tiempo avanza y crecen los pasivos en las universidades estatales", agregó.

"Por ello, es necesario que lleguemos inclusive a un paro nacional, a fin de que los recursos para la educación superior pública queden etiquetados de una vez por todas", en lo que coincidió Alfredo Femat Bañuelos, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

"Es necesario que se etiqueten esos importantes recursos. La situación actual no nos permite resolver nuestros problemas más inmediatos ni a mediano plazo, y sólo acrecienta las dificultades para el pago de la nómina, las obligaciones con la SHCP y los obstáculos para sacar adelante nuestro nuevo modelo académico por áreas, en una comunidad universitaria de 30 mil alumnos", añadió Femat Bañuelos.

"Si la situación no se arregla, para octubre próximo no tendremos manera ni siquiera de pagar la nómina", consideró.

José Trinidad Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara -también afectada por la controversia constitucional- advirtió sobre la posibilidad de que las negociaciones en la Cámara de Diputados se empantanen luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de regresar las observaciones del Ejecutivo para su análisis y votación. "Nos preocupa mucho, y hay que reconocer que esto ha irritado mucho los ánimos" en las universidades públicas estatales.

Subrayó que dentro de la ANUIES no se ha establecido la posibilidad de emprender ningún paro; expresó su comprensión por la desesperación de algunos rectores y no descartó que la situación llegue a niveles insostenibles. "Se debe establecer una estrategia que no excluya la presencia física de rectores y sus comunidades universitarias ante las oficinas públicas", aunque matizó al afirmar que "nunca hemos excluido el diálogo respetuoso con instancias como la Secretaría de Educación Pública".

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Sandino Lelis, dijo que, si bien un paro nacional "es una posibilidad", se pronunció sin embargo por que "primero debemos apostar por el diálogo. Esperamos que un paro sea lo último a lo que tengamos que llegar". La controversia constitucional afecta a todas las universidades, dijo, en especial a las más pequeñas, donde ha tenido un efecto más profundo.

"El gobierno federal no ha valorado hasta ahora el papel de las universidades públicas en el mantenimiento de la paz social, y ésta es esencial en cualquier región o estado", finalizó Lelis.