Presión para cambiar régimen de pensiones: García Sainz
"Vergonzosa", la reforma de 2004 a la ley del IMSS
El proyecto es desaparecer la medicina social, y por eso dejó de invertirse en el sector, dice el ex director del instituto
La permanencia de las ideas neoliberales en quienes dirigen el país llevará a la privatización de la seguridad social, entendida como la transferencia de los empleados de mayor capacidad económica hacia servicios médicos privados, mientras que los de más bajos ingresos continuarán en instituciones públicas bajo una cobertura asistencialista, similar a la que ahora propone el Seguro Popular, afirmó Ricardo García Sainz, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Resaltó que a partir de las modificaciones a la Ley del Seguro Social, emprendidas desde hace una década, existe un proyecto deliberado de desaparición de la medicina social, el cual se ratifica con cada uno de los cambios legales subsecuentes.
En 1995, el gobierno argumentó la insuficiencia de las cuotas obrero-patronales del IMSS para, en aras del supuesto equilibrio financiero, reformar la ley y, al mismo tiempo, dejar de invertir en el mejoramiento de los servicios médicos y sociales que se ofrecen a los derechohabientes. Lo que en realidad ha ocurrido, insistió, es una quiebra moral y el abandono de la idea original de la seguridad social.
De ahí que las noticias frecuentes se refieran a la falta de abasto de medicamentos, la saturación de los hospitales y la carencia de recursos económicos que aseguren la atención médica de calidad.
García Sainz dictó una conferencia magistral en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde recordó que la teoría del neoliberalismo plantea que el Estado es un mal administrador y que debe librarse de las cargas que le representan instituciones como el Seguro Social.
Bajo esta lógica, dijo, se han dado las modificaciones a los sistemas de pensiones, como es el caso de los empleados del apartado A de la Ley Federal del Trabajo, para quienes se crearon las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Aquí, advirtió, el gobierno tendría que redefinir su objetivo en la materia.
Habría que saber si la meta es construir un sistema de pensiones para beneficio de los empleados y que al final de su vida laboral tengan una pensión digna, o si, como parece, se trata de crear un sistema de concentración de recursos para beneficio de las instituciones financieras.
Destacó que hasta ahora, las Afore no han podido demostrar su efectividad. Por el contrario, "se han desvirtuado a través del tiempo". Cuando en 1995 se aprobaron las modificaciones a la Ley del Seguro Social -vigentes desde el 1º de julio de 1997- se dijo que no habría inversiones de riesgo ni en el extranjero, pero ya están permitidas, apuntó quien dirigió al IMSS de 1982 a 1991.
Respecto al periodo en el que estuvo al frente del Seguro Social, recordó que en esa época se creó el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de los trabajadores del IMSS. En ese momento, dijo, se consideró justo que alguien que había dedicado lo mejor de su vida a la institución tuviera derecho al retiro con 30 años de antigüedad.
Sin embargo, admitió que la jubilación a los 48 años en promedio, como ocurre actualmente con los empleados del IMSS, con un ingreso mensual generoso, "es insoportable desde el punto de vista financiero", y de ahí la necesidad de modificar el esquema, "pero en forma gradual".
El también ex secretario de Programación y Presupuesto (1977-1979) propuso un modelo de reforma mediante el cual los trabajadores activos que acumulen los 30 años de servicio en el IMSS se deban esperar un trimestre para obtener la pensión, y que este mismo periodo de tres meses se vaya acumulando cada año. Dentro de algunos años, explicó, los empleados con derecho a retiro tendrían que hacerlo a la edad mínima de 65 años.
Para los futuros trabajadores tendrían que aplicarse reglas nuevas y desde su ingreso establecer la edad mínima para el retiro, así como las distintas bases de cálculo de la jubilación o pensión.
Recalcó la importancia de la gradualidad en la aplicación de las reformas y rechazó por "vergonzosa" la reforma a la ley del IMSS de agosto de 2004, cuyos primeros efectos se verán, en teoría, dentro de 40 años, pero mediante la cual las autoridades del instituto bloquearon el uso de recursos económicos para la contratación de nuevas plazas hasta que los trabajadores acepten la modificación de su RJP.