Protege a criminales de la Operación Cóndor, afirma
Lamenta Martín Almada la "doble moral" estadunidense
Asunción, 29 de mayo. A casi 13 años del descubrimiento de los Archivos del Terror en Paraguay el abogado Martín Almada lamenta la "doble moral" estadunidense en la lucha contra el terrorismo, al amparar a personajes vinculados a los crímenes de la Operación Cóndor o mantener campos de detención ilegales en su base naval de Guantánamo.
En entrevista con La Jornada, Almada recuerda que todos los pasos de Cóndor conducen a Estados Unidos a gente como el ex presidente George Bush y funcionarios como Henry Kissinger y Vernon Walters, entre tantos otros, quienes también deberían comparecer ante la justicia para acomodar en su lugar las piezas de ajedrez de esa coordinadora represiva del Cono Sur en las décadas de los 70 y los 80, para "llegar a la verdadera justicia universal".
Para el abogado, Premio Nobel Alternativo 2001, también se debe investigar la participación de grupos anticastristas de Miami y de agrupaciones fascistas, como algunas italianas, en las acciones criminales desarrolladas dentro de Cóndor.
"Estados Unidos Unidos niega la posibilidad de extraditar a un sujeto (el cubano venezolano Luis Posada Carriles, vinculado con la voladura de un avión de pasajeros cubano) a Venezuela, que ha cometido terrorismo en la década de los 70 y luego en sus nuevos intentos en Panamá en 2000, y este tema pone en actualidad a la Operación Cóndor", señala.
Posada Carriles, que fue agente de la CIA, al dejar territorio estadunidense se dedicó en los 70 a trabajar con servicios secretos de las dictaduras latinoamericanas, y estaría vinculado a atentados contra intereses cubanos en la región.
Almada -quien ha comenzado a reunir material para un pequeño museo "de la memoria" que espera poder instalar, junto a otras víctimas del Cóndor, en lo que fue la sede de la policía técnica, el mayor centro de torturas de Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner- enumera algunos logros en el camino de buscar justicia, desde el hallazgo de los archivos.
Así, se encontraron recientemente aquí los documentos, fotografías y la ropa que llevaba puesta el ciudadano paraguayo de origen alemán Federico Tatter, secuestrado en Buenos Aires en los años 70, en el contexto de la Operación Cóndor.
En este caso el juez Jorge Santander ya tomó declaraciones al Cóndor Uno de Paraguay, general retirado Alejandro Fretes Dávila, quien ha quedado detenido domiciliariamente", explica.
En su declaración, Fretes Dávila sostuvo que las más de 400 órdenes de detención firmadas por él fueron ordenadas por su segundo, el ahora fallecido general Benito Guanes Serrano. Entonces "el juez también ya ordenó investigar a todos los militares que trabajaban en el segundo departamento de las Fuerzas Armadas, que era responsable de la Operación Cóndor. Están procesados cinco generales y 15 coroneles", explica.
Otra novedad es que ante el mismo juez se solicitó la extradición de los militares Angel Spada, Juan Carlos Camicha y Alejandro Stada, de Argentina, así como del ahora general Carlos Calcagno, de Uruguay.
También en la lucha por seguir destrabando la madeja del Cóndor, Almada y un grupo de juristas indagan sobre la fortuna que pueda tener el dictador chileno Augusto Pinochet en Paraguay.
Otros nuevos documentos rescatados en los llamados Archivos del Terror, de la dictadura de Stroessner (1954-1989) revelan que el guerrillero argentino Hugo Alfredo Irurzún, al que se sindicó como autor del atentado que costó la vida al dictador nicaragüense Anastasio Somoza en esta capital en 1980, no murió en un enfrentamiento con la policía -como se informó-, sino que fue capturado y luego asesinado.
Al respecto, Almada presentó a la justicia una solicitud para que cite a indagatoria a un grupos de policías cuyos nombres figuran en un documento encontrado en los archivos, en el que se informa al ex jefe del Departamento de Investigaciones Pastor Coronel sobre la nómina del personal que detuvo a Irurzún.
El documento, fechado en Asunción el 17 de octubre de 1980, señala que participaron en la detención del ex dirigente del argentino Ejército Revolucionario del Pueblo seis personas comandadas por dos inspectores, Obdulio Arguello Brítez e Higinio Romero Cuenca, todos de la policía paraguaya.
Almada mostró además a La Jornada documentos que demuestran que el ya fallecido Roberto Scherrer, de la FBI y agregado de asuntos legales en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires en aquella época, tenía comunicación constante con Pastor Coronel.
También el ex agregado jurídico de la embajada estadunidense en Buenos Aires, Calvin Clegg se dirigía el 18 de octubre de 1979 a Pastor Coronel con un apartado para el inspector Domingo Galeno, jefe de la Sección Interpol de Paraguay y comisario local, adjuntando un informe preparado por la FBI en Nueva York, con la historia y antecedentes del Consejo Mundial de la Paz, que califica de "instrumento político para el Partido Comunista de la Unión Soviética".
En el documento, Clegg ruega que se informen las actividades de ese Consejo en Paraguay.