"Se volvería a actuar en manifestaciones violentas, que no quede duda", afirma Ramírez Acuña

Jalisco: pese a exhortos, el gobierno mantiene en prisión a altermundistas

Policías impidieron ayer a activistas realizar acto e informar sobre la situación de 4 internos

DE LOS CORRESPONSALES

Guadalajara, jal., 27 de mayo. A un año de ocurrida la peor represión de que se tenga memoria en Jalisco contra una manifestación, los gobiernos municipal (de Guadalajara) y estatal no han aceptado las recomendaciones que organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han emitido, luego de corroborar los abusos cometidos por los poli-cías que realizaron detenciones arbitrarias y torturaron a jóvenes.

Aún más, la Policía Municipal dio muestra hoy de lo que pueden esperar quienes participen en la marcha convocada este sábado para exigir la liberación de los cuatro manifestantes presos a causa de aquella manifestación, que derivó en la detención indiscriminada de más de 100 jóvenes, 18 lesionados y la gran mayoría torturados.

Fue en la plaza Guadalajara, frente a la presidencia municipal, donde hoy se reunieron aproximadamente 50 integrantes de Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quienes pretendían efectuar un performance y una conferencia de prensa para dar a conocer la situación de los detenidos de aquella manifestación, ocurrida en el contexto de la tercera Cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

Los jóvenes habían colocado un toldo donde efectuarían sus actividades, cuando se presentaron alrededor de 30 agentes encabezados por Felipe de Jesús Gallo, director operativo de la Policía de Guadalajara. "Tienen cinco minutos para retirarla (la carpa), si no, yo lo hago", dijo el comandante a Adrián Ramírez López, presidente de la organización no gubernamental.

Con la mirada puesta en su reloj, Felipe de Jesús Gallo decía: "les quedan dos minutos", mientras Ramírez López y su grupo no sabían si hacer caso u oponer resistencia. "Es una pena, es obvio que están ustedes por encima de la ley, su reglamento está por encima de la Constitución", se defendían débilmente mientras los policías rodeaban el toldo, dispuestos a cumplir la orden en cuanto llegara.

Ataviados con máscaras del gobernador Francisco Ramírez Acuña, con gorros de "policías", con letreros de "provocadores" o con el nombre de los cuatro manifestantes presos en Puente Grande, los activistas de hoy tuvieron que regresar con su escenario a la Plaza de Armas, donde permanecen en plantón desde hace un año.

Allí, sin el cerco policiaco, pidieron la liberación de César Naranjo Velásquez, Manuel de Jesús Pereira Anguiano, José Luis Alejo Vázquez y Francisco Felipe García, detenidos por la manifestación de 2004; luego realizaron una representación teatral de lo sucedido el 28 de mayo de 2004.

Minutos después del desalojo, el alcalde Emilio González Márquez, señaló: "si lo que se busca es un lugar para rueda de prensa les ofrecemos la sala del ayuntamiento de Guadalajara, si se quiere poner alguna instalación permanente, y que dentro de un año platiquemos sobre el mismo tema, nosotros estamos obligados a cumplir los reglamentos".

-Pero, ¿y el derecho a libre manifestación que consagra la Constitución?, se le preguntó. La respuesta nunca llegó.

El jueves, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una nueva recomendación al ayuntamiento por impedir la libre manifestación, luego que en octubre pasado policías tapatíos quitaron varias mantas a los altermundistas en plantón.

Hoy, el alcalde González Márquez, a quien va dirigida la recomendación, se hizo el desentendido sobre el desalojo. "¿Y dónde están, quién las quitó, hay alguna evidencia?, que se devuelvan", dijo antes de agregar: "gustosos acatamos la resolución de la CEDH".

También ayer, el gobernador Francisco Ramírez Acuña advirtió que "en caso de que haya violencia (durante la marcha de este sábado) volveremos a actuar, que no quede la menor duda". Descalificó el tercer informe de Amnistía Internacional por los sucesos del 28 de mayo de 2004, porque es un organismo que sólo ha escuchado "a los que se quejan" y no ha tomado en cuenta al gobierno de Jalisco.

El mandatario estatal se quejó también de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos "no ha tenido la atención de hablarle al gobernador de Jalisco para pedir hechos contundentes".

Es el mismo discurso que los dos principales funcionarios jaliscienses han mantenido durante todo el año, periodo en el que se incluyen condecoraciones y premios en efectivo a policías por su "heroica defensa del patrimonio de los jaliscienses" y declaraciones de "lo volvería a hacer".

El próximo 30 de mayo, la Dirección de Asuntos Internos de Guadalajara emitirá el resultado de una investigación sobre la actuación de los policías municipales en los hechos del año pasado. Aunque trascendió que no habrá recomendación de sanciones, su titular, Armando Prieto Luna, dijo que existen elementos para suponer que hubo fabricación de pruebas en las declaraciones que los uniformados hicieron al Ministerio Público durante el proceso de detención y consignación de los manifestantes.

Es la única investigación oficial que autoridades jaliscienses han hecho, y se deriva de una recomendación que regidores del PRI y del PVEM emitieron en marzo pasado en busca que el Congreso local, la Procuraduría General de Justicia estatal y el ayuntamiento investigaran sobre las detenciones presuntamente ilegales. Sólo Asuntos Internos la acató.

En esa ocasión, los regidores Javier Contreras Gutiérrez, Daviel Trujillo Cuevas y Martín Márquez Carpio concluyeron un largo estudio en el que señalaban que se fabricaron pruebas para acusar a los detenidos de robo calificado y daño a propiedad privada. "Consta en un video que policías de Guadalajara reconocen que no detuvieron a los manifestantes que portaban cascos, tubos y palos, porque se 'pelaron' y agarraron a los que se quedaron", dijo Márquez Carpio.

El estudio concluyó que las declaraciones de detenidos y policías fueron colectivas, acto prohibido por la ley; que las consignaciones se dieron por "flagrante delito de robo", a pesar que no se probó que algo hubiera sido sustraído, y de que las averiguaciones las integró un agente del Ministerio Público del área de secuestros.

Las investigaciones no han trascendido el ámbito municipal, a pesar de que la mayoría de los policías que participaron en el enfrentamiento y las detenciones pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco.

Se debe recordar que los altermundistas que marcharon durante la tercera Cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea exigían un cambio en la política económica mundial.