Usted está aquí: martes 24 de mayo de 2005 Economist Intelligence Unit Activistas preparan la defensa contra una nueva ley antinmigrante en EU

Activistas preparan la defensa contra una nueva ley antinmigrante en EU

Defensores de derechos de migrantes dicen que la disposición condenará a los indocumentados a actuar con mayor clandestinidad

Es probable que el Congreso apruebe la iniciativa que fija rigurosas medidas para que indocumentados puedan obtener licencias de manejo; también ''extirpará'' falsas solicitudes de asilo

El representante demócrata Joseph Crowley sostiene que es una norma ''de plano perversa'' y que vuelve casi imposible que las víctimas de abuso y tortura obtengan asilo

Economist Intelligence Unit /The Economist

Ampliar la imagen Miembros de La Casa del Migrante en Tijuana pintan leyendas en la malla cicl�a que divide la frontera con Estados Unidos FOTO Notimex

Una nueva medida que hará más estrictas las normas para la obtención de licencias de manejo es sólo el comienzo de una batalla en torno a las leyes federales estadunidenses sobre migración.

Ante la expectativa de que el Congreso apruebe una ley que fija rigurosos lineamientos para que los inmigrantes indocumentados puedan obtener licencias de manejo, activistas y legisladores se preparan a dar una fuerte batalla para revisar la política migratoria del país.

Una nueva medida que se aprobará este mes intenta enfrentar los asuntos fronterizos incrementando el patrullaje y usando mejor tecnología, en lugar de limitarse a dificultar a los inmigrantes la obtención de documentos de identificación. A la vez, se espera que ofrezca a los trabajadores inmigrantes mayores oportunidades para obtener estatus legal.

En tanto, activistas por los derechos de los inmigrantes y algunos funcionarios estatales censuran que la Cámara de Representantes haya aprobado, el 12 de mayo, un decreto de egresos por 82 mil mdd que incluye la Ley de Identidad Real (Real ID), y que el Senado haya hecho lo mismo un día después. El presidente Bush ha confirmado la resolución, que se adjuntó a una ley que aprueba gastos militares de emergencia.

''Es una pesadilla y un mandato improcedente para los estados'', dijo Jeanne Butterfield, directora ejecutiva de la Asociación de Defensores de Inmigrantes de Estados Unidos. ''No ayuda en nada a impedir la entrada de terroristas verdaderos. Todo es una desviación, una peligrosa desviación''.

Quienes apoyan la ley aseguran que se trata de una herramienta esencial para la seguridad de las fronteras y para impedir la entrada de terroristas.

''Esta ley aspira a impedir otro ataque tipo 11 de septiembre, al obstruir los viajes de terroristas y reforzar la seguridad de nuestras fronteras'', sostuvo el representante de Wisconsin, James Sensenbrenner, uno de los principales promotores de la medida y presidente del Comité Judicial. Afirmó que también se ''extirparán'' falsas solicitudes de asilo ''presentadas por personas que mienten''.

Las normas, concertadas en negociaciones a puerta cerrada, dan un plazo de tres años a los estados para decretar leyes que implanten los cambios relativos a las licencias de conducir, los cuales exigen probar que una persona está en EU de manera legal, por ejemplo, con un acta de matrimonio o una tarjeta de seguridad social. Como no especifican cuál identificación será requerida, dejan muchas de esas decisiones al Departamento de Seguridad Interior, el cual, sin embargo, carece de una oficina para dar seguimiento a la elaboración de leyes.

Dicha ley también permite a los estados establecer un doble sistema que les permita otorgar certificados a los inmigrantes en vez de licencias, pero éstos no pueden ser usados como identificación federal ni para abordar aviones. También permite a los estados dar licencias temporales a visitantes extranjeros. Si un estado no accede, ninguna de sus licencias será reconocida como identificación federal.

El senador republicano Michael Balboni, que representó a los estados en las negociaciones, se quejó de que la Ley de Identidad Real no especifica características de seguridad de las licencias ni cómo se sufragará su costo. También se dijo desilusionado de que dicha norma haya disuelto el grupo de especialistas, creado durante la vigencia de la ley de inteligencia del año pasado, que desarrollaba normas federales.

''Queremos seguridad. No vamos a quejarnos del costo de la seguridad'', dice Balboni. ''Pero tendríamos que haber resuelto esos detalles''.

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales estima que su ejecución costará 500 mdd. En tanto, personal de la judicatura dice que la Oficina del Presupuesto de Congreso determinó un costo de 100 mdd durante cinco años y afirma que el esfuerzo será financiado con subvenciones federales. Según dicha oficina la medida refleja una tendencia que ya existe en los estados.

Según la Conferencia, actualmente 12 estados no requieren prueba de ciudadanía o de estatus legal para obtener licencia de manejo. De éstos, Tennesssee y Utah adoptaron en forma reciente leyes que permiten a los inmigrantes indocumentados obtener un certificado.

Otros 24 estados, entre ellos Nueva York, exigen prueba de ciudadanía. Muchos de esos no tendrán que hacer ajustes mayores, pero Balboni considera que, dependiendo de las nuevas normas, Nueva York podría hacer algunos cambios.

Antes del 11 de septiembre, muchos estados consideraban otorgar licencias a inmigrantes indocumentados, principalmente por la preocupación de que no podían contratar seguros para sus vehículos, dice Melissa Savage, analista de transporte de la Conferencia. Sin embargo, después del 11 de septiembre hubo un viraje.

Los que apoyan la ley de Identidad Real dicen que es necesaria para asegurar una identificación auténtica. ''Creemos que da más seguridad a nuestra comunidad y nuestros estados'', afirma Amanda Bowman, presidenta de la Coalición para una Licencia de Manejo Segura, grupo neoyorquino que cabildea para endurecer las normas sobre licencias de conducir como forma de combatir el terrorismo. ''Todas estas medidas atenúan los riesgos. Este es un documento clave. Funciona como un pasaporte interno."

En cambio, el representante demócrata Joseph Crowley sostiene que es una norma ''de plano perversa'' y que vuelve casi imposible que las víctimas de abuso y tortura obtengan asilo.

Más allá de las licencias, la medida otorga a los jueces migratorios mayores facultades para decidir sobre la credibilidad de los solicitantes de asilo. También otorga a los funcionarios de Seguridad Interna más poder para prescindir de requisitos legales y para continuar con una barda en la zona fronteriza de San Diego.

Los activistas dicen que la medida condenará a los inmigrantes indocumentados a actuar con mayor clandestinidad. ''Un planteamiento puramente impositivo está condenado a fracasar'', advierte Angela Kelly, subdirectora del Foro Nacional de Inmigración. ''Es como una macana a punto de caer sobre la cabeza de la gente. Claro que debe haber mano dura, pero también estímulos."

Los activistas cifran sus esperanzas en una extensa modificación a la nueva norma, impulsada por los senadores John McCain, de Arizona, y Edward Kennedy, de Massachussets, la cual se espera que otorgue a los trabajadores inmigrantes más oportunidades para legalizar su situación y más facilidades para que las familias se reúnan.

''Debemos atender el asunto de manera integral y no por partes, como hace la Ley de Identidad Real'', señaló Laura Capps, vocera de los Kennedy.

Los legisladores se habían mostrado reacios a promover reformas mayores a la política migratoria. Eso cambió después del 11 de septiembre. Con todo, los defensores de los derechos de los inmigrantes y algunos legisladores republicanos y demócratas se quejan de que la Ley de Identidad Real se aprobó sin convocar a audiencias o sin mucho debate.

''Muchas oportunidades se perdieron. No creo que sea el final de la historia'', dijo Balboni. ''Podría haber una verdadera reacción."'

FUENTE: EIU/INFO-E

Traducción de textos: Jorge Anaya

 
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