La iniciativa presidencial
El presidente Vicente Fox Quesada envió al Senado de la República, el 29 de marzo de 2004, una iniciativa de reformas al sistema de seguridad pública y justicia penal. Los alcances de su propuesta, argumenta el Ejecutivo federal en dicha iniciativa, ''significarán un cambio histórico sin precedentes en la calidad de nuestra convivencia social. Para ello se requiere unificar a las policías federales e incrementar su capacidad de combate al delito; por ello la nueva policía federal que se propone actuará bajo la responsabilidad de una secretaría interior que sustituirá a la actual Secretaria de Seguridad Pública''.
Además, la propuesta del Ejecutivo -que se encuentra en el Senado- propone la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en una fiscalía general de la Federación y se destaca que sería un órgano constitucional autónomo.
Asimismo, el Presidente de la República propone la independencia del Ministerio Público; integrar un sistema policiaco nacional que contemple la creación del curriculo policiaco y el sistema de carrera policial, además de integrar un sistema de inteligencia policiaca.
También propone crear el juez de ejecución de sanciones, para dar garantías jurisdiccionales a la solución de conflictos y vigilancia de la ejecución de las sanciones.
Especificidades propuestas
-Cambiar el actual sistema seminquisitivo escrito al sistema acusatorio, oral.
-Introducir expresamente la presunción de inocencia en el texto constitucional.
-Elevar la calidad de la defensa, eliminando la posibilidad de que un imputado pueda ser representado por una persona que no sea licenciado en derecho.
-Garantizar que todas las declaraciones del imputado deberán ser ante un juez y en presencia de su defensor.
-Crear salidas alternativas al juicio penal.
-Establecer el proceso abreviado (cuando hay acuerdo entre la defensa y la fiscalía acerca de la imposición de la pena).
-Crea un sistema penal judicial para los adolescentes.
-Crear la figura de un juez que controle el proceso entre las partes previo al juicio para garantizar el debido proceso.
Víctor Ballinas